Columna de Marcelo Forni: “Una bofetada al comercio”

Hace algunos días, el recién asumido presidente de la CPC, Ricardo Mewes, señaló con total franqueza en un programa de televisión que “cuando hay falta de seguridad, a uno le dan ganas de hacer nada”. De esa manera, el dirigente gremial intentaba expresar el sentir mayoritario de empresarios, emprendedores y comerciantes víctimas de la violencia devastadora del “18/10″ y del posterior embate delincuencial.

Frescas están en nuestra memoria las imágenes de pequeños locales comerciales, supermercados, sucursales bancarias, farmacias, hoteles y restaurantes saqueados e incendiados, parcial o totalmente destruidos. El impacto de la violencia “octubrista” afectó sin distinciones a toda clase de comercio, sin consideración de su rubro o tamaño, perjudicando gravemente a miles de familias para las que su local era su única fuente de ingresos. A más de tres años del “estallido” el recuento de los daños sigue siendo impactante. Cientos de locales comerciales cerrados (800 según un estudio de la CNC) o saqueados (929), 1 de cada 3 locales de supermercado afectados por incendios, saqueos y destrozos de diversa gravedad (9% debieron cerrar), 289 farmacias severamente dañadas y cientos de sucursales de bancos (100 del BancoEstado) con daños de consideración, pymes quebradas, problemas de abastecimiento y miles de empleos perdidos.

Pese a este complejo escenario, muchos decidieron reconstruir sus locales y partir de cero, sin ninguna capacidad de anticipar que una pandemia los pondría nuevamente a prueba. Las dificultades económicas derivadas de la crisis sanitaria terminaron por liquidar a quienes ya venían golpeados desde el estallido. Aquellos que lograron sobrevivir enfrentan hoy un complejo escenario económico, una espiral de delitos violentos y el avance arrollador del comercio ilegal que, en algunos casos, con la “vista gorda” de la autoridad, se apodera de sitios emblemáticos del comercio establecido en las principales ciudades del país.

En este contexto, la decisión del presidente Boric de indultar a los protagonistas de estos hechos delictuales constituye una verdadera bofetada al comercio. La señal no puede haber sido peor y razón tiene Mewes al decir que muchos no tienen “ganas de hacer nada”. El comercio confió en las ayudas prometidas por el gobierno, creyó en la promesa del entonces candidato presidencial de que no se indultaría a una persona que hubiera quemado una pyme o saqueado un supermercado, supuso que era genuina la propuesta del gobierno a la oposición de alcanzar un acuerdo nacional en materia de seguridad pública. Sin embargo, bastaron un par de decretos supremos del presidente, horas antes del término del año, para borrar de un plumazo esas expectativas.

Las explicaciones posteriores no han hecho más que agravar la falta. Legítimamente aquellos comerciantes que perdieron su fuente de trabajo se preguntan ¿en qué estaba pensando el presidente cuando, para justificar su decisión, afirmó con soltura que estos jóvenes no eran delincuentes? ¿A quién debemos creerle? A la vocera de gobierno que nos aseguró que el presidente no estaba en conocimiento de que las personas a las que liberaba eran sujetos condenados (algunos reincidentes) por desordenes públicos, robos con intimidación, receptación de especies sustraídas en saqueos, porte de artefactos explosivos utilizados con efectividad en la quema de cientos de locales comerciales, e incluso el asesinato de un policía, o al recién asumido Ministro de Justicia que ha señalado que “no hay ningún antecedente que dé cuenta que el Presidente tomó esta decisión respecto a haber indultado a personas equivocadas”. El país y, en especial aquellas personas que han sido víctimas de esta violencia requieren que se aclare de una vez por todas lo sucedido. Las autoridades deben demostrar con hechos su voluntad política de enfrentar la delincuencia. Mientras ello no ocurra, el comercio, tiene todo el derecho a pensar que el gobierno le dio la espalda, no sin antes darle una buena bofetada.

* El autor es director de Ángulo