En los próximos días, la página web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) debería hacer público que el Estado de Chile a través del Ministerio de Relaciones Exteriores contrató los servicios del estudio de abogados Foley Hoag para enfrentar el conflicto que mantiene con Bupa.

A finales de noviembre, Bupa Investments Overseas Limited (BIOL), una entidad del grupo Bupa, solicitó el inicio de un arbitraje alegando violaciones al tratado de protección de inversiones con el Reino Unido, suscrito en 1996.

Este tratado incluye disposiciones sobre la prohibición de expropiación, el trato justo y equitativo y la ausencia de medidas expropiatorias. Según fuentes con acceso al documento, la solicitud de arbitraje presentada por Bupa se centra en la violación de la prohibición de expropiación y en el trato justo y equitativo, a raíz de las medidas adoptadas por el Estado chileno.

Según detalla la página web del Ciadi el 21 de noviembre de 2025, el Secretario General interino registró la solicitud de iniciación del procedimiento arbitral presentada por Bupa contra el Estado de Chile. Posteriormente, el 9 de enero de 2026, Sandra González (uruguaya) aceptó su nombramiento como árbitro, designada por la parte demandante.

Bupa es una firma global de salud que opera en Chile a través de seguros de salud, clínicas y centros médicos. El arbitraje se relaciona con la isapre Cruz Blanca, bajo su control.

Ante el Ciadi, la firma de abogados Foley Hoag representa actualmente a Estados en 12 casos en Latinoamérica, siendo 7 a favor de Honduras, 3 a favor de Perú y 2 a favor de Chile. Los casos incluyen Overseas Real Estate LLC v Honduras, Víctor Silhy v Honduras, X-Elio v Honduras, ADP/Vinci v Chile, eléctricas de Medellín v Honduras, Gas Natural de Lima v Perú, Fernando Paiz v Honduras, Inversiones y desarrollos energéticos v Honduras, Prospera v Honduras, APM v Perú (en proceso de anulación), y Telefónica v Perú.

Foley Hoag es el mismo estudio de abogados que asesora al Estado de Chile en otro conflicto de alta complejidad en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Se trata del litigio arbitral que inició el 13 de agosto de 2021, ADP International y Vinci Airports, socias de la concesionaria Nuevo Pudahuel, contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por discrepancias en las mermas provocadas por la pandemia.

Pero, volviendo al conflicto entre el Estado de Chile y Bupa, en el estudio Foley Hoag el abogado Kenneth Figueroa, es el jefe de la práctica latinoamericana de arbitraje de inversión y asesorará al Estado de Chile. En tanto, Bupa cuenta con los servicios de Baker & McKenzie y en particular de su socio Rodrigo Díaz de Valdés.

Desde Cancillería explicaron a Pulso: “Foley Hoag es una de las oficinas con más experiencia en arbitraje de inversión. La selección se hizo sobre la base de un proceso de selección con términos de referencia elaborados y ellos destacaron por su mejor propuesta técnica y oferta económica competitiva”.

Habla hispana

Según la página web, el trabajo de Foley Hoag tiene su origen en América Latina. La firma comenzó su práctica de resolución de disputas internacionales en la región con la representación de Nicaragua en el caso contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia. Desde entonces, la firma ha representado a Estados latinoamericanos y entidades estatales en disputas entre Estados, arbitraje de inversiones, arbitraje comercial y litigios ante tribunales de EE. UU. y Francia.

La firma ha representado a varios Estados latinoamericanos en arbitraje internacional, litigios internacionales y nacionales, y otros asuntos relacionados. El listado de clientes incluye:

Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela.

También ha representado a Estados latinoamericanos y entidades estatales en arbitrajes comerciales y contractuales en sectores como petróleo y gas, energía, construcción, infraestructura, transporte y telecomunicaciones.

Más de la mitad de su equipo está compuesto por abogados que hablan español y portugués y que han sido formados en distintas jurisdicciones de América Latina, con un conocimiento de derecho común y civil.

La firma ha sido reconocida en América Latina por su experiencia en arbitraje internacional.

Lo que reclama Bupa

En 2022, Bupa inició las primeras consultas amistosas ante el Ciadi con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que se fueron prolongando por sentencias recurrentes en tribunales que estaban estableciendo una jurisprudencia perjudicial en contra de las isapres, según cuentan conocedores del proceso.

Posteriormente, en mayo de 2023, la Corte Suprema falló que las isapres debían aplicar a todos sus afiliados la tabla de factores que definió la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019, y devolver a sus afiliados los excesos cobrados en los últimos años si correspondiere.

Lo anterior trajo como consecuencia que las isapres debían reembolsar casi US$1.200 millones a cerca de 700 mil afiliados y exafiliados. Esto motivó la Ley Corta que permitió subir de manera extraordinaria los planes y proponer un plan de pago que estableció restricciones de sacar utilidades.

Según las fuentes consultadas, el segundo reclamo que formula Bupa en su solicitud de arbitraje radica en el precio base, que se reajusta todos los años de acuerdo a ciertos índices. Pero en 2020, el gobierno de Sebastián Piñera pidió congelar los reajustes y las isapres, considerando la situación del país, aceptaron la petición del Ejecutivo en medio de la pandemia.

Cabe recordar que el precio que cobra cada isapre a los afiliados está compuesto por el precio base, el GES y el múltiplo de la Tabla de Factores.

A raíz de lo anterior, se congelaron los reajustes y se permitió alzas de máximo 7,6%, las que luego fueron limitadas por la Superintendencia de Salud a cerca de un 3%, en circunstancias que el aumento del precio por el IPC desde 2020 a 2022 les daba 25%, según cuentan fuentes de la industria de isapres.

Posteriormente, a finales de 2023 vino otra sentencia de la Corte Suprema que afectó también las operaciones de Bupa en Chile: se trata del denominado fallo GES, que anuló el último incremento del precio GES que hicieron las aseguradoras de salud privadas.

Por último, un cuarto punto relacionado con la pandemia tiene que ver con la solicitud arbitral sobre la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), que extendió el posnatal en pandemia. Aunque las isapres han argumentado que dichas licencias debieron ser financiadas por el Estado, al ser una política pública, en realidad se dispuso que sean las propias isapres las encargadas de financiar esta medida.

Bajo esa misma lógica, en 2024 Colmena, Consalud y Banmédica interpusieron demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile y que actualmente están en tramitación en juzgados civiles. A diferencia de ellas, Bupa escaló el caso al Ciadi y denunció la violación del tratado de inversiones entre Chile y Reino Unido.