K2 Advisors y ex gerente de Banchile Inversiones, Cristián Araya, acusan “funa” y arremeten contra inversionista

Cristián Araya, asesor de K2 Advisors.

Un recurso de reposición ante la Corte Suprema interpusieron el presidente de K2 Advisors, Naim Jadue y el ex gerente de Banchile Inversiones, Cristián Araya, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago declarara inadmisible un recurso de protección. En el escrito, ambos denuncian sufrir una "funa" por parte de una ex inversionista descontenta por los resultados financieros. Se trata de la abogada Bernardita Díaz, quien lanzó una ofensiva en sede penal, la Comisión para el Mercado Financiero, el Consejo de Defensa del Estado y las bolsas de Comercio y Electrónica.




La empresa de asesoría en inversiones K2 Advisors SpA, su presidente Naím Jadue y el ex gerente de Banchile Inversiones, Cristián Araya -sancionado en el denominado caso Cascadas- interpusieron el 2 de mayo un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago.

La acción en la que acusan estar sufriendo una “funa” es dirigida en contra de Asesorías San Patricio Limitada, propiedad de los abogados: Bernardita Díaz Gude y su cónyuge Francisco González Hoch. Ello luego de que la abogada emprendiera una serie de acciones en la Comisión para el Mercado Financiero, las bolsas de Comercio y Electrónica y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Según el escrito, “Francisco González -en representación de San Patricio- contrató los servicios de asesoría financiera de K2 para ser asesorado en sus inversiones en acciones y otros valores del mercado bursátil. Los resultados de estas inversiones fueron negativos -por causas ajenas y no imputables a K2 ni a ninguno de sus socios y asesores involucrados en las operaciones-, lo que significó que San Patricio y González contrajeran deudas con corredoras de bolsa”.

“Molesta por los resultados de las inversiones de San Patricio”, Bernardita Díaz presentó una solicitud de medida prejudicial ante el 11° Juzgado Civil de Santiago en la que solicitó la exhibición de una serie de documentos para preparar una futura demanda de nulidad absoluta e indemnización de perjuicios en contra de Jadue, K2, sus socios, Cristián Araya y las sociedades que éste último representa.

En ese juicio, Bernardita Díaz ha acusado a Jadue y Araya de actuar en forma “oscura”, “turbia” o “perversa” en contra de San Patricio y de su cónyuge. Asimismo, trató a los requeridos como personas “codiciosas” y “egoístas”. A medida que avanzó la tramitación de la medida prejudicial, sus alusiones subieron de tono y en una presentación judicial, la demandante se refirió a Araya como “canalla” en reiteradas oportunidades. A raíz de lo anterior, el 11° Juzgado Civil de Santiago le ordenó que se abstuviera de continuar refiriéndose a los requeridos en términos despectivos.

Pero no es la única acción que da cuenta de la molestia de la abogada. “En términos simples, la señora Díaz está intentando funar a los recurrentes, valiéndose de todas las instancias judiciales, administrativas y extrajudiciales que existen para ello, cuestión que constituye una forma de auto tutela ilícita que el ordenamiento jurídico no puede tolerar”, denunció el escrito de Araya, Jadue y K2.

“El gran problema de la funa desplegada por las recurridas en todos los escenarios mencionados no es sólo la lesión a las garantías de los recurrentes, sino que el hecho de que sus efectos se prolongan por largo tiempo. Tras los abusos cometidos por las recurridas, las recurrentes tendrán que desplegar grandes esfuerzos y dedicar una gran cantidad de horas hombre para revertir el discurso de cancelación instalado por la señora Díaz y San Patricio en el consciente colectivo”, denunció el recurso de protección que fuera declarado inadmisible. Sus patrocinantes insistieron en su reclamo en la Corte Suprema, instancia que aún no se pronuncia.

En el recurso de protección, K2 y Araya solicitan que “las recurridas se abstengan de difundir, divulgar o dar a conocer, por sí o a través de terceras personas, en las facultades de Derecho del país, en medios de comunicación, redes sociales y/u otros espacios públicos físicos o virtuales, al señor Jadue, Araya y/o a K2 como supuestos autores, cómplices o partícipes de los ilícitos que le ha imputado en sus presentaciones judiciales y administrativas”.

Cartas y denuncias

El 22 de febrero de 2022, la abogada Bernardita Díaz realizó una denuncia administrativa ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en contra de Jadue, K2, los socios de K2 y Araya. Y el 29 de marzo de 2022 presentó una querella en contra de las mismas personas por un supuesto delito de administración desleal. La acción penal busca que se investiguen “graves ilícitos por el cobro de comisiones ocultas por más de $500 millones, la practica ilícita de excessive trading con una evidente conflicto de interés en perjuicio de sus clientes y presuntas infracciones al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores”.

Posteriormente, el 6 de abril envió una carta a la abogada y procuradora Fiscal subrogante de Santiago del Consejo de Defensa del Estado en la que denunció que “Cristián Araya ha continuado sus reiteradas conductas ilícitas y fraudulentas en el mercado bursátil”.

En la misma tónica, el 21 de abril, Bernardita Díaz envió cartas a los presidentes de las bolsas de Comercio de Santiago y Electrónica de Chile, Juan Andrés Camus y Fernando Cañas, respectivamente en las que acusó a Araya de haber continuado sus “conductos ilícitas y fraudulentas en el mercado bursátil”.

También detalló que había interpuesto una querella en contra de los socios de K2. “Hago presente que uno de esos querellados no es ajeno a los conflictos penales con sus clientes. Así, existe una querella criminal prevista interpuesta por un cliente de K2 contra Naím Jadue por graves delitos relacionados con la administración de sus fondos, caratulado Inversiones Cerro Verde contra Naím Jadue Ganem en el 4 Juzgado de Garantía”, advirtió.

“La víctima -patrocinada por Juan Domingo Acosta- sostiene que el señor Jadue habría incurrido en el delito de administración desleal por instarlo a comprar acciones de CAP, adquiridas antes por el propio Jadue con Inmobiliaria Cerro Laguna S.A., en la cual es socio con su cónyuge, María Agnes Salah Abusleme. Así también se le imputa el delito de suscripción engañosa de documento por una transacción entre ambas”, concluyó.

A través de una declaración vía escrita, la abogada Bernardita Díaz sostuvo: “No ha existido ningún tipo de funa, sino que he ejercido legítimamente los derechos que me concede la ley, en mi calidad de víctima, y hoy son los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público y demás instituciones públicas en cuyas manos está el esclarecimiento de los hechos que he denunciado y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan”.

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