De cerca están siguiendo las clasificadoras de riesgo las cifras entregadas por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) en las últimas semanas, las que han reflejado un expansión de la brecha entre los ingresos y los gastos.

Mientras el informe de ejecución presupuestaria del cierre del 2025 exhibió un déficit fiscal efectivo de 2,8% del PIB , el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, mostró un déficit fiscal estructural de 3,55% del PIB (unos US$13.200 millones).

El dato implicó un desvío de más de dos puntos respecto de la meta original de 1,1% planteada en la Ley de Presupuestos 2025 y superior al 2,2% del informe del tercer trimestre.

Los datos son relevantes a la hora de evaluar la salud de las arcas fiscales por parte de las clasificadoras de riesgo, entidades que asignan una nota respecto de la capacidad de pago de los países.

Consultado por Pulso, Jordy Juvera, director de Fitch Ratings, una de las tres principales entidades de este tipo en el mundo, junto con Standard & Poor’s y Moody’s, señaló que “el déficit estructural de 3,6% del PIB representa el reiterado incumplimiento de la meta de balance estructural con una desviación importante respecto al 2,2% esperado”.

En todo caso, explicó que “si bien este nuevo desvío resalta los desafíos del marco fiscal chileno, Fitch concentra su análisis en el balance fiscal observado, en vez del balance estructural”.

Al respecto, Juvera sostuvo que “el déficit fiscal de 2,8% del gobierno central, se encuentra sólo ligeramente encima del 2,5% que anticipábamos; sin embargo, esto podría implicar una ligera revisión al alza de nuestros pronósticos de déficit por encima del 2% en 2026-2027, aunque estas proyecciones también dependerán de las medidas tomadas por el nuevo gobierno”.

Junto con ello, destacó que la deuda del gobierno central se mantuvo “estable en 41,7% del PIB por primera vez en dos décadas, y por debajo de nuestro estimado de 42,4%, sin haber hecho retiros del FEES (Fondo de Estabilización Económica y Social). En consecuencia, Fitch no espera presiones a la calificación soberana en el corto plazo”.

Sin embargo, a pesar de dichas consideraciones, Juvera advirtió que el fortalecimiento del peso y “un deflactor del PIB elevado por el precio del cobre no van a ayudar para siempre, y proyectamos que la deuda podría retomar una senda alcista”.

En esa línea, argumentó que es clave generar señales que reestablezcan la credibilidad de la política fiscal chilena en pos de conservar la actual nota de riesgo que ostenta el país.

“La deuda de Chile se mantiene por debajo de sus pares, no obstante, para mantener anclada la calificación en ‘A-’/Estable en el mediano plazo es importante restaurar la credibilidad en la política fiscal e incrementar la confianza alrededor del objetivo de estabilización de la deuda en el mediano plazo, para así preservar la fortaleza del marco macroeconómico e institucional”, sostuvo la agencia.

En 2020 Fitch Ratings redujo la nota del país desde A a A- con perspectiva estable. En tanto que S&P recortó la nota desde A+ a A en 2021. Por su parte, Moody’s ha mantenido la nota de Chile en A2 desde que recortó un escalón en 2022.

Las otras críticas

La opinión de Fitch se suma a la de Kathrin Muehlbronner, senior Vice President, Soberanos, de Moody’s Ratings, quien también consultado por Pulso deslizó el miércoles que la nota de riesgo del país dependerá de la acción de la próxima administración: “Para la dirección futura de la calificación soberana, la política fiscal del nuevo gobierno será importante, así como los esfuerzos de acelerar la inversión”.

Junto con ello, expuso que “el déficit estructural del año pasado ha sido mucho más elevado que el esperado, y en este sentido es una sorpresa negativa. Al mismo tiempo, el déficit en términos nominales fue más moderado a 2,8% del PIB, que es la cifra de nuestro enfoque cuando comparamos Chile con otros países”.

En paralelo, los datos revelados por Hacienda y la Dipres han sido fuertemente criticadas por el Consejo Fiscal Autónomo(CFA). De hecho, en las últimas reuniones han abordado la problemática.

El pasado 13 de febrero, según revelan las actas, los consejeros “manifestaron su preocupación por las proyecciones de ingresos para 2026 y por el riesgo de una nueva sobreestimación de los mismos, tal como fue advertido previamente por el CFA en su informe semestral de octubre de 2025″.

Junto con ello, “advirtieron que los espacios fiscales para el mediano plazo son aún más estrechos de lo contemplado por la Dirección de Presupuestos, considerando que la programación financiera contempla, fundamentalmente, el cumplimiento de compromisos legales, la continuidad operacional de los servicios y arrastres de inversión”, afirmó el acta.