ESPECIAL DÉCADA: Estancados en el bajo crecimiento

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La economía chilena se expandió durante esta década a su nivel más bajo desde los 70, lo que mermó el ritmo de progreso de la población, esencialmente de la clase media. Con todo, la pobreza y la desigualdad siguieron reduciéndose.




La crisis social está impactando fuertemente el crecimiento económico de este año -y también lo hará en 2020-, en lo que viene a ser el último golpe a una década que se caracterizó por ser la de menor expansión desde la del 70 para Chile.

Días antes del 18 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipaba que Chile crecería a una menor tasa que el mundo hasta 2024. Y la brecha era notoria: si para la economía global se proyectaba una expansión de 3,6% a esa fecha, Chile estará en torno a 3,2%. Hoy, las estimaciones para el país son mucho más bajas para los próximos años.

Si se considera el crecimiento del PIB desde 1990, el promedio se ubica en 5,2% hasta 2012. Luego de ello, comienza sostenidamente a disminuir y si se toma como referencia la última proyección para este año, el ciclo completo promedia 4,5%. Así, la década 2010-2019 es la de menor crecimiento promedio (3,3%) desde la de 1970-1979 (2,5%).

Los vaivenes del escenario externo y las disputas políticas internas del país en estos diez años, impidieron que Chile generara políticas de largo plazo que permitieran dar el salto hacia el desarrollo, dejando atrás tasas de expansión como las registradas en la década de los 90, cuando el país logró una tasa del 6,1%.

Ese ritmo de avance permitió, por ejemplo, que la pobreza se redujera desde el 68% (1990) hasta el 36% al cierre de esa década. Mientras, el PIB per cápita creció 51,42% al pasar de US$9.030 a US$ 13.676.

Con todo, el crecimiento económico en la actual década logró que la pobreza siguiera bajando, y hoy se ubique en el 8,6%, según la Casen de 2017.

Otro indicador social que venía mejorando es el índice Gini de desigualdad, al menos hasta 2015, cuando se registró la última baja, llegando a 0,482. En la encuesta Casen de 2017 se registró un leve incremento hasta 0,488, lo que se explicó por menor crecimiento del empleo y de la economía durante parte de la administración anterior.

La década comenzó con el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y con el terremoto y tsunami del 27/F, el que llevó a concentrar esfuerzos la reconstrucción, lo que impulsó el crecimiento en los primeros años. Pero luego, en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, la expansión de la economía promedió un 1,8%, convirtiéndose en el de peor desempeño desde el regreso de la democracia. Esto, en medio de las reformas laboral y tributarias que se llevaron a cabo y de un escenario internacional complejo. A pocos meses del inicio de esa administración -y antes de las reformas-, el Financial Times dijo que Chile era el país que representaba mejor "la nueva mediocridad", lo que causó una fuerte polémica.

El segundo gobierno de Piñera comenzó con una expansión del 4% (en 2018), pero este año cerrará en un 1% (aunque se preveía una cifra más cercana al 2% antes de la crisis).

Los expertos indican que hay varios elementos que explican el menor crecimiento económico en la década que termina. Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, señala que lo primero tiene relación con la productividad, la que "se muestra muy baja en la última década, coincidiendo con una caída observada también a nivel mundial. Hacia fines de la década del noventa se genera un incremento sustancial en la productividad, debido a la revolución que significó internet y nuevas formas de comunicación. Ese gran salto va perdiendo fuerza, lo que se advierte en la última década. Es posible que hacia los próximos años se produzca a nivel global un nuevo incremento potente en productividad, de la mano de la robotización y digitalización. Pero aún falta para ello".

También destaca el impulso que tuvo en el país la apertura económica y la firma de acuerdos comerciales. "En la última década, ese componente contribuye menos, producto de factores naturales, mayores costos y falta de iniciativas para agregar mayor valor a las exportaciones", sostiene.

Por su parte, el economista de Libertad y Desarrollo, Tomás Flores, indica que "este estancamiento exhibe tras de sí la ausencia de reformas que incrementasen la fuerza de trabajo, la inversión y la productividad. Por el contrario, durante la última década, en particular durante las administraciones Bachelet, se subieron los impuestos, se rigidizó el mercado del trabajo y se hicieron reformas como el Transantiago, que implican una caída sustancial de la eficiencia, así como una inmigración indiscriminada que alteró sustancialmente nuestra economía y los indicadores sociales".

De acuerdo al economista jefe de Tanner, Sergio Godoy, entre las razones de este estancamiento también está el "envejecimiento de la población, un crecimiento global más lento y un menor crecimiento de la inversión".

El envejecimiento de la población ha hecho que la migración se haya vuelto clave y, de hecho, ha sido una de las únicas fuentes nuevas de impulso de la economía en los últimos años y también uno de los cambios más importantes de la década. Un país que pasó de tener una población extranjera de unas 490 mil personas a fines de 2014, a más de un millón 250 mil en diciembre de 2018, de la cual casi 470 mil personas ingresaron entre abril de 2017 y diciembre de 2018, según datos de INE y el Departamento de Extranjería. Y los efectos ya se sienten en diferentes aspectos de la economía.

