Menos de cuatro meses (112 días) demoró la tramitación de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

Al margen de los incidentes finales que alargaron algunas semanas la discusión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, logró sacar una iniciativa miscelánea, cuyo corazón era el cambio de paradigma del sistema de impuestos, casi en tiempo récord, superado solo por Alejandro Foxley, quien, en 1990, con solo 72 días de tramitación, sacó su reforma tributaria.

Una apuesta igual de ambiciosa le impuso el mandatario al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (republicano), para sacar un conjunto de proyectos, al que llamó la nueva Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

El paquete en proceso de armado llegaría a unas 30 iniciativas, de las cuales 19 ya están en el Congreso. Ya no es un compacto de medidas en un solo proyecto, como lo era la megarreforma. Pese a ello, Kast espera ver resultados “antes de Navidad”.

Las expectativas de La Moneda, sin embargo, enfrentan una perspectiva completamente distinta.

De partida, la dispersión de iniciativas añade una complicación. Por ejemplo, entre 2023 y 2024, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), no pudo avanzar con su agenda al ritmo que ella esperaba, a pesar de tener mayor experiencia legislativa que Arrau y contar con mayor grado de apoyo de líderes opositores de la época, como Juan Antonio Coloma (UDI) y José García Ruminot (RN).

Otra complejidad objetiva, que ya marca una diferencia con el viento a favor que tenía el megaproyecto, es que la agenda antidelincuencia de Kast tendrá una prueba de fuego en el Senado.

Hoy, las cuatro instancias que deben revisar los proyectos de seguridad están bajo el mando de la oposición. Ello le otorga una potestad al bloque opositor para manejar los ritmos legislativos en la Cámara Alta, ya que por reglamento son los presidentes de comisiones los que fijan la tabla y deciden si un tema se vota o no, independiente de la urgencia gubernamental.

Incluso, la Comisión de Seguridad, que hoy es presidida por el senador Karim Bianchi (independiente), estará un largo tiempo bajo control opositor, ya que a partir de marzo asumirá la campanilla Juan Luis Castro (PS). Por lo tanto, hasta 2028 la oposición seguirá teniendo tres votos en ese espacio y el oficialismo solo dos.

La Comisión de Defensa, en tanto, es encabezada por Francisco Huenchumilla (DC); la de Gobierno (encargada de ver asuntos migratorios) es conducida por Danisa Astudillo (PS) y la de Constitución y Justicia es presidida por Pedro Araya (PPD). En estas tres instancias, la oposición también es mayoría y recién tendrán un cambio de mano a partir de marzo de 2027.

Si bien se espera que varios proyectos de la llamada ACOT tengan apoyo transversal (por ejemplo, el refuerzo de la carrera policial) o al menos mayoritario (en aquellos puntos que habitualmente el PC y el Frente Amplio rechazan), hay temas que igualmente polarizan posturas, como los asuntos migratorios, la responsabilidad penal adolescente, las facultades especiales a policías y FF.AA. y también lo que será la anunciada reforma constitucional de seguridad.

Esta última iniciativa, que equivale al “corazón tributario” de la megarreforma, es la piedra angular de la nueva agenda y debe pasar obligatoriamente por la Comisión de Constitución, que hoy lidera Araya. Por lo tanto, será un interlocutor inevitable para La Moneda, ya que, además, es miembro de las instancias de Seguridad y Defensa.

El problema es que el senador PPD, que fue un aliado para Jorge Quiroz, no tiene las mismas simpatías con Arrau y ya declaró su disconformidad con este cambio a la Carta Fundamental (ver entrevista).

No obstante, La Moneda no tenía alternativa y comenzará a tramitar la reforma constitucional por la Cámara Alta.

La razón es de carácter estratégico, ya que hay temor de que el piso de 26 senadores aliados (que necesariamente requiere crecer a 29 votos para un cambio a la Constitución) podría desarmarse debido a posibles desafueros en los próximos meses. Miguel Ángel Calisto (indep.), Camila Flores (RN) y Alejandro Kusanovic (indep.) están en la mira de la Fiscalía.

