El 15 de septiembre de 2023, el gestor de fondos Southern Cross anunció la venta de la distribuidora de combustibles Esmax a la saudita Aramco. Fue una operación millonaria que se comentó en el chat de los directores de Sartor, el grupo financiero que controlaba y dirigía Pedro Pablo Larraín Mery. Su hermano Carlos también estaba en ese chat. Y Carlos era entonces el gerente general de Esmax. Esa noche, Mauro Valdés, ex director ejecutivo de TVN, director de la AGF de Sartor, reenvió la noticia y preguntó a Carlos Larraín. “¿Cómo vamos ahí colega?”. “En la parada!! Jajajajaja”, respondió Carlos Larraín. Su hermano Pedro Pablo lo felicitó. Michael Clark, a su vez, comentó: “Tremenda inversión que se viene en los fondos!!!”. Se sumaron sticker varios. Y Carlos Larraín, también director de Azul Azul, remató, aludiendo a sus nuevos jefes sauditas: “En una de esas nos compran el club… ya están en el NewCastle… les tiré algunas líneas de auspicio... Camiseta o estadio!!”.

A esa fecha, los accionistas de una de las tres Sartor, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., eran los aportantes principales de Tactical Sport, un fondo de inversión privado que a mediados de 2021 compró el 63,07% de Azul Azul al empresario Carlos Heller. Eran dueños del 90% de las cuotas. Otro 10% estaba en manos de Inversiones Antumalal, la sociedad de Michael Clark.

La primera venta

Carlos Heller fue presidente de Azul Azul desde 2013 hasta 2019. Renunció al cargo, ha declarado, tras recibir amenazas de muerte. “Me fueron llegando ofertas y decidí vender”, dijo a la Fiscalía, que indaga el caso Sartor y la arista Azul Azul, el 19 de diciembre de 2025. La negociación fue encabezada por Gonzalo Rojas, el abogado Rodrigo Veloso y el gerente de finanzas de Bethia, Jaime Cuevas. “Ellos conversaban con Michael Clark, actuando por la gestora Redwood Capital y ellos hacen llegar la oferta a Alpes Limitada por intermedio de Gonzalo Rojas”, dijo.

La primera oferta llegó el 20 de julio de 2020, pero la OPA se hizo recién en abril de 2021, cuando Heller se convenció. La compra la firmaron Pedro Pablo Larraín y otro socio de Sartor, Alfredo Harz. “Es cero rentable, nunca se hizo para rentabilizar nada. Al contrario, fue por pasión y nunca fue un negocio y no creo que llegue a serlo”, dijo Heller a la Fiscalía, quien vendió a $ 380,7 por acción y recaudó $ 11.152 millones. Al dólar de la época fueron US$ 15,5 millones.

El nuevo dueño fue desde entonces el fondo Tactical Sport, pero el control lo ejerció formalmente su administrador: Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privado S.A. (Sartor AFIP).

Los fondos tienen cuotas de inversión y Asesorías e Inversiones Sartor tenía el 90%. Las personas que en 2021 estaban detrás de esa sociedad eran Padro Pablo y Carlos Emilio Larraín Mery, Óscar Ebel, Alfredo Hartz, Rodrigo Bustamante y Miguel León, además del Atlas Financial Panamá Corp, entidad que más tarde quebró.

Para la compra de 2021, nunca estuvo claro el origen de los fondos. La intervención de la CMF, a fines de 2024, abrió la caja fuerte. El liquidador, Ricardo Budinich, determinó que parte relevante de los fondos provinieron de préstamos realizados por fondos públicos, en una triangulación que no fue visible hasta entonces. Según sus informes de liquidación, los fondos públicos Leasing y Táctico inyectaron $ 6.200 millones a Inversiones Cerro El Plomo SpA., mientras el fondo Proyección traspasó otros $ 1.100 millones. E Inversiones Cerro El Plomo prestó luego ese dinero al fondo Tactical Sport. En total, la gestora Toesca, hoy administradora de los fondos de Sartor, sitúa la exposición del fondo Leasing en $ 8 mil millones. “Nadie había visto que Inversiones Cerro El Plomo le prestó al FIP Tactical Sport, que era de ellos mismos. Pero si hubiese sido transparente, lo lógico es que se haya prestado directamente al FIP Tactical Sport. Pero esto se hacía así para esconderlo”, declaró en la Fiscalía en marzo de este año Manuel Ossa, el gerente de deuda privada de Toesca.

