En los años 90 las personas sin ningún tipo de cobertura de salud alcanzaron en promedio al 11% del total de la población, de acuerdo a la encuesta Casen. Desde el año 2000 en adelante eso se empezó a reducir paulatinamente, marcando altos y bajos en la última década. Pero ahora se ubicaron en su menor nivel histórico.

Eso es lo que arroja la base de datos de encuesta Casen 2024, analizada por Pulso, donde las personas sin ningún tipo de cobertura representaron el 2% de la población (398.104 personas), algo no visto desde que se empezó a realizar el sondeo en 1990. Esto representa una baja de un punto porcentual con respecto a la medición anterior de 2022.

Como se puede anticipar, las personas sin ningún tipo de cobertura se encuentran principalmente en los primeros seis deciles de ingresos, los más vulnerables. Además, se concentran en los inmigrantes, pues el 8,8% de ellos no tiene previsión de salud, versus el 1,4% de las personas nacidas en Chile. En tanto, son el 2,4% de los hombres y 1,6% de las mujeres.

En paralelo, Fonasa alcanzó récord de cobertura en la última edición del sondeo, ya que el porcentaje de la población que está afiliada al asegurador público llegó a 82,6% (16.632.162 personas), algo no visto desde que hay registro. Esto implica un alza de 3,7 puntos porcentuales versus la Casen anterior, cuando estaba en 78,9%.

Por su parte, las isapres bajaron su nivel de cobertura como porcentaje de la población desde el 15,3% que registraron en la Casen 2022 a 13,2% en 2024 (2.651.544 personas). Con anterioridad la cobertura en isapres ha sido menor en dos ocasiones, 2009 tenía cobertura en el sector privado el 13,1% de la población, y en 2011 fueron el 12,9%.

Para la economista de la salud y socia fundadora de la consultora Sugg y Asociados, Daniela Sugg, el hecho de que más del 80% de la población esté afiliada a Fonasa responde principalmente a dos factores.

Primero, Sugg apunta a “aspectos administrativos del sistema, y en segundo término, al impacto de la crisis del sistema isapre y la aplicación de la llamada ley corta, que aceleró el proceso de migración desde el seguro privado hacia el público”.

En ese sentido, explica que “se observa un cambio relevante en la población nacida fuera de Chile. En la encuesta Casen 2022, un 17,6% de las personas migrantes declaraba no estar afiliada a ningún seguro de salud, mientras que en la medición actual esa cifra se reduce a 8,8%. Esta disminución se explica por un proceso de regularización migratoria más activo, junto con medidas administrativas del sistema público”.

Según la Casen 2024, el 81% de los inmigrantes se encontraba en Fonasa, 9% en isapres, y 8,8% no tenía previsión de salud. En tanto, entre los chilenos el 83% estaba en Fonasa, 13,5% en isapres, 1,9% en el sistema de las Fuerzas Armadas, y 1,4% no tenía cobertura.

En particular, detalla que “cuando una persona no afiliada accede a una urgencia del sistema público, se le otorga una afiliación transitoria al tramo A de Fonasa, lo que permite su atención inmediata y posterior regularización”. Cabe recordar que las personas que no tienen ningún tipo de ingresos de todas formas pueden inscribirse en el tramo A de la institución.

Sugg agrega que “el levantamiento de la encuesta, realizado entre fines de noviembre de 2024 y el verano de 2025, coincide con una fase avanzada de implementación de la ley corta de isapres, cuando el principal flujo migratorio desde el sistema privado —iniciado en 2023— ya se había materializado. Sin embargo, este proceso de migración no fue parejo entre los distintos grupos socioeconómicos. La evidencia muestra un predominio marcado de la migración hacia Fonasa en los quintiles I a III, mientras que los quintiles de mayores ingresos presentan una menor intensidad de cambio".

Esto sugiere, a juicio de la economista, “que la recomposición del sistema de aseguramiento tras la crisis de isapres afectó de manera desproporcionada a los grupos de menores ingresos, reforzando un patrón de segmentación en el que la posibilidad de permanecer o no en el seguro privado está cada vez más determinada por la capacidad de pago, haciendo visible un sistema más desigual que en periodos previos”.

De hecho, según la Casen 2024, el 69% de las personas del décimo decil -el 10% de la población de mayores recursos- está en isapres, siendo el único decil donde hay más personas en el sistema privado que en el público. De todas formas, un 27% de ese segmento de personas se encuentra en Fonasa, y un 0,8% no está en ningún sistema. En cambio, la mayor parte de las personas de los primeros nueve deciles está en Fonasa.