Clinica Las Condes (CLC) interpuso el pasado martes una querella en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de todos los que resulten responsables. La acción penal cuenta con 14 páginas patrocinada por el abogado Juan Domingo Acosta y fue declarada ayer admisible.

La querella apunta a los presuntos delitos de entrega de antecedentes falsos al directorio o a los órganos de administración de un emisor de valores de oferta pública, de una bolsa de valores o de un intermediario de valores y el delito de dar o aprobar información falsa de una sociedad anónima.

El pasado 10 de enero cambió el control de CLC, luego que el Grupo Auguri con Cecilia Karlezi y Alejandro Gil, como presidente del directorio, dejaran la compañía al vender sus acciones a Indisa y EuroAmerica, las que adquirieron cada una de ellas el 27,87%, de las acciones.

Al 30 de septiembre de 2025, según el cierre trimestral de accionistas informado a la Comisión para el Mercado Financiero, los principales accionistas de CLC son: Euroamérica, a través de Euroamérica Corredores de Bolsa y Euroamérica Seguros de Vida, con un 29,60% de las acciones; e Indisa, con un 28,78%.

“Con el retiro del Grupo Auguri de la propiedad y el ingreso de Euroamerica e Indisa, el 10 de enero de 2025 CLC inició una nueva etapa en su vida institucional con una renovación casi completa de su Directorio, ampliándolo de siete a nueve miembros. Su nueva administración ha tenido como objetivo reconstruir las confianzas con el actual equipo gerencial, renovado prácticamente por completo, el regreso de un cuerpo médico de alto nivel, la preferencia de los pacientes por los servicios de la clínica y la regularización de la relación con las aseguradoras de salud”, consignó la acción penal.

El informe de auditoría forense detectó la existencia de registros contables manuales en la cuenta en tránsito N° 3510001002, denominada “Transitoria ISH Prefactura”. Estos registros fueron realizados en fechas cercanas a la presentación de los estados financieros trimestrales, semestrales y anuales.

Dichos registros -según la querella- permitieron reconocer ingresos y gastos sin respaldo en operaciones reales, sino únicamente mediante anotaciones en la cuenta transitoria. Esto generó un aumento artificial de los ingresos y, al mismo tiempo, una disminución irregular de los gastos, afectando de manera relevante los estados financieros consolidados de CLC y sus filiales correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024, con un impacto total de $34.633.941.559.

Asimismo, se identificaron tres usuarios que ingresaron manualmente la información en la cuenta “Transitoria ISH Prefactura”. Los códigos de dichos usuarios, que permiten identificar a las personas responsables, serán entregados directamente al Ministerio Público para asegurar el éxito de la investigación.

Cifras

Según la querella, CLC llevaba su contabilidad principalmente a través del sistema SAP, el cual permite registros automáticos y controlados, siendo los registros manuales una excepción. Sin embargo, en el proceso auditado denominado “Cuenta Transitoria”, esta excepción se transformó en la regla, lo que constituye un punto crítico, ya que los registros manuales permiten la intervención directa de personas en la contabilidad.

Asimismo, la querella señala que la cuenta temporal denominada “Transitoria ISH Prefactura” no fue cerrada en cero al término de cada ejercicio contable, como correspondía, sino que sus saldos se traspasaron de un año a otro. Según el escrito, esta práctica evidencia la existencia de movimientos pendientes de regularización o carentes de justificación, contraviniendo el propósito de una cuenta transitoria, que exige contar con los respaldos necesarios al cierre de cada período.

La auditoría -según la querella- detectó diferencias relevantes entre la fecha contable de los registros y la fecha en que estos fueron ingresados al sistema, tratándose en muchos casos de anotaciones manuales. Dichas diferencias alcanzaron, en promedio, 62 días, llegando incluso a 160 días en algunos registros específicos, lo que, según la querella, constituye un indicio claro de manipulación de la información contable incorporada en la cuenta “Transitoria ISH Prefactura”.

La auditoría también detectó la existencia de “asientos contables inusuales por montos cerrados o casi redondeados”, cuyos importes normalmente presentan variaciones. Según el propio informe, esta situación podría reflejar ajustes manuales destinados a cuadrar cifras o intentos de mostrar una situación financiera distinta a la real.

A modo ejemplar, en el año 2023 se registraron supuestos menores gastos por $899.981.585, es decir, un monto prácticamente equivalente a $900.000.000. En tanto, durante 2024 se identificaron registros por $500.000.003, otro por $1.000.000.000 y uno adicional por $100.000.000, todos ellos también asociados a menores gastos.

La querella también señaló que el directorio de CLC encargó una nueva auditoría forense independiente, a raíz de otras inconsistencias detectadas en la contabilidad. De manera preliminar, esta auditoría habría identificado una duplicidad de registros por aproximadamente $11.000.000.000. Además, durante el proceso de revisión contable se detectaron otras inconsistencias por cerca de $27.000.000.000.

En conjunto, estos hallazgos preliminares representarían un efecto aproximado de $38.158.000.000, cifra que podría variar según los resultados finales de la auditoría. De confirmarse dichos montos, el impacto en los estados financieros consolidados de CLC y sus filiales correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 ascendería a aproximadamente $72.791.941.559, reflejándose en un menor patrimonio.

El día 23 de diciembre de 2025, en sesión ordinaria, el Directorio de CLC tomó conocimiento de los resultados de la auditoría forense referida y -dada la gravedad de los

hallazgos- acordó comunicar el respectivo Hecho Esencial a la CMF (lo que se hizo al día siguiente), acordando además interponer las acciones judiciales que en derecho procedan.

La querella también detalló que existe una auditoría forense independiente en curso para analizar otras anomalías contables detectadas, que, sumados a otros hallazgos de irregularidades detectadas en el levantamiento contable, tendrían un efecto en los EEFF cercano a los $38.158.000.000 de modo que la suma de ambos conceptos podría implicar la necesidad de realizar ajustes y de re expresar los estados financieros de los ejercicios de 2023 y 2024 por una cifra aproximada de $72.791.941.559, en menor patrimonio.