La jefa de la Bancada de Diputados de la UDI, Flor Weisse, junto al integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Cristóbal Martínez, calificaron como una “grave intromisión” los cuestionamientos realizados desde Naciones Unidas a la Corte Suprema por la apertura de 56 cuadernos de remoción contra jueces y ministros del Poder Judicial.

Los procedimientos fueron abiertos contra funcionarios judiciales que viajaron al extranjero durante períodos en que se encontraban con licencia médica.

Las críticas fueron formuladas por la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, quien señaló que los magistrados sometidos a estos procedimientos “se enfrentan a procesos de remoción por conductas que no constituían una falta disciplinaria según la legislación chilena”.

La relatora agregó que, aunque considera “esencial garantizar la integridad judicial”, le preocupa que “en este caso se esté utilizando la facultad extraordinaria de remoción para acallar el debate público a raíz de un escándalo relacionado con el uso indebido de las licencias médicas por parte de funcionarios públicos”.

Frente a estas declaraciones, Weisse y Martínez llamaron al Ministerio de Relaciones Exteriores a expresar formalmente su rechazo a las críticas dirigidas contra la Corte Suprema. Según plantearon, “ningún organismo internacional debiera intentar interferir en decisiones que corresponden exclusivamente a las instituciones chilenas, menos aún cuando se trata de resguardar la probidad y el correcto funcionamiento del Poder Judicial”.

“Nos parece especialmente grave que una representante de las Naciones Unidas pretenda cuestionar una determinación que la Corte Suprema adoptó en el ejercicio de sus atribuciones. Estamos hablando del máximo tribunal de nuestro país y de una decisión que compete exclusivamente al Poder Judicial, cuya independencia y autonomía deben ser respetadas sin ningún tipo de interferencia externa”, señalaron los diputados.

Los parlamentarios sostuvieron además que jueces y ministros deben estar sujetos a altos estándares de conducta y cuestionaron que, a su juicio, desde Naciones Unidas exista una “defensa corporativa” de quienes están siendo investigados, en lugar de respaldar el esclarecimiento de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades administrativas.

Finalmente, pidieron a Cancillería que “exprese formalmente su molestia y transmita que no aceptaremos cuestionamientos que interfieran en las atribuciones de nuestras instituciones”. Además, advirtieron que, si se comprueba que hubo jueces que viajaron al extranjero mientras debían cumplir reposo por licencia médica, “evidentemente tiene que haber consecuencias”.

“Si se confirman estos hechos, la Corte Suprema no debiera titubear en aplicar la máxima sanción y remover de sus cargos a quienes hayan incurrido en este tipo de conductas, dejando en claro que, independiente de quién las cometa, las faltas a la probidad no pueden quedar impunes”, afirmaron.