Los resultados de la Encuesta Casen 2024 reactivaron el debate sobre ingresos, trabajo y política social. Parte de esa discusión ha sido rigurosa, pero también se han instalado interpretaciones que no resisten un examen cuidadoso de los datos.

Una de las más reiteradas sostiene que la reducción de la pobreza y la menor participación del ingreso laboral en el decil de ingresos más pobre, reflejarían un Estado reemplazando al empleo mediante subsidios. Esa interpretación no tiene sustento en los datos entregados.

Esa lectura simplificada pasa por alto un elemento central: el primer decil cambió de composición y hoy tiene una significativa presencia de personas mayores, gracias al piso de seguridad económica que entrega la Pensión Garantizada Universal (PGU). Esta pensión por vejez permite que muchas personas mayores de 65 años no se vean obligadas a seguir trabajando o puedan decidir trabajar menos. Como los deciles se construyen con el ingreso autónomo per cápita del hogar, aquellos compuestos por personas mayores sin dichos ingresos pasaron a engrosar el decil 1.

Los datos son claros. Mientras entre 2017 y 2024 los demás deciles envejecen de manera marginal, en torno al 3%, en el primer decil el envejecimiento alcanza al 30%, con una edad promedio que pasa de 35 a 45 años. La proporción de hogares con personas de 65 años o más aumenta de 38% a 59%, y los hogares compuestos exclusivamente por personas mayores se duplican, de 16% a 34%. En los demás deciles, estas proporciones en 2024 llegan a 26% y 9%, respectivamente. Ignorar este cambio estructural conduce a diagnósticos errados, pues altera la interpretación de los ingresos laborales de ese grupo.

En moneda comparable, en 2017 los ingresos por pensión básica solidaria o asistencial promediaban $54.166 y los ingresos laborales $130.711. En 2024, esas cifras pasan a ser $155.461 y $52.557, respectivamente. Es decir, considerando los cambios descritos, existe un aparente “enroque” o “sustitución” entre ingresos del trabajo y PGU prácticamente simétrico entre 2017 y 2024, sin un aumento de otras transferencias monetarias, que crecen apenas $1.200 en el período.

En 2024, los ingresos laborales del decil 1 representan solo un 40% de su valor en 2017 y su peso relativo cae desde 45% a 17%. Estos datos se han usado para afirmar que existiría un desincentivo al empleo y que el Estado estaría “reemplazando” al mercado laboral.

Lo que muestran los datos es que el fortalecimiento de la seguridad social ha permitido que muchas personas mayores cuenten hoy con mejores condiciones para decidir si trabajar remuneradamente o no, que es, precisamente, el objetivo de esa política.

Que haya menos personas mayores obligadas a trabajar para sobrevivir no es una mala noticia. Es un avance. Presentarlo como un problema dice más del marco ideológico desde el que se analiza, que de la realidad que muestran los datos. La economía ha crecido, la productividad ha aumentado, se han generado empleos y la informalidad está en su punto más bajo desde que se mide. Salvo en los primeros dos deciles, los ingresos del trabajo hoy son más altos que antes de la pandemia.

Tampoco es efectivo sostener que el resto de la política de subsidios desincentiva el empleo. Las transferencias monetarias siguen siendo bajas frente al costo de la vida y marginales respecto del ingreso laboral. El Subsidio Único Familiar equivale a $22.007 por carga y el estipendio para personas cuidadoras es de $32.991, muy distantes de una línea de pobreza ponderada cercana a $578.000 para un hogar de tres personas.

En Chile, la mayoría de los hogares sale adelante principalmente con ingresos autónomos. Insinuar que se vive del Estado no solo es inexacto, también desconoce el esfuerzo de millones de personas que a diario trabajan y de quienes lo hicieron toda su vida y hoy merecen descansar.

Lo verdaderamente escandaloso es la persistencia de la profunda desigualdad. En 2024, el decil más rico concentra cerca de un tercio del ingreso laboral total. Ese es el debate que sigue postergándose.