El director de Australis Seafoods, Alberto Eguiguren, interpuso una querella por el presunto delito de denuncia calumniosa en contra de Rubén Henríquez Núñez, abogado y exgerente legal de la salmonera durante el periodo en que la compañía era controlada por el empresario chileno Isidoro Quiroga.

Esto, luego que el pasado 3 de febrero dicho exejecutivo interpusiera una denuncia ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en la que acusó a Eguiguren por el presunto delito de cohecho, lo que este último calificó de una “imputación falsa, infundada y carente de antecedentes mínimos”.

El exgerente legal de la salmonera Australis denunció ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago que el abogado Alberto Eguiguren percibió $200 millones por servicios que habrían incluido un acceso privilegiado e irregular a una causa tramitada en la Tercera Sala de la Corte Suprema, cuando la exministra del máximo tribunal, Angela Vivanco, la integraba.

Frente a la acusación, la defensa de Eguiguren sostuvo en la querella que Henríquez “formula una imputación gravísima respecto de la participación de nuestro representado en un presunto delito de cohecho, apoyándose únicamente en inferencias y en un contexto construido a partir de menciones laterales, con la finalidad de activar indebidamente la persecución penal y generar un daño reputacional evidente”.

“El propio texto reconoce que su planteamiento no descansa en hechos comprobables, sino en supuestos ‘elementos’ que, según él, ‘permiten sospechar’ que un determinado ‘modus operandi‘ ‘pudo haber sido empleado’ y que, por ello, ‘amerita‘ una investigación penal. Con ello, se transforma una mera sospecha en una denuncia por cohecho, imputando falsamente a don Alberto Eguiguren Correa la participación en un delito gravísimo sin fundarla en hechos concretos ni aportar antecedentes serios que lo sustenten”, consignó la acción penal patrocinada por los abogado Jorge Bofill y Jaime Winter.

También acusó que la denuncia “intenta dotar de connotación penal a un elemento estrictamente contractual, instalando como sospechoso el premio de éxito pactado en la propuesta de honorarios”. En particular, al describir los términos del encargo, “el denunciante no se limita a consignar la existencia del premio, sino que enfatiza el hito que lo gatillaría, destacando en negrita y subrayado que este se devengaría si la Corte Suprema fallaba a favor de la planta Dumestre, rechazando los recursos de casación en la forma y en el fondo, como si esa condición contractual fuese reveladora de cohecho”, indicó.

Sin embargo, afirmó que “esa insinuación es falsa e infundada como indicio de cohecho. Que un contrato prevea un premio asociado a un resultado procesal favorable no constituye un pago indebido a funcionario público, ni describe una dádiva, promesa u ofrecimiento a un tercero, ni vincula ese pago con un acto del cargo o con una gestión corrupta. En consecuencia, se toma un hito contractual obvio y esperable como condición de éxito (rechazo de casaciones) y se lo presenta como si fuera un indicio de cohecho, sustituyendo hechos por insinuaciones”.

“La denuncia presentada por el querellado no tiene ningún fundamento serio y su única intención es calumniar, activando el sistema de justicia para satisfacer su ánimo de revancha en contra de don Alberto Eguiguren Correa debido a su posición de liderazgo en la estrategia y coordinación de acciones judiciales en la defensa de Joyvio y Australis por los delitos cometidos por Rubén Henríquez y el resto de los imputados”, concluyó la querella de Eguiguren.

El caso

La acción penal de Eguiguren surge en medio de una fuerte batalla judicial entre Joyvio e Isidoro Quiroga, luego que la firma asiática demandara en sede arbitral al empresario chileno por haber sido supuestamente engañada en el pago de US$900 millones por la salmonera le compró en 2018, acusándolo de haber inflado los resultados con una sobreproducción basada en incumplimientos ambientales. Por su parte, la defensa de Quiroga, liderada por el abogado Cristóbal Eyzaguirre, ha respondido que la gigante china conocía a cabalidad la operación de la empresa.

El 1 de agosto de 2025, el tribunal arbitral integrado por Pedro Pablo Vergara, Andrés Jana y Ramón Cifuentes resolvió condenar a Quiroga y sus familiares a pagar US$300 millones, por entregar información incompleta en la venta de la salmonera. El fallo establece un incumplimiento contractual y marca un hito por la mayor indemnización en la historia arbitral chilena.

Luego del fallo, Quiroga, a través de su family office, Asesorías e Inversiones Benjamín S.A. (AIB), interpuso un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, señalando que “el laudo viola de manera grave y manifiesta los principios y reglas fundamentales del derecho de Chile, porque ordenó una restitución parcial del precio que simplemente no fue solicitada al H. Tribunal Arbitral, ni discutida por las partes, con el objeto manifiesto de dejar sin aplicación el contrato válido y vigente entre las partes”.

El pasado 5 de febrero, el Centro de Arbitraje y Medición de la Cámara de Comercio de Santiago (CAM Santiago) acogió parcialmente el reclamo ético que interpuso la compañía china Joyvio en contra del árbitro Ramón Cifuentes, por infringir el “deber de revelación”, en el marco del conflicto que mantiene con Isidoro Quiroga por la venta de la salmonera Australis Seafoods.