El próximo miércoles 17 de diciembre, a las 17:30 horas, se llevará a cabo en las oficinas del Ministerio del Medio Ambiente la última sesión del año del Comité de Ministros, en la que se analizará el futuro de dos importantes proyectos.

Se trata de: “Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví”, impulsado por la Inmobiliaria El Refugio, propiedad de la familia Lería, que considera una inversión de US$2.000 millones; y “Terminal GNL Penco-Lirquén”, de GM Energy SpA, que contempla una inversión de US$165 millones.

El Comité de Ministros es el máximo órgano administrativo del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), plataforma administrada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), cuyo organismo está encabezado por la directora ejecutiva Valentina Durán Medina. Este órgano colegiado está presidido por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por los ministros de las carteras de Economía, Minería, Energía, Salud y Agricultura.

En el caso de Maratué, el Comité de Ministros deberá votar si aprueba o rechaza dos reclamaciones de terceros que formaron parte en el Proceso de Participación Ciudadana (PAC) y que no están conforme con la iniciativa. En ambas reclamaciones los opositores al proyecto buscan invalidar la Resolución de Calificación Ambiental que le otorgó la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso (Coeva) en octubre de 2024.

Maratué contempla la construcción de hasta 14.180 viviendas en un plazo de 45 años, con un 70% destinado a primera vivienda y un 50% del terreno reservado como áreas verdes. Se proyecta un desarrollo gradual de 300 unidades por año, incluyendo al menos 2.000 viviendas subsidiadas por el Serviu. En total el proyecto requerirá una inversión de US$2.000 millones.

Maratué es un proyecto de primera vivienda (70%) para dar respuesta a una necesidad de Valparaíso, la segunda región con más alto déficit a nivel nacional. También se consideran al menos 2.000 viviendas para solución habitacional con subsidio, en un terreno urbano y que ya cuenta con factibilidad eléctrica y sanitaria.

“La votación del Comité de Ministros es fundamental para dar certeza al desarrollo del proyecto, no sólo para los titulares sino especialmente para sus beneficiarios, dado el enorme déficit habitacional de la zona y la urgente necesidad de conservar los valiosos atributos ambientales de ese territorio. Este proyecto ya pasó por esa instancia, y hemos subsanado todas las observaciones levantadas en la oportunidad. Es importante recordar que cada año de atraso resulta en la demora de una solución habitacional: la tramitación del proyecto ha significado que 600 viviendas podrían haber sido construidas en ese período. Esperamos que se resuelva lo más rápidamente posible”, señaló Claudia Lería, directora de Maratué a Pulso el 15 de junio.

Otro proyecto

Por otro lado, el Comité de Ministros también incluyó en su agenda la definición del futuro del proyecto “Terminal GNL Penco-Lirquén” de GM Energy SpA, que contempla una inversión de US$165 millones. Este proyecto cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable desde el 30 de octubre de 2019, otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío.

En su próxima sesión, el Comité deberá pronunciarse sobre la invalidación administrativa presentada en octubre del año pasado por el abogado Álvaro González, en representación de Francisco Pérez, ingeniero civil industrial. Dicha acción busca invalidar la resolución emitida por el Comité de Ministros en julio de 2024, en la cual se rechazaron las reclamaciones contra la RCA favorable del proyecto.

Según el escrito, el reclamante denuncia que la autorización ambiental favorable otorgada al proyecto de GM Energy SpA vulnera un interés colectivo fundamental: el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

A su parecer, esta autorización contraviene la legislación nacional, ya que permite la afectación del medio ambiente en una zona de alta biodiversidad y valor turístico, lo que podría contribuir al uso insostenible de los bienes comunes ambientales. Estos recursos se encuentran actualmente amenazados por el contexto climático y ecológico. Además, señala que, según nuestra legislación, el Estado tiene la obligación de proteger dichos recursos, lo que se ve comprometido por el incumplimiento de normas procedimentales y por la afectación de derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución.