La emisión de Licencias Médicas Electrónicas (LME) por enfermedad o accidente común ha venido bajando de manera importante, a tasas de dos dígitos, desde que el 20 de mayo la Contraloría General de la República (CGR) emitió su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), que reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país estando con licencia médica.

Y el mes de octubre no fue la excepción. Según las últimas cifras disponibles en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en el décimo mes del año se emitieron 625.723 LME por enfermedad o accidente común, lo que constituye una caída interanual de 17%.

Si bien la baja ha sido más pronunciada desde mayo, con anterioridad ya se venía observando una disminución, producto del trabajo sistemático que desde hace un par de años ha impulsado el gobierno, la Suseso, la Fiscalía y las mismas isapres, con acciones judiciales contra médicos acusados de emitir permisos fraudulentos, y una mayor fiscalización a los altos emisores.

Si en 2022 el número de LME emitidas en promedio al mes fue de 823 mil; en 2023, ya sin el efecto Covid-19 bajó a 682 mil; mientras que en 2024 fue de 692 mil. En los primeros diez meses de 2025 se ha reducido a 608 mil promedio mensual.

La superintendenta de Seguridad Social, Andrea Soto, comenta que seguirán “velando por el correcto uso de la licencia médica, garantizando que esta prestación social sea emitida con fundamento médico y permita la adecuada recuperación de la salud de los trabajadores. En este sentido, las medidas de fiscalización adoptadas por la Suseso a partir de la publicación de la Ley N° 21.746, en mayo de este año, que nos otorgó mayores atribuciones en el ámbito de los profesionales médicos que emiten licencias, junto con el control ejercido por la CGR, han permitido avanzar en dicho objetivo”.

Efecto en aseguradoras y Fonasa

Pero hasta ahora no se conocía cuánto se ha reducido el monto que desembolsan isapres y Fonasa por subsidio por incapacidad laboral (SIL) gracias a esta baja en emisión de LME, ya que no existían cifras públicas disponibles.

Sin embargo, en los resultados que reportaron las isapres a septiembre, por primera vez se puede ver el efecto Contraloría en un trimestre completo.

Allí se observa que entre julio y septiembre las siete isapres abiertas gastaron $166.112 millones en SIL, el menor nivel para un trimestre en cinco años, desde los primeros tres meses de 2020, según la información de la Superintendencia de Salud.

Esto significa, además, la mayor caída de la que hay registro, pues el gasto bajó casi 20% en términos interanuales, algo nunca antes visto desde que hay cifras comparables en el sitio web de la Superintendencia de Salud (2009). Versus el trimestre inmediatamente anterior, la caída fue de 14%, algo no visto desde el primer trimestre de 2018.

Además, el gasto en SIL que reporta el regulador en el acumulado del año al cierre de cada trimestre, representó un 17,8% de los ingresos por actividades ordinarias de las isapres en los primeros nueve meses del año, su menor nivel desde lo reportado en marzo de 2018. Entre 2019 y 2024 ese guarismo siempre estuvo por sobre el 20%, llegando a representar incluso un 30% a septiembre de 2021. Pero este año, ya en lo informado en marzo y junio, se había reducido a cerca de un 18%.

Nueva Masvida y Consalud son las dos isapres que registraron la mayor disminución en el gasto en SIL al comparar el tercer contra el segundo trimestre. En la primera, el gasto en SIL se redujo 28%, a $17.326 millones. En la segunda, la caída fue de 21%, a $32.527 millones.

Luego se ubicaron Vida Tres, con una baja de 13%, a $6.437 millones; Banmédica de 12%, a $37.288 millones, y Cruz Blanca de 11%, a $26.935 millones. Más atrás está Esencial con una caída de 8%, a $2.264 millones, y luego Colmena de 6%, a $43.332 millones.

La economista de Horizontal, Soledad Hormazábal, comenta que esta baja que se observa “es un efecto conjunto entre la fiscalización de la CGR, la nueva ley 21.746 que eleva sanciones a la emisión fraudulenta y las nuevas circulares de la Suseso que refuerzan el control y fiscalización de las licencias médicas”.

En definitiva, cree que “habría un componente transitorio asociado al shock de fiscalización (Contraloría y mayor visibilidad pública), pero también hay cambios regulatorios y operativos que sí tienen potencial de efecto permanente”.

En ese sentido, explica que “el efecto transitorio se asocia a que, de no mantenerse la fiscalización intensiva realizada por la CGR, los cambios de conducta pueden comenzar a retroceder. Sin embargo, la nueva ley 21.746 (que eleva sanciones, trazabilidad y atribuciones a los organismos fiscalizadores) y los cambios normativos que señalé, que entre otras cosas garantizan una mejor gestión de riesgo permanente en la Suseso, tendrían un efecto más estructural”.

Al respecto, menciona que “parte de la caída responde a que el sistema había llegado a niveles insostenibles, con excesivo abuso, por lo tanto, el ajuste es en buena medida una normalización. Lo que es seguro, es que para que el ajuste sea permanente, el control deberá ser institucional (sistemático) y no esporádico”

La economista sostiene que “el riesgo es que, si la fiscalización se relaja o no se profundiza el marco legal, parte del gasto podría rebotar. Por esto, es muy importante que avance el proyecto de ley (Boletín N 17678-11) que mejora incentivos y que equipara las condiciones de las licencias médicas entre sector público y privado”.

Para la economista de salud y socia fundadora de Sugg y Asociados, Daniela Sugg, “la reducción del gasto en licencias médicas en 2025 responde, por cierto, a un menor volumen de licencias producto del fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización. Sin embargo, también obedece a un factor estructural relevante: la disminución en el número de cotizantes, que hoy alcanza una de las cifras más bajas e históricas del sistema”.

En ese sentido, explica que “si bien el número promedio de días por licencia se mantiene relativamente estable entre 2024 y 2025, lo que sí ha cambiado de manera significativa es el ratio de licencias por trabajador, el cual ha disminuido según datos de la Suseso”.

Sugg afirma que “todo indica que en 2025, gracias a un mayor control y auditoría, el sistema ha retornado a niveles de uso más naturales y coherentes con las necesidades efectivas de los trabajadores, corrigiendo desviaciones observadas en años previos”.

Respecto de la sostenibilidad de esta tendencia, estima “esperable que se mantenga, en la medida en que continúen los esfuerzos de control y fiscalización pública. En ese escenario, el gasto podría incluso disminuir levemente hacia adelante, considerando además que el aumento de la prima GES podría generar un nuevo ajuste a la baja en la cartera de afiliados de las isapre, si el contexto laboral no muestra una recuperación significativa”.