UDI acude a la Sociedad Interamericana de Prensa por agenda de medios de Vallejo

Desde la cartera liderada por la vocera de gobierno han suscrito convenios para promover mayor diversidad de medios, lo que en el gremialismo apuntan que podría terminar siendo un atentado a la libertad de expresión.


Una carta dirigida a Michael Greenspon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), envió la semana pasada un grupo de diputados de la UDI.

La misiva de Juan Antonio Coloma, Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero era un nuevo paso de una ofensiva gremialista en contra de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), por la agenda que ha desplegado su cartera para buscar lo que han llamado un “ecosistema medial fortalecido, amplio y diverso”.

El plan de Vallejo pretende combatir la desinformación y diversificar los medios. Para ello, la Segegob realizó un convenio el 17 de julio con la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera y la Universidad de La Serena llamado “Más Voces: medios de comunicación y democracia”, que tiene como fin la elaboración de una mesa de trabajo para debatir sobre el sistema de medios en Chile.

“Estamos convencidos y convencidas de que Chile necesita modernizar su ecosistema de medios, asegurando la libertad de expresión y la independencia editorial”, dijo Vallejo en esa oportunidad.

La ministra Camila Vallejo.

Además, Vallejo ha realizado un despliegue para combatir lo que considera noticias falsas (fake news) y anunció que Chile participará de un grupo de trabajo de combate a la desinformación junto a Finlandia, Luxemburgo, Lituania, Grecia y Noruega.

Sin embargo, ambos temas han generado polémica. Primero, porque se ha apuntado desde la derecha que la búsqueda del gobierno de “diversidad” en el sistema medial podría afectar a la prensa actual.

También existe un debate respecto de cómo combatir las noticias falsas sin afectar la libertad de información, pues en algunos países los gobiernos tildan de “fake news” a cualquier información que los cuestione.

De ahí que, en el escrito, los parlamentarios gremialistas solicitan un pronunciamiento de la SIP. “El pleno ejercicio de la libertad de expresión, sin censura previa y sin el temor a sufrir represalias de ningún tipo, constituye un pilar fundamental del régimen democrático. En tal sentido, la línea editorial de los medios de comunicación se erige como un aspecto de vital importancia en la difusión de ideas y noticias, excluyendo la posibilidad de que medidas gubernamentales generen una intervención indebida en la interacción de la prensa con la ciudadanía”, dice la carta a la cual La Tercera tuvo acceso.

La misiva del gremialismo acusa que el convenio del gobierno atentaría contra la libertad de informar.

Junto con recordar que el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, ha sostenido que las iniciativas gubernamentales que abordan esos temas pueden caer en actos de censura, la carta de los diputados UDI manifiesta su preocupación de que el convenio esté a cargo de la comunista Javiera Olivares, quien justamente fuera una coordinadora del excandidato presidencial del PC Daniel Jadue, quien dentro de su programa de gobierno contemplaba regular la propiedad de los medios privados.

“Por tanto, es posible sostener que hay indicios de la influencia ideológica del gobierno en el desarrollo de la iniciativa en comento, cuyo informe final podría contener recomendaciones que decanten en políticas públicas tendientes a regular o controlar los medios de comunicación, lo que, a su vez, constituye una grave amenaza a la libertad de prensa, sobre todo en sociedades democráticas que propenden a garantizar el periodismo plural e independiente”, sostiene el texto.

En ese sentido es que se concluye que esta idea del gobierno ”atentaría contra los valores de una sociedad que defiende los derechos fundamentales y la plena realización de las personas, en un entorno libre de controles o regulaciones que puedan coartar el trabajo de disciplinas asociadas a las comunicaciones y, con ello, el derecho a ser informado que asiste a cada integrante de las sociedades democráticas”.

Desde el gobierno, sin embargo, han defendido la medida, y la ministra Vallejo ha dicho que “cada día miles de personas se ven expuestas a falsedades, ante mentiras que ya no solo amenazan nuestra democracia, sino que derechamente la socavan, que buscan expandir un discurso odioso basado en mentiras, falsedades y prejuicios, que busca intentar instalar narrativas radicadas en la fabricación de hechos para hacerlos pasar por verdad”.

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