Inesperadamente, el mero anuncio de esta reforma ya comenzó a generar ruidos de senadores oficialistas o aliados. Andrés Longton (RN) y Matías Walker (indep. asociado a Evópoli) fueron los primeros en plantear reparos y, aparentemente, no son los únicos.

También hay proyectos que no solo por factores ideológicos son complejos. La seguridad municipal, las reglas de uso de la fuerza, la misma responsabilidad penal adolescente, las retenciones de inmigrantes o la tipificación del ingreso clandestino también son puzles desde el punto de vista jurídico y técnico.

En estas situaciones, la discusión se puede tornar tortuosa y lenta. Por ejemplo, la última vez que Astudillo (PS), en su calidad de presidenta de la Comisión de Gobierno, puso en tabla la tipificación de la inmigración irregular, fue el 5 de mayo pasado, a pesar de que la iniciativa tiene suma urgencia.

Interlocutores

La Moneda, sin embargo, cifra esperanzas en la DC, el PS y el PPD, que desde la administración de Gabriel Boric han apoyado esta agenda históricamente incómoda para la izquierda.

“A primera vista, cualquier proyecto que apunte a mejorar la seguridad de las personas suena bien y va a tener apoyo. Pero cuidado, porque entremedio pueden venir algunos dardos envenenados, como son las reformas constitucionales, algunas con un alcance insospechado”, señaló el senador Iván Flores (DC), quien junto a sus pares Yasna Provoste (DC) y Francisco Huenchumilla (DC) serán contrapartes naturales del gobierno.

Dentro de los senadores socialistas hay dos interlocutores que se repiten respecto de lo que fue la megarreforma: la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, integrante de la Comisión de Constitución, y Juan Luis Castro, quien, además de integrar la instancia de Seguridad, es jefe de bancada.

“Esta agenda va a tener que ser muy bien conversada, porque ya no hay un ejército uniformado como actuó el oficialismo para la megarreforma. Se tragaron todos los sapos y culebras. Ahora, en cambio, hay instrumentos, como la misma reforma constitucional, que es incierta y ya ha levantado críticas del oficialismo”, señaló Castro, quien recomendó abordar de manera integral el problema carcelario.

Además, el senador PS solicitó al gobierno allanarse a ampliar el alza del secreto bancario. “Es un test de la blancura esencial, porque el gobierno no la priorizó. La inteligencia financiera va a tener ahí una prueba de fuego”, añadió.

Otro actor clave para el Ejecutivo es el senador Bianchi. De partida, dirige la Comisión de Seguridad. “Tengo el ánimo de sacar los proyectos, pero tampoco veo que la seguridad sea un problema legal. Es un problema de recursos, de gestión. Me preocupa, por ejemplo, la infraestructura carcelaria. Tampoco es un problema constitucional. Eso me genera sospecha. O sea, yo le cambio al presidente toda la agenda legislativa por más cámaras, más inteligencia, más tecnologías”, señaló el magallánico.

La Cámara

La noticia favorable para Arrau es que al menos en la Cámara, gracias al acuerdo administrativo, el oficialismo se quedó con el control de estas comisiones estratégicas para la agenda de seguridad.

La única excepción es la Comisión de Constitución, que preside Jaime Mulet (Frevs), quien fue parte de ese pacto. Su caso no es tan sensible para el Ejecutivo, ya que él está en un ánimo dialogante y ha sido respetuoso de las urgencias.

Además, Mulet dejará el mando de esta instancia en marzo, para ser elegido posiblemente en la presidencia de la Cámara con votos de la derecha.

El legislador del Frevs, junto al PDG, la DC y los diputados Raúl Leiva (PS) y Jaime Araya (indep. PPD), ambos integrantes de la Comisión de Seguridad, serán los principales interlocutores de Arrau en la Cámara Baja, ya que son posibles votos aliados.