La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, reavivó este martes el debate sobre los eventuales despidos de funcionarios tras el cambio de mando del 11 de marzo al recordar una ofensiva impulsada por la UDI en 2014, tras el inicio del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y compararla con las críticas actuales de la oposición, que acusan al Ejecutivo de promover “amarres” en el aparato público antes del cambio de mando.

A través de una publicación en su cuenta de X, la vocera expuso la situación, manifestando: “Las vueltas de la vida. Hace unos años hubo personeros que no sólo criticaron los despidos de funcionarios del gobierno de Piñera, sino que incluso crearon una plataforma para defenderlos. Sí, los mismos que hoy dicen que todo es un ‘amarre’”.

La referencia apunta directamente a lo ocurrido en marzo de 2014, cuando, tras la llegada de Bachelet a La Moneda, la oposición de entonces denunció una ola de desvinculaciones de funcionarios públicos, incluyendo a trabajadores sin cargos de confianza.

Mecharon.cl y actual “amarre”

En ese contexto, el entonces diputado UDI Arturo Squella impulsó –en aquella época- la plataforma “Mecharon.cl” (actualmente inactiva), destinada a recibir denuncias de despidos supuestamente injustificados, acusando revanchismo político y anunciando eventuales acciones ante la Contraloría General de la República.

Más de una década después, el debate reaparece bajo nuevas coordenadas. En enero de 2026, el Congreso despachó el proyecto de reajuste de remuneraciones del sector público, que benefició a más de 950 mil trabajadores, pero que estuvo marcado por la polémica en torno a normas que buscaban endurecer los requisitos para no renovar contratas y facilitar reclamos ante Contraloría.

Estas disposiciones -los artículos 129 y 130- fueron finalmente rechazadas, luego de ser calificadas por la oposición como un intento de “amarre” del actual gobierno.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, se ha insistido en que dichas normas apuntaban a evitar arbitrariedades y aumentar la transparencia en los procesos de desvinculación.

En esa oportunidad, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, lamentó su rechazo y subrayó que formaban parte de un acuerdo más amplio con la Mesa del Sector Público, mientras que desde el oficialismo se denunció una campaña de desprestigio contra los trabajadores del Estado.

El propio Squella, hoy presidente del Partido Republicano y senador electo, fue uno de los más duros críticos de esas indicaciones, advirtiendo en diciembre pasado que, de persistir los “amarres”, se podría dañar la relación con el futuro gobierno de José Antonio Kast.