El Ministerio Público cree lo mismo. “A esta fecha, la Fiscalía entiende que los fondos con que habría hecho esa adquisición provendrían de fondos públicos, es decir, de los aportantes”, dijo el fiscal Juan Pablo Araya, a cargo de las pesquisas, el 18 de junio ante la Corte Suprema, cuando se discutió el recurso de amparo del vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa.

Esta semana, Araya interrogó durante tres días a Michael Clark, el expresidente de Azul Azul desde 2021 a 2026. Y podría haber preguntado por varias cosas que figuran en el expediente de su investigación. Entre ellas, el único documento que acredita algún pago de Clark para llegar a Azul Azul: el 20 de abril de 2021, Asesorías e Inversiones Sartor le vendió a Inversiones Antumalal, de Clark, 700 mil cuotas de Tactical Sport, equivalentes al 10%. El precio pagado fue de US$ 1 millón: $ 700 millones de entonces. Clark tenía entonces 44 años y poco después se transformó en presidente de Azul Azul.

Nuevo directorio y un crédito

El directorio de Azul Azul cambió hace exactos cinco años. El 4 de junio de 2021, entraron seis nuevos directores, en una mesa de 11 integrantes, tras la toma de control por parte del grupo Sartor: Michael Clark, Tamara Agnic, Miguel Berr, Tomás Guiloff, Miguel León Núñez y Roberto Nahum. Al año siguiente, en abril de 2022, entraron otros directores: entre ellos, la exministra Cecilia Pérez, el hermano del fundador, Carlos Larraín Mery, y Andrés Segú, ex ejecutivo de la familia Solari Donagio. Salieron Guiloff y León. “Nosotros tenemos un compromiso de largo plazo con la U. Estamos embarcados al 100%”, dijo Carlos Larraín, en septiembre de 2022, a La Tercera. Cecilia Pérez declaró hace un año en la Fiscalía y ahí se desligó del grupo controlador. “Me integré en el mes de abril del año 2022, luego de ser elegida por la junta de accionistas de Azul Azul, ignorando cada uno de los accionistas que vota por uno, en mi caso y en el caso del resto”, afirmó. La votación, sin embargo, era fácil de suponer: Sartor era el controlador.

Andrés Segú conoció a Clark por intermedio de Patricio Kiblisky, un financista del fútbol chileno con el que coincidió en varios negocios, en representación de Megeve, el family office de los Solari: Cellcorp, una firma de Kiblisky; bonos de Avianca; y la firma mexicana de cabotaje Oceanográfica.

Cuando Sartor entró a Azul Azul, el pacto implicaba el prepago de una deuda con Santander que Carlos Heller garantizaba y que exigía liberar. Para ello, esa deuda se refinanció con Sartor y una sociedad de los Solari, Inversiones Gross, en otra atractiva oportunidad de negocios. “Era buena inversión, ya que tenía como colateral los derechos del Canal del Fútbol y la tasa, según recuerdo, UF+8,5%”, declaró Segú al ministerio Público en abril de 2026. “A los seis meses aproximadamente de esta inversión, Michael Clark me invita a participar del directorio de Azul Azul”, agregó. Los hermanos Solari, accionistas de Falabella, son también accionistas de Azul Azul: vía Inversiones Sangiovese tienen el 6,52%.

Segú ya interactuaba con Pedro Pablo Larraín -sus hijos eran compañeros desde el jardín infantil-, pero en ese 2022 conoció también a su hermano Carlos. Con ambos negoció una alianza entre Ecapital Perú, de los Sartor, y Mikopo, una empresa en la que participaba Segú y que hoy forma parte de todo el entramado de la caída de Sartor.

Pero en Azul Azul, Andrés Segú tenía otra sospecha que relató a los fiscales. “Hay un hito importante en esta situación, que es cuando Nueva Más Vida invierte en Sartor, que aparentemente no tiene una lógica comercial, pareciera ser que es algo más, lo que en retrospectiva pareciera ser una compensación por alguna contraprestación”, afirmó. Segú se refería a la isapre Nueva Mas Vida, la empresa controlada por Nexus, ligada a Patrick Kiblisky y Marco Viola. “Genera dudas que el monto invertido por Nexus sea equivalente al monto por el cual se pagaron las acciones de Azul Azul S.A. a la salida de Heller, considerando la transacción en pesos”, complementó Segú. Pero hay fechas que no cuadran: la isapre se querelló ahora contra Sartor por inversiones que, dijo, comenzaron recién a fines de 2022.

