En la habitual reunión de comité político de este lunes, entre el Presidente José Antonio Kast y sus ministros, el gobierno resolverá la estrategia final del megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Ante la pausa obligada que debió realizar el Ejecutivo por la semana de trabajo territorial de los parlamentarios, la decisión de La Moneda -empujada especialmente por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz- es que la emblemática iniciativa gubernamental sea finalmente despachada a ley lo antes posible.

Para el gobierno, estos últimos trámites legislativos (la votación de un artículo pendiente y la discusión en torno a un par de vetos) ya son meros retoques, pues el “corazón” de la megarreforma ya está aprobado y esperando el momento para ser promulgado.

Entre los puntos que ya están zanjados y no están en discusión figuran, por ejemplo, los artículos sobre la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y el Biobío; la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23%; la reintegración tributaria; la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales; la rebaja de contribuciones para mayores de 65 años; la nueva franquicia Sence; y un acotado crédito al empleo. También se pueden acelerar otras normas recaudatorias y que generan menos gasto fiscal, que para el gobierno era clave tenerlas en vigencia antes de octubre.

De los 63 artículos de la megarreforma (38 permanentes y 25 transitorios), solo han sido impugnados por la oposición ante el Tribunal Constitucional ocho de estas normas (artículos 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 17°, 29°, 38°), relacionados con concesiones de acuicultura, procedimientos de calificación medioambiental (incluyendo el derecho a indemnización para inversionistas) y la invariabilidad tributaria, que sería tal vez único punto del llamado “corazón” que quedaría pendiente.

Terminado el trámite legislativo, incluyendo los vetos, el gobierno debe esperar que el TC vise el control preventivo de normas que no fueron objeto de impugnaciones y podría promulgar la ley, aun cuando exista un litigio pendiente en este tribunal. Simplemente, el Presidente Kast debiera abstenerse de promulgar transitoriamente aquellas normas en cuestión.

Votación final

El martes, el Senado votará el último artículo pendiente sobre compensación fiscal a los municipios, que sufrirán una merma en sus ingresos por la rebaja de contribuciones a mayores de 65 años.

Ese punto dividió a los alcaldes. De hecho, el jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), quien lidera al sector progresista, calificó la fórmula ideada por el Ejecutivo como aberrante, ya que les entrega mayores recursos a los municipios con mayor espalda financiera como Las Condes.

Incluso, en la oposición no descartan presentar un cuarto requerimiento al Tribunal Constitucional, aunque de todos modos esta norma debe ser revisada obligatoriamente por tratarse de un cambio a la Ley Orgánica sobre Municipalidades.

De hecho, esa es la razón por la que La Moneda necesita reunir 26 votos en la sala del Senado. No basta tener una mayoría circunstancial de senadores presentes.

Hace dos semanas, el 22 de julio, ese quórum arruinó los planes de los ministros Quiroz, José García Ruminot y Claudio Alvarado de despachar a ley ese día al megaproyecto. Al no tener los votos, decidieron postergar la votación.

Además de la ausencia del senador Enrique van Rysselberghe (UDI), quien por una descoordinación viajó al sur por razones familiares, su par Gustavo Sanhueza (UDI) anunció que no respaldaría el mecanismo aprobado en una comisión mixta, constituida para resolver el nudo sobre las platas municipales.

A ello se sumaron las dudas y presiones de otros senadores del oficialismo como Rojo Edwards (independiente asociado a RN) y Matías Walker (Ind. ligado al Comité de Evópoli y representante de la Región de Coquimbo).

Puntualmente, Walker pedía que el Ejecutivo se comprometiera a incluir en un veto una referencia a la reconstrucción de la Cuarta Región azotada por un fuerte temporal.

La Moneda, sin embargo, dio un portazo a esa exigencia, ya que su compromiso es disponer de los recursos para Coquimbo en la Ley de Presupuestos de 2027.

Este domingo, Walker si bien mantuvo el suspenso de cómo votará, al menos no insistió en la exigencia de un veto.

