En primer trámite constitucional se encuentra uno de los principales proyectos del gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad: el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.

La iniciativa -que ingresó a la Cámara el 12 de junio- busca crear un registro en el que serán incluidas personas condenadas o sancionadas por un catálogo de 33 hechos por los cuales no podrán acceder a beneficios sociales, entre ellos la gratuidad y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Desde entonces, la propuesta del Ministerio del Interior y del Ministerio de Seguridad ya tuvo sus primeros avances. El lunes 10 de agosto, la Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó en general, por ocho votos a favor y cinco en contra, la iniciativa que ahora se encuentra en su etapa para recibir indicaciones.

En el contexto de esa discusión parlamentaria, dicha instancia legislativa solicitó a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), como suele ocurrir en la tramitación legislativa, un análisis de la normativa a nivel de derecho comparado.

La conclusión del informe de la BCN respecto del proyecto que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades fue clara: “En términos generales, no se encuentran mecanismos genéricos que utilicen el sistema de prestaciones como mecanismo general de castigo penal, habiéndose encontrado en la experiencia comparada antecedentes parciales”.

La legislación comparada

Tras un análisis en varios países a nivel mundial, los autores del informe eligieron tres experiencias cuya información puede ser cotejada con la propuesta del Ejecutivo. Se trata de Estados Unidos, España y Reino Unido, los tres países que tienen la normativa más parecida al proyecto del Ejecutivo.

En todos los países analizados, además de los registros judiciales -al igual que Chile-, también existen algunos registros específicos. Todos ellos para impedir que las personas sancionadas accedan a algún espacio físico, se acerquen a algún lugar o persona o bien para ejercer ciertos cargos, profesiones u oficios. Ninguno, como propone Chile, para impedir el acceso a un listado de beneficios sociales.

En casos concretos, expone el informe, hay dos ejemplos que son más similares, pero con sendas diferencias. Uno son las “Órdenes de Conducta Delictiva” (CBOs, por sus siglas en inglés), un registro en Reino Unido donde un tribunal registra órdenes de alejamiento que pesan sobre condenados para impedir que se acerquen a ciertas personas o zonas.

El segundo ejemplo, y el más similar al proyecto del gobierno, es el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana de España, el que crea un registro que integran personas sancionadas por 40 conductas, entre ellas incivilidades. Pero, a diferencia de la propuesta chilena, se usa “exclusivamente” para determinar reincidencias de esas conductas, las que son sancionadas desde los 100 a 600.000 euros.

La pérdida de beneficios

Como segunda área de análisis, el informe de la BCN revisó los mismos países respecto de la pérdida de beneficios o derechos sociales. Si bien existen varios ejemplos, en ninguno de estos las personas los pierden por ingresar a un registro, sino más bien por ser condenadas o sancionadas por ciertos delitos o actos.

Tanto en Reino Unido, España y Estados Unidos, según detalla el análisis, a las personas privadas de libertad se les suspenden beneficios sociales como sus seguros de cesantía o alimentación por el tiempo que dure su condena. Sin embargo, la lógica tras esto es que se considera que la persona recibe aquello al interior de la cárcel. Además, la restricción no incluye a los familiares, por lo que en caso de ser un subsidio familiar, sólo se descuenta la parte del condenado.

A nivel específico, un ejemplo destacado en el informe de la BCN es el de Estados Unidos, el que contempla a nivel federal una propuesta por pérdida de beneficios sociales únicamente a personas condenadas por tráfico o consumo de drogas, normativa que puede ser aceptada o no por la legislación de cada estado.

Dicha suspensión se puede aplicar a dos programas, uno sobre asistencia de alimentación a familias de bajos ingresos y otro programa que considera asistencias temporales en alimentación, vivienda, energía, entre otros. Pese a eso, la sanción -sostiene el documento que está a disposición de los diputados- no puede afectar al núcleo familiar y sólo se aplica a la persona recluida.

Otro de los hallazgos de casos en los que se restringen derechos sociales tras ser condenados, según la BCN, es sobre aquellas personas que son condenadas por delitos funcionarios. En Estados Unidos, si bien no existe una regla única, se puede decomisar parte de las pensiones de exfuncionarios públicos que hayan sido condenados por delitos como fraude o malversación de fondos públicos.

En Reino Unido, igualmente se sanciona de similar manera a exfuncionarios que cometieron corrupción, y su restricción a las pensiones, igualmente, será gradual según el grado de afectación al interés público.

Por último, el país europeo también sanciona con la pérdida de acceso a subsidios a la vivienda, pero sólo en aquellos casos en que una persona cometió incivilidades en una vivienda social.

La información quedó a disposición de la Cámara y servirá como insumo al momento de redactar las indicaciones. El gobierno, que empuja con decisión esta iniciativa, ha dicho que está abierto a perfeccionar todo lo que sea necesario. Además, en sectores del Ejecutivo hay conciencia de que es necesario hacer ajustes, ya que, en los términos actuales, la iniciativa corre un alto riesgo de ser impugnada en el Tribunal Constitucional.