Este martes la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados abordó el proyecto de ley que busca regular la propiedad intelectual con nuevas medidas tecnológicas de protección y sanciones jurídicas contra la elusión de estas. Ese proyecto fue presentado durante el gobierno expresidente Sebastián Piñera.

La Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam) fue una de las invitadas a exponer sobre este proyecto. El presidente del gremio, y es subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, presentó ante los parlamentarios los perjuicios de la piratería.

De ese gremio son socias empresas como VTR, Mundo Pacífico, Claro, CTR, Huawei, Onnet Fibra y otros.

“Aproximadamente 16 millones de hogares de Latino América acceden a programación de TV de pago por medios ilegales, según un informe elaborado por BB Media y publicado por Alianza (Alianza Antipiratería Audiovisual) en noviembre de 2025. Se estima que en Chile, existen 1 millón de usuarios que acceden a este tipo de servicio de IPTV ilegal“, expuso Ramírez.

“El número de suscriptores residenciales de TV de pago en América Latina y el Caribe que acceden ilegalmente a señales de televisión de pago, sumado a la subdeclaración de suscriptores, supera al número de abonados de cualquier servicio legítimo de TV de pago en la región“, añade.

En ese sentido, se estima que las pérdidas por piratería digital en el 2025 llegaron a cerca de US$1.500 millones en Latinoamérica, y el costo laboral se estima en 40.000 puestos de trabajo.

El caso Magis TV

Durante su presentación, el presidente del gremio apuntó a directamente al caso de Magis TV, y sus sucesores variantes como Flujo TV y Xuper TV, “las cuales son plataformas ilegales de IPTV (Televisión por Protocolo de Internet), que retransmiten canales de TV en vivo, películas, radios y series sin los derechos de distribución, licencias o permisos de sus titulares”, explicó Ramírez.

“Esto no sólo afecta el servicio de Televisión, sino que también a las radios, a proveedores de contenidos, entidades de gestión colectivas como Chileactores, SCD”, enfatizó el presidente del gremio.

“Estas plataformas, no sólo violan las normas de propiedad intelectual y propiedad industrial, sino que también suponen un riesgo para los usuarios por sus términos y condiciones confusos, la posibilidad de robo de información, la exposición de datos personales y de cuentas bancarias y de pago, riesgos del proceso de instalación y amenazas a la ciberseguridad del ecosistema digital”, acusó el líder del gremio de infraestructura digital.

El exsubsecretario apuntó a la facilidad para poder acceder a la plataforma desde Google Play, u otros mecanismos reconocidos para la descarga de aplicaciones ilícitas.

A raíz de casos como estos, Idicam propuso el bloqueo dinámico a nivel industria, con soluciones técnicas orientadas a la prevención, detección y, el bloqueo de las aplicaciones de forma selectiva y no masiva.

“Sin perjuicio de las responsabilidades penales establecidas en esta ley, la autoridad competente podrá disponer, mediante resolución fundada, medidas técnicas proporcionales y temporales de bloqueo o restricción de acceso, respecto de aplicaciones, servicios o plataformas digitales que permitan de forma sistemática y predominante la elusión de medidas tecnológicas de protección, cuando ello resulten dispensables para prevenir infracciones graves y reiteradas a los derechos de autor o derechos conexos”, expuso Ramírez.

Asimismo propone que tiendas de aplicaciones, plataformas de alojamiento y motores de búsqueda tomen medidas de remoción, desindexación o bloqueo de acceso.

Idicam propone que se prohíba “la importación, comercialización o distribución de dispositivos que incorporen de manera pre instalada software, aplicaciones o configuraciones cuyo propósito principal sea la elusión de medidas tecnológicas de protección, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan”. Esto, con el fin de controlar antes de la comercialización masiva y reducir la necesidad de persecución penal posterior.

Finalmente propone dotar de mayores y mejores herramientas a las policías para la efectiva persecución penal de este tipo de conductas; aumentar las penas relacionadas a la violación de propiedad intelectual, y además establecer una gobernanza que permita una coordinación publico privada incluido todo el ecosistema digital para la detección y erradicación de estos ilícitos.

Ramírez enfatizó en que es necesario avanzar hacia un régimen de protección con medidas tecnológicas, más que un enfoque exclusivamente penal. “No se trata de castigar más, sino de proteger mejor”, enfatizó la presentación, subrayando la necesidad de combinar sanción, prevención y coordinación regulatoria en una arquitectura institucional moderna, eficaz y acorde a la dinámica del entorno digital.