La venta no pagada

Todo ocurrió en menos de un mes. El 16 de noviembre de 2024, la CMF suspendió nuevos aportes a los fondos mutuos y de inversión de la AGF de Sartor. El 6 de diciembre, la misma CMF suspendió los rescates en 13 fondos de inversión de Sartor. Y el 20 de diciembre, revocó la autorización de existencia e intervino la AGF. Esa misma tarde, un viernes, Azul Azul comunicó que ningún socio de Sartor estaba en Tactical Sport y que Michael Clark, mediante Inversiones Antumalal, era dueño de todas las cuotas. Requerido por la CMF, Clark develó lo oculto: “Con fecha 13 de diciembre de 2024, Inversiones Antumalal Limitada adquirió 6.354.981 cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, a un valor de US$ 0,90 cada cuota, correspondiente al 90% de las cuotas, serie única, de dicho fondo”, indicó. El precio total, así, fue de US$ 5.719.482. El domingo 22 de diciembre, a las 9 AM, Clark se reunió telemáticamente con los directores de Azul Azul para informar el cambio.

Pero ese dinero no ha sido cancelado, acusó BCI, acreedor de Sartor, en tribunales. En enero de 2025, se reunieron ejecutivos de ambas empresas. “En dicha reunión, se afirmó por los apoderados de Sartor S. A. que el precio no se había pagado, sino que había quedado una ‘cuenta por pagar’”, indicó la empresa financiera en un juzgado civil. Según BCI, Sartor pretendía desprenderse de las cuotas de Tactical Sport, las que antes había ofrecido prendar en su favor, para “mantenerlas lejos del alcance de sus acreedores”. Y que por ello las transfirió de modo oculto, en términos y condiciones que podrían ser simulados, argumentó.

El fiscal Juan Pablo Araya, ha intentado responder también esa pregunta. A la Brigada de Delitos Económicos de la PDI encomendó, hace un año, reunir antecedentes y documentos ligados a la transferencia de cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport del 13 de diciembre de 2024 y pedir a Antumalal que “acompañe copia de todo acto o contrato celebrado entre las partes involucradas en dicha operación”. Aquel contrato no digura en las más de 3 mil páginas de la investigación penal. “Hasta el día de hoy no sabemos si el señor Clark, en definitiva, pagó o no esa operación”, dijo Araya en la Suprema hace 10 días. Aquello, seguramente, se lo preguntó a Clark esta semana.

La OPA y Kiblisky

A fines de 2024 y comienzos de 2025, Clark fue orillado por la CMF, que lo forzó a realizar una OPA. También se le vinieron encima los minoritarios de Azul Azul, la familia Schapira, dueña del 21,44%, que se querelló.

Y Clark diseñó una OPA, que lanzó en marzo de 2025. Para ello requería mucho más que los US$ 5,7 millones que pactó por las cuotas de Tactical Sport. ¿Por qué? Porque ahora compraba las acciones de Azul Azul y debía financiar hasta el 100%. Y porque debía además pagar las deudas que tenía Tactical Sport con los fondos públicos de Sartor y que sirvieron para financiar la compra a Heller en 2021. Clark creó otra sociedad para la OPA: Bulla SpA.

Los recursos fueron facilitados por uno de los vehículos de inversión que en Estados Unidos tiene Patricio Kiblisky. El 14 de marzo de 2025, Sportcap Credit Fund LLC, representada por Daniel Wurmann Kiblisky, firmó con Clark un contrato de crédito por US$ 18 millones. En los allanamientos a la casa y la oficina de Michael Clark, la PDI recogió los documentos de esa operación.

El préstamo tenía dos tramos: US$ 12 millones para la compra de las acciones del Fondo Tactical Sport y otros US$ 6,3 millones destinados a financiar saldos de precio del tramo A y a comprar las otras acciones de Azul Azul S.A. ofrecidas en la OPA. Clark debía pagar el préstamo así: cuatro cuotas anuales, con vencimiento en cada aniversario desde la fecha de desembolso. La tasa de interés sería de 9,5% anual y los acuerdos entregaban a Sportcap una prenda sobre las acciones de Azul Azul e incluso una a opción irrevocable de compra por esas acciones, por el “saldo insoluto del financiamiento”.

Pero la OPA finalmente falló.

El 12 de diciembre de 2025, Michael Clark y el fondo de Kiblisky firmaron en Santiago el contrato inverso. El texto relata que el 28 de marzo el acreedor había puesto a disposición los fondos, tomados en depósitos a plazo a la orden de Bulla SpA y recuerda que la OPA fue interrumpida por un embargo decretado en un juicio activado por uno de los acreedores de Tactical Sport y una medida prejudicial precautoria decretada en favor de los minoritarios de Azul Azul.

