
Leonarda Villalobos inscribe marcas y afirma: “No voy crear un perfil de Arsmate, pero necesito trabajar”
En arresto domiciliario total y sin acceso al sistema financiero, la abogada Leonarda Villalobos —imputada en el caso Factop— rompe el silencio y relata el derrumbe de su vida profesional. Dice que no tiene ingresos, que está vendiendo su ropa y accesorios para subsistir. Pero también cuenta que ha sido contactada por editoriales y plataformas internacionales de streaming para contar su historia.

Al teléfono, la abogada Leonarda Villalobos, una de las protagonistas del caso Factop, relata que actualmente atraviesa por una serie de dificultades económicas. No tiene cuenta corriente y solo utiliza su cuenta RUT del BancoEstado. Vive junto a su familia, constituida por su marido y tres de sus cuatro hijos, en un condominio de Peñalolén, y durante las tardes una pareja de Carabineros pasa por su casa para verificar que cumpla con la medida cautelar de arresto domiciliario total que le impuso a fines de abril el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, luego de haber estado 245 día en prisión preventiva en las cárceles de mujeres de de San Miguel y San Joaquín.
“Estoy en una situación económica muy compleja. No tengo trabajo, no tengo oficina, no tengo cuenta corriente. Solo uso mi cuenta RUT y vivo con mis hijos”, explica.
La conversación se da en el contexto de la solicitud de inscripción, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, de las marcas ‘La Imputada’, ‘Caso Audios’ y ‘Caso Hermosilla’ por parte de la abogada. Ella cuenta que ha sido contactada por editoriales y plataformas internacionales de streaming.
Villalobos fue formalizada por el Ministerio Público como una de las principales responsables del esquema de operaciones fraudulentas que involucra a la empresa de factoring Factop y a la corredora de bolsa STF Capital, ambas ligadas a los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg. La Fiscalía la acusa de asociación ilícita, lavado de activos e infracción a la Ley del Mercado de Valores, entre otros delitos.
Durante la conversación con Pulso, Villalobos reconoce que está buscando cómo generar ingresos: “No voy a crear un perfil de Arsmate, pero necesito trabajar”.
¿Cuál ha sido el impacto económico de ser imputada en el caso Factop?
-Los dos (con su marido, Luis Angulo, que también está imputado en la causa) nos quedamos sin trabajo de un día para otro. Para nosotros esto ha sido desastroso, porque pasamos de tener ambos un buen empleo y una vida relativamente tranquila, a no tener nada. Hace dos fines de semana estoy haciendo ventas de garage, porque estoy vendiendo mi ropa, carteras y zapatos. Es muy duro, y la gente cree que esto es jauja. A mí me destruyeron la vida. Rodrigo Topelberg me destruyó la vida, y no tuvo ningún reparo en hacerme pebre, cuando lo único que hice fue tratar de ayudarlo.
¿Ha podido volver a trabajar en este proceso?
-Sí, pero me autoimpuse no tramitar nunca más en sede tributaria. Actualmente, estoy asesorando a personas en causas de familia. Además, soy una persona que escribe y lee mucho, y tengo cuatro cuadernos completos donde detallo toda mi historia.
¿Qué cuentan esos cuadernos?
-Cuento todo: rabia, frustración, pena y todo lo que se habló sobre Cathy Barriga. La pelea con ella es absolutamente falsa. Nunca hablé con ella. Pero debo estar muy agradecida de que gracias a ese cahuín me cambiaron a San Joaquín.
Soy diabética y anémica, por lo que necesito tomar constantemente agua caliente o fría, dependiendo del efecto de la insulina. Necesito al menos seis tazas de agua caliente al día. Mi marido llevó un hervidor que había sido donado para el módulo de San Miguel. Sin embargo, el hervidor se quemó en menos de dos meses porque lo usaban mal, calentando solo pequeñas cantidades de agua.
Un día, el hervidor se quemó y me dijeron que debía hacer una solicitud para que me entregaran uno nuevo. Le informé a la encargada que había que comprar uno nuevo. En ese momento, en el módulo había 18 personas, tres de ellas en situación de calle. La encargada convocó a una reunión a las cinco de la tarde para explicar que la cuota para comprar el hervidor sería de $5.000 por interno. No sé si iban a comprar un hervidor con incrustaciones de Swarovski o algo así, pero el costo era alto.