Lo primero que se reportó fue el impacto en los salarios. Al haber más personas en la fuerza laboral, los aumentos se salarios se contienen. Eso ya lo adelantó el Banco Central en septiembre del año pasado. Pero no es el único efecto, no está tan claro, ni tampoco es tan lineal ni permanente. De hecho, el más relevante es el impulso en el crecimiento de largo plazo, producto de la fuerza de trabajo inmigrante. Según el instituto emisor, esta variable mejora en 0,25 punto porcentual el PIB potencial anual.

Se aleja el sueño de ser desarrollados

En 2008, justo antes de la crisis subprime, el entonces ministro de Hacienda, Andrés Velasco, indicaba que para 2020 Chile podría ser considerado un país desarrollado, tomando en cuenta su PIB per cápita. El secretario de Estado de la primera administración de la Presidenta Bachelet calculaba que para esa fecha se llegaría a un PIB per cápita parecido al de Portugal, que estaba en US$22 mil en la época. Pero vino la crisis y las proyecciones cambiaron y, si bien, se recuperó el crecimiento rápidamente a inicios de la actual década, la distancia con los desarrollados se fue incrementando, y el sueño de alcanzarlos fue disminuyendo. Con ello, se fue trancando también el ritmo de progreso de la población, especialmente de la clase media.

Según datos del FMI, Chile tenía a inicios de la década tenía un PIB per cápita medido a paridad de poder de compra de US$17.894, estando a la cabeza de América Latina, y a solo US$7.810 de Portugal y a US$116 de Letonia, es decir, ad portas de alcanzarlo. El promedio de los países avanzados tenía en ese momento un nivel de US$38.893, por lo que Chile aún estaba a casi US$21 mil de distancia. Una década después, en 2019, la distancia con Portugal prácticamente se ha mantenido (ahora es de US$7.348, aunque eso sin el ajuste a la baja tras crisis social), pero con la media de los desarrollados la distancia es hoy de US$27.051, lo que implica que estamos aún más lejos que hace 10 años. Incluso, con Letonia, se incrementó la distancia a US$5.085.

Todos estos datos han vuelto a poner en discusión si Chile está en la llamada "trampa del ingreso medio" y si es posible recuperar tasas de expansión como las vistas en las décadas previas. El debate, del cual Pulso escribió justo en la edición del 19 de octubre, apuntaba a que aún era tiempo de sortear esa trampa, si se hacían esfuerzos y cambios que llevaran a mejorar la productividad. Sin embargo, en el nuevo escenario poscrisis, la incertidumbre sobre el devenir de la siguiente década aumentó.

Cambios en la tributación

Otro factor que cambió considerablemente durante la década fue el sistema tributario. De hecho, fueron numerosas las modificaciones incorporadas en la legislación impositiva en estos últimos 10 años, algunos de ellos con una finalidad recaudatoria y otros para modernizar y sistematizar algunos temas, tales como las Leyes de Facturación Electrónica y la Ley Única de Fondos, recuerda la socia de Deloitte, Ximena Niño.

En este contexto, la experta destaca tres leyes que han incorporado cambios significativos en nuestro sistema: la creación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (2009); la que introdujo en nuestra Ley de Impuesto a la Renta la regulación sobre precios de transferencia a través del artículo 41 E (2012); y la reforma tributaria y sobre simplificación de la reforma tributaria (2014).

Niño indica que, la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, incorporó cambios trascendentales al sistema de impuesto a la renta, que en lo esencial se había mantenido por treinta años. Adicionalmente, junto con el aumento gradual en las tasas de impuesto a las empresas, se crearon 2 nuevos sistemas de tributación, el de Renta Atribuida y el Semiintegrado, además del sistema para pymes, con múltiples instrucciones sobre su implementación e interacción y con bases para la construcción de registros completamente diferentes a lo que era el Sistema FUT. Tan complejo fue el diseño de los nuevos sistemas, que hubo que dictar una nueva Ley sobre Simplificación. Otro cambio importante de la mencionada reforma fue la afectación con IVA por las ventas habituales de inmuebles y la incorporación al Código Tributario de normas para combatir la elusión tributaria.

"Al mirar en perspectiva los cambios en estos últimos diez años, es importante señalar que comenzamos la década (2010) con una tasa (de impuesto a las empresas) del 17%, la que ha ido creciendo progresivamente hasta llegar al 27%. Esto tuvo como principal objetivo aumentar la recaudación para financiar programas sociales. Sin desconocer que muchos de ellos eran necesarios, estimamos que no existe espacio para continuar subiendo las tasas de tributación de las empresas, cuando los países OCDE han ido en la dirección contraria", dice Niño.

"La tasa promedio de la OCDE actualmente es del 24,5%. En Chile deberíamos acercarnos a esa realidad, teniendo siempre en cuenta nuestro nivel de desarrollo, para no perder competitividad", agrega.

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