El Centro de Estudio de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián (USS), junto con 40c Consultores, realizaron una encuesta para conocer los detalles y desafíos de los gobiernos corporativos de fundaciones y corporaciones.

Todo esto ocurre en un contexto en el que las fundaciones han visto debilitada su reputación y el nivel de confianza de la ciudadanía, a raíz del Caso Convenios, señala el socio fundador de 40c, Armando Holzapfel.

En este mismo contexto, Holzapfel comenta que hay fundaciones que han estado más enfocadas en “levantar plata y atender a sus beneficiarios y han descuidado tener un buen gobierno corporativo”.

En este escenario, el estudio busca visibilizar fortalezas y áreas de mejora para robustecer una gestión más estratégica, transparente y sostenible en el sector.

En la encuesta participaron tres tipos de organizaciones: corporaciones, fundaciones filantrópicas y fundaciones ejecutoras. La mayoría de ellas se dedica al ámbito de la educación, así como otras áreas como lo social y comunitario, la salud y el bienestar, y el emprendimiento e innovación.

Según esta encuesta, el 39 % de los directores afirma que su mayor motivación es contribuir al país, el 28,8% se inclinó por el propósito de su organización y a un 17,8% lo motiva el aporte a la causa asociada.

En el análisis cruzado de datos -es decir, en aquellas instituciones donde respondieron tanto directores ejecutivos como no ejecutivos- revela que los principales desafíos a futuro están relacionados con la revisión de la estrategia institucional, la gestión financiera y la gobernanza.

La muestra del estudio fue de 256 respuestas, donde 118 respondieron como miembros de directorio -directores no ejecutivos- y 138 como gerentes generales o directores ejecutivos.

Otro tema abordado en el estudio tiene que ver con las remuneraciones de los directores. Al respecto, la mayoría de los encuestados -de los 3 tipos de instituciones- señala que el cargo de director de una fundación o corporación no debería ser remunerado. En segundo lugar quedó la opción “sí” y, por último, “no sabe/no responde”.

En esta misma arista del estudio -resultados por tipo de institución- también se selecciona la opción “revisión de la estrategia institucional” como el principal desafío del directorio para 2025. La única institución que discrepa de esta tendencia, aunque por un margen levemente superior, son las fundaciones ejecutares. En su caso, la opción más votada es la “gestión financiera”, que ocupa el segundo lugar en las demás organizaciones.

Otro dato significativo es que un 56,8% de los encuestados indica que, tras el denominado “caso convenios”, el gobierno corporativo en sus organizaciones se mantuvo igual o no experimentó cambios.

“Hemos descubierto en nuestras investigaciones que la institucionalidad y las prácticas de gobernanza cambian producto de los escándalos. Desafortunadamente, los directorios de las fundaciones y corporaciones parecen estarse perdiendo una buena crisis como fuente de aprendizaje y transformación estratégica”, detalló el presidente de Proteus y académico de la PUC, Gonzalo Jiménez.

Otros resultados

Otros indicadores alertan que la mayoría de instituciones no cuenta con mapas de riesgos institucionales (60%) y menos de la mitad (41,5 %) declara tener modelos de prevención de delitos en construcción o no disponer de ellos.

El estudio también identifica diferencias de percepción entre los niveles directivo y ejecutivo. Mientras el 89% de los directores considera que su directorio está preparado para liderar, solo un 58% de los gerentes comparte esa opinión, “lo que evidencia oportunidades para fortalecer el alineamiento estratégico”, señalan desde la USS y 40c Consultores.

Sin embargo, también hay elementos que destacar. La mayoría evalúa la comunicación entre el directorio y la gerencia como “buena” o “muy buena”, así como la mayoría califica el desempeño general del directorio como “bueno” o “muy bueno”.

En cuanto a las leyes que se han promulgado en el último tiempo -específicamente la Ley de Delitos Económicos-, los encuestados de fundaciones filantrópicas calificaron con un 4,3 su nivel de comprensión respecto de cómo esta norma, que rige a fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, los afecta.

Las corporaciones obtuvieron un 5,1 en este mismo ítem y las fundaciones ejecutoras, un 4,7.