En ese momento, saqué $5.000 de mi celda y se los entregué. Durante ese tiempo hubo una discusión fuerte entre una joven, que era la jefa de los “pulpos” y estaba en ese módulo, y Cathy Barriga. La pelea empezó porque Cathy decía que Avelina, una de las haitianas con quienes ella estaba, no podía pagar la cuota. La joven le respondió que ella debía pagarle, porque Avelina le hacía todas las cosas, como lavar la ropa y hacer la cama. Cathy respondió que no era su obligación y ahí comenzó la discusión.
Yo tomé mis cosas y me fui a mi celda, quedándome callada. Cathy inventó toda esa discusión conmigo, que nunca existió. Ese mismo día, no sé cómo lo supo Laura Landaeta (periodista), pero ella fue trasladada y se llevó hasta el colchón que le habían dado en San Miguel, ya que le asignaron uno nuevo al llegar. Luego fue al módulo de cuna, donde están las mujeres embarazadas.
¿Qué busca con las inscripción en Inapi de las marcas “La Imputada; Caso Audios; Caso Hermosilla”?
-La idea es poder relatar mi paso por San Miguel, mi paso por San Joaquín, y darle las gracias a Gendarmería de Chile. No fui una interna con privilegios, pero debo agradecer a los funcionarios de San Joaquín.
Quiero que se sepa el motivo por el cual grabé esa reunión. Qué pasó por mi cabeza cuando decidí grabar algo que nunca debí haber registrado. Y más aún, que nunca debió haber sido entregado a Topelberg, considerando que mi relación con Rodrigo Topelberg era de un simple “hola y chao”.
Nunca fui amiga de Rodrigo Topelberg, ni menos de su esposa. Necesito que alguien —realmente— pueda ayudar a resarcir el daño causado a esa gente. Eran personas de la comunidad, eran sus tíos de toda la vida. De toda la vida. Personas a las que trataban como tíos.
¿La han contactado las plataformas Amazon y Netflix para llevar su historia a la pantalla?
-Sí.
¿En qué están esas tratativas?
-Voy a conversar con ellos cuando sea el minuto. Hoy día quiero concentrarme en poder tratar de contar la historia lo más fidedigna posible, lo más certera posible, y después ya veremos.

¿Con estos planes de un libro y eventual serie en plataforma, la idea es mejorar su situación económica?
-Pretendo hacer un trabajo de forma tranquila e idónea. No voy crear un perfil de Arsmate, pero necesito trabajar. No es mi forma de ser ni mi estilo. Pero valoro a quienes lo hacen, porque es un trabajo. Hoy necesito trabajar. Esta es una familia que de un día para otro se vio colapsada con cero ingresos. Entonces, es necesario trabajar. Voy a trabajar de una forma digna. La mejor manera de hacerlo es traspasar las vivencias en el minuto adecuado, cuando se pueda.
¿Alguna editorial la ha contactado?
-Se han contactado dos editoriales y tres periodistas que quieren ser los relatores de este gran caso.
¿Usted hace alguna autocrítica por lo ocurrido? ¿Por qué, cuando Hermosilla habla de crear una caja negra para pagar a funcionarios, no se se retiró de la reunión?
-Porque estaba en estado de shock. Me habían asaltado y no podía entender lo que estaba pasando. El error principal fue no haberme dado cuenta antes de lo que estaba ocurriendo y no haber sido más aguda, como habitualmente suelo ser, para investigar qué hacía Factop.
Hoy ni siquiera tengo cuenta corriente, y desde los 20 años que tenía una. Ahora solo tengo una cuenta RUT. No tenemos acceso al crédito.
A usted se le imputan delitos graves, como el soborno. ¿Qué responde ante esas acusaciones?
-Estoy convencida de que no cometí soborno. A Patricio Mejías, del Servicio de Impuestos Internos, le pedí que revisara si alguno de mis clientes tenía alguna falta para poder subsanarla. Eso lo puede hacer cualquier persona, porque está contemplado en el Código Tributario.
¿Qué espera de la audiencia de reformalización del próximo 26 de agosto?
-Es una audiencia para precisar hechos. No sé qué va a ocurrir. No me puedo aventurar a interpretar qué pretende el Ministerio Público.
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