Poco a poco se van analizando más detalles de las propuestas que entregó a fines de la semana pasada el candidato del partido Republicano, José Antonio Kast. Y si bien las más conocidas y comentadas fue el “chao préstamo del Estado”, el fin del pago de las contribuciones de manera gradual partiendo por los mayores de 65 años, y la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23% y crédito para llegar a 20% a empresas que den empleo formal, hay otras medidas que se incluyen en el programa.

Una de esas medidas apunta a cambiar vía administrativa una serie de requerimientos para acelerar los permisos ambientales para iniciar procesos de inversión. Así se menciona que se promoverá la facilitación regulatoria. “Eliminaremos las regulaciones innecesarias, aplicaremos en forma moderna y criteriosa las regulaciones existentes y dictaremos aquellas que sean necesarias para el fomento de la inversión”, dice el programa de Kast.

En ese sentido, se menciona que se “solucionará las trabas u obstáculos regulatorios administrativos que existen a nivel local, así como los tiempos de tramitación, de los proyectos de inversión”. Para ello dicen que “impulsaremos una mayor eficiencia en la tramitación de los permisos ambientales. Para ello, derogaremos, modificaremos y dictaremos nuevas guías e instructivos que devuelvan la certeza jurídica a todos los actores del SEIA, siempre con pleno respeto al medio ambiente, desarrollo social y económico, para que Chile alcance el desarrollo sostenible anhelado”.

Y, aseguran, se impulsará “una modernización de nuestra institucionalidad ambiental, buscando dar mayor preponderancia al componente técnico y mejores herramientas que prioricen el cumplimiento ambiental”.

En materia de inmigración para controlar el ingreso clandestino se implementará “una Política Nacional de Cierre Fronterizo a la inmigración ilegal, para reforzar la soberanía en todo el territorio nacional incluyendo la frontera terrestre, los puertos y la dimensión aérea”.

En ese sentido, para controlar la migración “se propone también limitar el envío de remesas de dinero al exterior y ocuparemos todas las herramientas administrativas, legales y constitucionales para facilitar la salida o expulsión de los inmigrantes ilegales de nuestro país”.

Ajuste fiscal

En el programa se entrega algunos lineamientos de cómo se pretende recortar US$6.000 millones en 18 meses. Ahí se menciona que una parte de ese ajuste provendrá “de un esfuerzo decidido por aplicar las leyes y evitar robos y abusos; otra, de la eliminación de iniciativas del Estado mal evaluados con nulo impacto social; y, el resto, de las mejoras en la eficiencia del gasto público”.

También dicen que se implementará un programa de probidad del funcionario público; una auditoría total del Estado y su funcionamiento; y medidas anti evasión y malversación de fondos públicos.

Se agrega que “rediseñaremos la estructura y el organigrama de la administración del Estado Central, para evitar duplicidades, reducir descoordinaciones, mejorar la colaboración entre reparticiones, y eliminar trámites o solicitudes innecesarias para las personas. Innovaremos en materia de gasto social y seguridad. Reorganizaremos un conjunto de programas sociales en base a un mecanismo de transferencia directa de recursos bien focalizadas que no desincentivará el empleo".