Se trata de una reforma clave para acelerar los proyectos de inversión en el país y que el propio gobierno ha consignado como una de las herencias económicas que dejará esta administración. A poco más de un mes de publicada la llamada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, un grupo de 18 abogados, economistas, ingenieros y profesionales informáticos trabaja a toda velocidad para dejar listas las bases y la estructura clave del nuevo sistema.

Según ha manifestado el gobierno, la ley busca entregar certezas y simplificar la obtención de permisos para las inversiones en el país, pero sin comprometer los estándares regulatorios ni disminuir las exigencias ambientales y técnicas vigentes. La iniciativa, que apunta a optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, fue impulsada tras las quejas del mundo empresarial a las excesivas trabas medioambientales y regulatorias que ponían los diferentes organismos públicos involucrados para avanzar en los proyectos. Estas barreras, bautizadas como “permisología”, implican importantes retrasos en ellos y, por lo tanto, la ralentización de su efecto virtuoso en el crecimiento económico.

La implementación de esta reforma, que moderniza más de 380 permisos que hoy dependen de 37 servicios públicos, está a cargo de un equipo del Ministerio de Economía dirigido por Nicolás Marshall (37), jefe de la División de Fomento a la Inversión e Industria de la cartera.

“Vamos a dejar la estructura del nuevo sistema de permisos sectoriales armada, y de los 92 permisos que pueden ser transformados en declaraciones juradas en casos de bajo riesgo, un 60% los vamos a tener listos antes de que termine el gobierno. La tercera tarea también será dejar la mayor cantidad de funcionarios públicos capacitados y al día con las obligaciones de la nueva ley”, resume Marshall, quien fue gerente general de la startup de sustentabilidad Algramo y es sobrino de Enrique y Jorge Marshall, ambos exvicepresidentes del Banco Central.

“La ley establece distintos niveles de implementación de aquí a finales del año 2027 y el grueso concentrado durante el 2026. Nosotros queremos acelerar eso, de tal manera que antes de que termine el gobierno el grueso de la ley esté completamente implementado”, asegura Marshall.

Los tres pilares

Según Marshall, la puesta en marcha de la ley se ha enfocado en tres esfuerzos: la creación de las bases o la estructura del sistema de permisos sectoriales, la implementación de las técnicas habilitantes alternativas (declaraciones juradas) y la capacitación de funcionarios públicos y usuarios para fomentar su buena utilización.

En relación a creación del sistema propiamente tal, el ingeniero comercial de la Universidad Católica recuerda que la implementación de la ley comprende la dictación de distintos instrumentos para la entrada en funcionamiento de la estructura que dará forma al nuevo sistema de entrega de permisos. Son tres decretos con fuerza de ley, tres reglamentos y dos decretos que están en sus últimas etapas de elaboración y estarán dictados antes del término del gobierno, destaca Marshall.

“Nuestra idea es poder tener todos estos decretos con fuerza de ley, reglamentos y decretos exentos dictados antes de que termine el gobierno. En esto tenemos bastante trabajo avanzado. Hay algunos reglamentos que están en consulta, hay decretos que van a ser dictados durante el mes de noviembre, hay otros decretos con fuerza de ley que van a entrar a la Contraloría este mes y hay algunos reglamentos que esperamos despachar a Contraloría durante diciembre”, detalla.

Estos instrumentos legales, por ejemplo, son la base de la entrada en funcionamiento de la plataforma “Super” o ventanilla única, la creación de una nueva oficina coordinadora y la clasificación de autorizaciones.

“La entrada en vigencia de la plataforma Super es muy importante. ¿Qué es? Es una ventanilla única que va a ser la intermediaria o el vehículo por el cual se solicitan todos los permisos y donde se publica toda la información de desempeño de cada uno de los servicios en la entrega de autorizaciones. De esta forma, se va a dejar de tener una interacción con 40 servicios distintos del Estado y se va a empezar a tener una interacción con una sola ventanilla. Esto tiene un nivel progresivo de desarrollo y nosotros vamos a dejar su estructura lista, que es el decreto con fuerza de ley y su reglamento, los que van a estar dictados antes de que termine el gobierno”, promete Marshall.

Otro eslabón clave de la implementación de la ley es el reemplazo de permisos por declaraciones juradas. De los cerca de 400 permisos existentes, 92 son susceptibles de ser reemplazados por declaraciones juradas en casos de proyectos que sean considerados de bajo riesgo. Para operativizar este reemplazo hay que modificar los reglamentos que rigen estos permisos. Ello involucra modificaciones en al menos 16 reglamentos. “Hemos centrado nuestro trabajo en áreas como Salud, Aguas, Vivienda y Urbanismo y Minería. Nuestra meta es que a marzo de 2026 al menos un 60% de los permisos susceptibles de ser reemplazados por una declaración jurada tengan dictado su reglamento”, sostiene Marshall, quien añade que actualmente estos reglamentos se encuentran en sus últimas interacciones e, incluso, algunos ya están en Contraloría.

El tercer pilar importante es el relativo al esfuerzo por dar a conocer la ley y capacitar a los funcionarios públicos. “Hemos participado en distintas instancias con usuarios del sistema para que conozcan en profundidad las herramientas de la ley y los impactos que pueden tener. Nos hemos enfocado tanto en las empresas de menor tamaño, como hasta los grandes proyectos de inversión. Al mismo tiempo, hemos capacitado a funcionarios públicos de distintos servicios que estarán a cargo de operar el nuevo sistema de tramitación. Hasta el momento ocho servicios públicos han sido capacitados y más de 750 funcionarios pudieron revisar cómo deben tramitar autorizaciones aplicando la nueva ley”, especifica Marshall.

De todas formas, el ingeniero realza que en el primer mes del nuevo sistema ya han entrado en vigencia algunos reglamentos clave, como el que permite la tramitación paralela (y no secuencial) de los proyectos, lo que reduce de manera decisiva los tiempos; y la eliminación de la necesidad de presentar un informe sanitario para actividades comerciales, una modificación que favorece particularmente a las pymes.

“Muchos de esos permisos que hoy son catalogados en seis pasos, se van a convertir en tres pasos; eso reduce muchísimo el tiempo en la tramitación de proyectos”, concluye el jefe de la División de Fomento a la Inversión e Industria del Ministerio de Economía.