“A la espera de tener claridad de la reconstrucción de mi región. He trabajado en distintas propuestas al Ejecutivo, incluyendo incluir la catástrofe de la Región de Coquimbo en el catastro del fondo nacional de reconstrucción de la Ley 20.444, que permite aportes públicos y privados para este propósito. También que Hacienda comprometa por escrito las glosas respectivas en la Ley de Presupuestos, sobre todo en materia de obras públicas y vivienda. Y se canalicen ahora los recursos de apoyo social y a los emprendedores”, dijo.

La apertura del senador se suma a la de Sanhueza, quien tras reunirse con el ministro García la semana pasada, adelantó que no sería obstáculo para que el artículo de dineros municipales se apruebe.

Con ambas señales el gobierno ya queda a un paso de aprobar el artículo en cuestión, que, en todo caso, para La Moneda no es estratégico, ya que igualmente la menor recaudación de los municipios se puede resolver en la Ley de Presupuestos.

Vetos en curso

Incluso, independientemente de que esa norma sea rechazada, la voluntad del Ejecutivo es avanzar igual y a más tardar el miércoles ingresar un par de vetos presidenciales (observaciones, según el concepto que usa la Constitución para referirse a la facultad del Presidente de la República para objetar partes de un proyecto de ley aprobado por el Congreso).

Si los deseos de Quiroz se cumplen, la Cámara y el Senado podrían votar aquellas observaciones, entre el miércoles y el jueves, dado que se trata de ajustes puntuales para borrar un par de normas que podrían tener efectos negativos para la economía, a juicio del gobierno.

Si bien hasta la semana pasada había un relativo consenso en que solo se vetaría dos artículos ya aprobados por la Cámara y el Senado, que no fueron del gusto del Ejecutivo, la determinación final de cuáles serán los puntos objetados se adoptará en la reunión de este lunes en la mañana.

Aunque en el trámite legislativo el ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad de cuatro temas, hasta el momento los vetos recaerían sobre un artículo que prohíbe el cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y en otro que establece el derecho al olvido financiero.

Hace dos semanas, el titular de Hacienda había confirmado que objetarían la promulgación de la disposición del anatocismo, ideada por el diputado Héctor Ulloa (Ind. PPD), pero no fue categórico respecto de otras normas.

En particular, el artículo sobre el derecho al olvido, surgido de una indicación de la senadora Daniella Cicardini (PS), dividía al oficialismo, donde algunos legisladores de derecha eran partidarios de dejar aquella disposición. No obstante, el gobierno adquirió un compromiso con los diputados libertarios y republicanos de vetar ese punto, por lo que en La Moneda daban por hecho que aquella materia sería “observada”.

En vista de que se trata de vetos “supresivos”, la supremacía que le otorga la Carta Fundamental al Presidente de la República es tan fuerte que es casi imposible doblegar la voluntad del Ejecutivo. La Constitución señala que, aunque los vetos sean rechazados por la mayoría de los parlamentarios, el Congreso debe reunir dos tercios de los diputados (103 votos) y de los senadores (33 votos) para imponer el texto que fue aprobado y vetado. En caso contrario, no habrá ley en esa parte. En otras palabras, el Ejecutivo igual cumple su objetivo de eliminar aquella norma, aunque pierda en la votación. Le basta tener un poco más de un tercio de los legisladores.

Gesto a la oposición

Pese a ello, hasta este domingo, el gobierno mantenía la decisión de hacer un pequeño gesto a la oposición y no vetar otros dos puntos que fueron cuestionados por Quiroz en la tramitación.

Uno de ellos es el ajuste para garantizar el pago a 30 días paras las pymes, medida impulsada por los senadores del Frente Amplio, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez.

El otro es la restitución y prohibición de cortar servicios básicos, por no pago, en zonas siniestradas en Valparaíso, Ñuble y El Biobío, que surgió de una indicación de la diputada Sofía González (PC).

Ambas medidas pasarían a la ley final, salvo que algunos parlamentarios del oficialismo o el mismo Ejecutivo recurran al Tribunal Constitucional por estos temas.