El gobierno finalmente ingresó el proyecto de negociación ramal o multinivel. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados deberá iniciar su discusión este martes, ya que se tiene urgencia suma.

La iniciativa permitirá que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acuerden estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral. También posibilitará abordar aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo, reglas de implementación de los distintos convenios, entre otras.

Este instrumento busca ampliar la cobertura del derecho a negociar colectivamente a los trabajadores y empresas de un sector o subsector de actividad económica, indica el proyecto.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo afirmó que “la negociación colectiva multinivel reconoce que los sectores productivos saben mejor de sus propios desafíos y les entrega mayor autonomía para acordar mejores salarios, condiciones laborales y productividad. Esta es una herramienta fundamental para enfrentar los cambios tecnológicos, demográficos y productivos que vive el país. Mientras haya más diálogo social, también existirá más democracia y mejor desarrollo para Chile”.

Principales ejes

De acuerdo al proyecto, se propone modificar el Código del Trabajo para introducir un modelo de negociación colectiva multinivel coordinado, con un diseño institucional que estructura el sistema en tres niveles con distintos objetivos y funciones complementarias.

Así, el primer nivel, el sectorial, se plantea como una instancia para establecer regulaciones generales y estándares mínimo aplicables a un sector o subsector económico, con efecto erga omnes (del latín, “respecto de todos”).

El nivel intermedio, o de acuerdos marco, regula condiciones en contextos específicos, como cadenas de valor, grandes proyectos o faenas, permitiendo coordinar obligaciones recíprocas entre empresas principales y contratistas en materias tales como salud y seguridad, condiciones laborales comunes o compromisos recíprocos entre empresas vinculadas. Y el tercer nivel, de empresa, se mantiene la importancia de este espacio para establecer y fijar condiciones laborales específicas para la realidad de cada empresa, puntualiza.

El gobierno menciona que, para operativizar el modelo, se propone la creación de Consejos Sectoriales Laborales y Comisiones Subsectoriales, concebidos como espacios paritarios de diálogo. “Estos espacios estarán integrados por representantes de las confederaciones sindicales y gremiales empresariales más representativas, según un criterio proporcional basado en datos objetivos de afiliación y contratación”.

Adicionalmente, y como un motor fundamental para la productividad, el proyecto introduce una modificación de relevancia en la Ley 20.241 sobre Incentivo Tributario a la Inversión en Investigación y Desarrollo. Esta medida permite que las empresas que formen parte de un sector o subsector con un acuerdo colectivo vigente puedan acceder a un crédito tributario cuyo tope máximo es incrementado, elevándolo de 15.000 UTM a 45.000 UTM.

“Con esto, se busca que la negociación multinivel no solo regule condiciones laborales, sino que se convierta en un incentivo directo para que las empresas inviertan en innovación y tecnología, fortaleciendo su competitividad sistémica”, dice el Mensaje Presidencial.

También se crea una comisión de Diálogo Social, que tendrá carácter de técnica, autónoma y tripartita, cuya función será apoyar a la Dirección del Trabajo en pronunciamientos sobre la clasificación económica de las empresas y realizar estudios y análisis de los acuerdos sectoriales, velando por los efectos laborales y productivos, apoyando al cumplimiento de los fines del Consejo Superior Laboral, actuando por ello bajo su supervigilancia.

La visión de los expertos

La visión de los expertos y gremios empresariales no es positiva. Desde Sofofa indican que “el proyecto desplaza erróneamente el eje de las relaciones laborales hacia acuerdos sectoriales obligatorios y de aplicación general, soslayando la realidad particular de cada empresa y sus trabajadores”.

En ese sentido, añadió que “hoy enfrentamos un escenario complejo, con una informalidad que supera el 26%, un desempleo que se ha mantenido por más de 30 meses sobre el 8%. En este contexto, imponer estándares homogéneos a sectores productivos profundamente heterogéneos introduce nuevas rigideces que levantarán barreras adicionales a la creación de empleo”.

En LyD afirman que “dada la heterogeneidad de la economía chilena en términos de productividad de los trabajadores y de las empresas según su tamaño, se debe ser muy cuidadoso en la introducción de nuevas restricciones que, por significar un mayor costo para las más pequeñas, impidan la generación de empleo y con ello la urgente recuperación del mercado laboral, así como efectos no deseados en la competitividad de las respectivas industrias”.

Otra mirada entrega Francisca Vial, directora del área laboral de Eyzaguirre y Cía Abogados: “Las complejiza. Y lo hace de manera significativa. En lugar de acercar la negociación al trabajador real, la aleja, la vuelve más técnica, más lenta y menos comprensible. En un mercado laboral marcado por la movilidad, la fragmentación y la rotación, esta arquitectura agrega rigidez donde se necesita flexibilidad”.

Y Marcelo Albornoz, socio de Albornoz y cia abogados y exdirector del trabajo plantea que “se trata de un proyecto radical en materia de negociación colectiva, con derecho a huelga universal, donde los sindicatos de empresa no tienen derecho a negociar directamente pues solo una federación puede hacerlo”.