El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha cuestionado la gestión fiscal del gobierno del Presidente Gabriel Boric durante los últimos años, una tendencia que está lejos de cambiar con la publicación de los más recientes reportes en la materia. Los últimos insumos para respaldar la postura del CFA fueron la ejecución presupuestaria al cierre del año pasado y la publicación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

La primera —conocida a fines de enero— dio cuenta de un déficit fiscal efectivo de 2,8% del PIB (Producto Interno Bruto) el año pasado, muy por sobre el 2% previsto por Hacienda en su último ajuste, y de otro importante error de cálculo en los ingresos, que crecieron apenas 3,4%, versus el 6,8% que esperaba la autoridad.

Por su parte, el IFP dado a conocer el viernes pasado, reveló un déficit fiscal estructural de 3,55% del PIB en 2025 (unos US$13.200 millones), lo que constituye un desvío de más de dos puntos respecto de la meta original de 1,1% planteada en la Ley de Presupuestos 2025 y superior al 2,2% del informe del tercer trimestre.

Se trata, además, del mayor déficit histórico para un periodo sin crisis.

Análisis de la ejecución

El CFA analizó los datos de la ejecución presupuestaria a diciembre de 2025, a principios de febrero, y su juicio no fue positivo. Según revelan las actas de las sesiones del 3 y 6 de este mes -publicadas en su página web—, dado el déficit fiscal efectivo nuevamente por sobre lo previsto.

Ante este escenario, la instancia encabezada por Paula Benavides comentó que “las cifras de cierre fiscal confirman las preocupaciones previamente expresadas por el CFA, en cuanto evidencian un desvío adicional respecto del déficit estimado por la Dipres en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2025″.

En sus críticas, el CFA apuntó a que “los ingresos resultaron significativamente inferiores a las estimaciones oficiales y también se registró una sobreejecución del gasto corriente, lo cual acentúa la situación de estrés fiscal”.

Luego, en su reunión siguiente, el CFA ahondó en los problemas de la gestión fiscal del Ejecutivo, que recae en el Ministerio de Hacienda, liderado por Nicolás Grau, acompañado por la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. De acuerdo a las actas, el CFA estimó que la ejecución presupuestaria a diciembre del año pasado pone sobre la mesa la falta de credibilidad del correcto manejo fiscal en Chile.

“El Consejo expresó su preocupación por el compromiso que se genera respecto de la credibilidad en el cumplimiento de la regla fiscal, producto del desvío de gran magnitud observado en 2025, respecto de lo presupuestado y de lo proyectado en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2025, sumado al incumplimiento de las metas fiscales en 2023 y 2024″, sostuvo la instancia.

De igual forma, desde el CFA resaltaron que “resulta preocupante la significativa brecha registrada entre la proyección de los ingresos fiscales y su ejecución efectiva, así como la insuficiencia de los ajustes de gasto implementados durante el año”.

Además, el CFA reiteró sus críticas en el contexto de alertas que realizó en el pasado y en más de una ocasión. “(Los riesgos) fueron advertidos por el CFA en reiteradas ocasiones, y que han tenido implicancias significativas sobre el balance efectivo y, consecuentemente, sobre el balance estructural del Gobierno Central para 2025, cuyos resultados serán próximamente publicados por la Dipres”, se consigna en las actas.

IFP y el reporte que viene

En relación al IFP del cuarto trimestre que se publicó al cierre de la semana pasada, para el CFA no fue una sorpresa, toda vez que la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, se lo presentó con anticipación, según el acta del 10 de febrero del organismo.

“Los miembros del consejo tuvieron la oportunidad de formular consultas a los representantes del Ministerio de Hacienda y de la Dipres sobre los principales datos para 2025 y ofrecer reflexiones sobre sus implicancias fiscales”, indica el documento, sin entregar más detalles.

“La revisión de las proyecciones para 2026 quedó pendiente para la siguiente sesión. Asimismo, a solicitud de la directora de Presupuestos, el análisis del mediano plazo (2027–2030) será abordado en la próxima sesión del Consejo”, agrega el acta.

Según el calendario publicado por el CFA, dicha siguiente sesión ordinaria se realizó el 13 de febrero.

Tras estas nuevas dos fuentes de información adicional, el CFA alista un informe “sobre el desvío de las metas fiscales de 2025″. El documento contendrá “tanto los antecedentes normativos establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, como la experiencia reciente de incumplimientos registrados en los años 2023 y 2024″.

Este procedimiento responde a lo que norma la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta establece que, en caso de desvío de las metas, “sin que se cumplan las condiciones para activar la cláusula de escape”, el Ministerio de Hacienda debe presentar las acciones correctivas necesarias para retornar a una situación fiscal sostenible, lo que se planteó finalmente en un recuadro del último IFP.

En relación con ello, en un plazo (máximo) de 30 días, el CFA debe emitir “una opinión fundada respecto de las acciones correctivas” y entregar su visión sobre el contexto fiscal del país. El año pasado, dicho reporte se entregó a finales de febrero.

Defensa del gobierno

En medio de los múltiples cuestionamientos que han generado estos resultados fiscales, este domingo el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la gestión del gobierno en materia de gasto y endeudamiento.

“Es necesario precisar que, en lo que respecta al gasto fiscal, el gobierno ha actuado con mucha rigurosidad, y por tanto se ha actuado con mucho sentido de responsabilidad”, afirmó el secretario de Estado.

En ese sentido, señaló que si bien “hay todo un tema que hay que abordar respecto a los ingresos tributarios”, también “es necesario tener a la vista que la deuda pública no aumentó respecto del año pasado”.

Elizalde sostuvo que la estabilización del nivel de deuda implica “un ahorro aproximado de más de mil millones de dólares que se dejan de pagar en intereses” y destacó que la actual administración es “de los últimos cuatro gobiernos, en donde menos se ha aumentado la deuda pública”.