“Considerando la situación legal de las acciones de la sociedad anónima abierta Azul Azul S.A. pertenecientes en la actualidad al Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, la imposibilidad de realizar la OPA prevista en el contrato de crédito y consecuentemente la imposibilidad de que se verifique el desembolso, las partes acuerdan dejar expresa constancia que no se ha podido concretar la operación de crédito de dinero que constituía el objeto principal de dicho Contrato de Crédito, la que en consecuencia no ha nacido a la vida jurídica”, dice el documento.

El fondo de Kiblisky sí selló otro financiamiento: prestó US$ 7.944.575 al abogado José Ramón Correa para la compra, en enero de este año, del 21,44% de los Schapira. Según ese contrato, esta semana, el 15 de junio, Correa, hoy vicepresidente de Azul Azul, debía amortizar ya US$ 436 mil por ese préstamo a Kiblisky.

¿Quién manda en Azul Azul?

Oficialmente, Michael Clark es el dueño del 100% de las cuotas del FIP Tactical Sport. Pero en su defensa ante la CMF, ha sostenido que él no es el controlador, sino que la administradora Sartor AFIP. “Tactical Sport es administrado por la AFIP”, declaró a la CMF en diciembre de 2024. El jueves 23 de abril, Clark anunció su renuncia a la presidencia y al directorio de Azul Azul. Días después, se realizó la junta de accionistas. Las acciones que controla Tactical Sport figuran en la CMF en custodia en la corredora del BCI, la que acudió a las juntas de accionistas en 2022, 2023 y 2024. Pero tras la caída de Sartor, en las juntas anuales de 2025 y de 2026 los derechos políticos de Tactical Sport fueron ejercidos por Rodrigo Bustamante García, ex gerente general de Sartor Capital Wealth Management.

¿Quién es Sartor AFIP? La memoria de Azul Azul de 2024 describía esa administradora y decía la AFIP ya no tenía directorio ni gerente, quienes renunciaron el 18 de noviembre de 2024, tras el golpe de la CMF. Tenía entonces cinco apoderados: los dos hermanos Larraín, Harz, Ebel y León. La memoria 2025 ya no dice nada sobre la gestora, que recibe una remuneración por “gestionar” Tactical Sport equivalente al 1,785% anual del valor contable del patrimonio del fondo, dicen los estados financieros del fondo recuperados por la PDI en la casa de Clark: fueron $ 176 millones en 2023, $ 192 millones en 2022 y otros $ 137 millones en 2021.

En el papel, Clark es el dueño del capital de la dueña de Azul Azul, pero no ejerce los derechos políticos de la millonaria inversión que está a su nombre. El ex Sartor Rodrigo Bustamante acudió a la última junta y votó por el nuevo directorio el 28 de abril. La mesa es ahora presidida por Cecilia Pérez. Y ella estuvo armando la mesa por la que votó luego Sartor. “Me invitó la Cecilia Pérez”, cuenta Francisco Aylwin, nuevo director de Azul Azul, quien antes la había invitado antes a la Fundación Niño y Patria. Cuando supo que Clark renunció, Aylwin escribió a Pérez. Al día siguiente, contactó de vuelta al comunicador audiovisual. “Me llamó y me dijo: ‘estoy tratando de obtener un cupo en el directorio y estoy tratando que seas tú’”, cuenta Aylwin. Y Aylwin llegó a Azul Azul.

Pérez tomó el mismo cargo que tenía Clark y que develaba la existencia de bandos en el gobierno corporativo de Azul Azul. El 30 de abril de 2025, la mesa discutió un pago instaurado en 2024 para Michael Clark, pero como director ejecutivo, de $ 10 millones líquidos y a Cecilia Pérez, por sus funciones como “directora de asuntos públicos”, de $ 2 millones líquidos. Cinco directores votaron en contra, porque dijeron desconocer “la procedencia, descripción, responsabilidad y objetivos del cargo”, dice el acta de esa reunión, que está en el expediente penal. Seis votaron a favor: los mismos Clark y Pérez, José Ramón Correa, Aldo Marín, Cristián Aubert y Roberto Nahum. El gerente general, José Ignacio Asenjo, declaró en diciembre, sobre Clark: “Él no va mucho a la oficina; va una vez cada 10 días en promedio”.

En abril de este año, ahora sin Clark, el directorio aprobó asignar ese mismo cargo y esa misma renta a Cecilia Pérez. Y como antes, dicen quienes conocieron esa votación, se manifestaron en contra los dos directores de la Universidad de Chile, dueña de la acción serie A que da derecho a dos cupos: Andrés Weintraub y Héctor Humeres.