En el último tiempo, el debate político se ha visto marcado por el tema de las contribuciones, con propuestas provenientes tanto de parlamentarios como de candidatos presidenciales.

En este contexto, el miércoles el gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto que busca limitar el pago de contribuciones de los adultos mayores al 5% de sus ingresos, pero solo para aquellos que pertenecen al 60% de menos recursos.

Actualmente, los adultos mayores vulnerables económicamente pueden acceder a la rebaja total o parcial de las contribuciones. Según información entregada hace pocos días por el Servicio de Impuestos Internos (SII), hoy el 85% de los adultos mayores que tiene propiedades están exentos del pago del impuesto.

Así, hay 398.819 adultos mayores con propiedades afectas al pago de contribuciones. De ese total, 189.644 están con beneficios.

Sin embargo, esa exención está condicionada por el ingreso de las personas y el avalúo de sus propiedades.

Reales beneficiarios

Desde el centro de estudios Horizontal, a partir de un cálculo realizado con datos de la encuesta Casen 2022 y del Servicio de Impuestos Internos (SII) de 2024, señalan que los adultos mayores potencialmente beneficiarios del límite de pago de contribuciones ascenderían a cerca de 160 mil.

En resumen, esta cifra equivale a cerca del 60% de los adultos mayores propietarios afectos de contribuciones, excluyendo a los beneficiarios de la reducción vigente del 100% de sus contribuciones.

Esta estimación se realizó sobre la base de que existen cerca de 1,7 millones de adultos mayores que son propietarios de alguna vivienda. De ese total, 383 mil -es decir, un 23%- están afectos al pago de contribuciones, pero sacando los que están exentos, hay un universo de 265 mil adultos mayores que deben pagar contribuciones.

Sin embargo, el director ejecutivo de Horizontal, Juan José Obach, advierte que el dato puede ser menor. Esto, explica, “porque estamos asumiendo que ese grupo replica la misma distribución de vulnerabilidad de la población total”.

Sobre la medida, Obach señala que “las fórmulas que se pongan sobre la mesa para aliviar el pago de contribuciones deben enfocarse en aquellos que realmente lo necesitan y, al mismo tiempo, ser responsables desde un punto de vista fiscal. Hoy este tributo recauda cerca de un 1% del PIB, equivale a casi un tercio del déficit estructural del 2024 y se destina casi en su totalidad a municipios”.

¿Qué dicen los expertos?

Los expertos consultados por Pulso coinciden, en términos generales, en que la propuesta del gobierno tendría un impacto bajo.

Hugo Hurtado, socio de Tax & Legal de Deloitte, piensa que esta iniciativa “es una solución que se encamina a ayudar a las personas, pero creo que el efecto va a ser muy limitado”.

El experto asegura que gran parte de los sectores políticos -la derecha, centroderecha y centroizquierda- “esperaban un poco más del gobierno” y que, en ese sentido, lo más probable es que el proyecto “no va a ser aprobado o va a ser sujeto a revisión” por parte de los parlamentarios.

Otro punto relevante que menciona Hurtado es el impacto que esto podría tener en las arcas fiscales. Considerando el déficit actual, destaca que es clave conocer “con qué medidas se va a mitigar el impacto”.

En tanto, Javier Jaque, socio líder de CCL Auditores Consultores, sostiene una visión similar.

Para él, la medida también tendrá un "escaso impacto, ya que poner como tope un 5% de los ingresos al 60% de los adultos mayores más vulnerable es un beneficio que está, en términos reales, por debajo de la línea de flotación del antiguo beneficio de una rebaja del pago por contribución a aquellas propiedades que tengan un avalúo de menos de $215 millones".

En otros términos, “estamos hablando de personas que efectivamente no tuvieron la capacidad para adquirir un bien raíz que fuera superior a una valuación de $215 millones”, destaca.

“Entonces, no tiene lógica el beneficio más que el decir vamos a proponer un beneficio tributario. No obstante, el impacto económico es prácticamente nulo”, agrega.

En tanto, Luis Felipe Ocampo, socio de Recabarren & Asociados, afirma que el tema se está mirando con la “lupa equivocada” y asegura que el impacto de la propuesta, “en los términos como se plantea, va a ser nulo”.

“Hay adultos mayores que tienen una casa en Vitacura, en la Villa del Dorado para ser exacto, y que hoy día esa casa cuesta $600 millones y ellos tienen 86 años y tiene una pensión (...) componente del matrimonio de $950 mil y la cuota de contribuciones cuesta $480 mil. Entonces, cada tres meses se quedan sin comer o sin comprar los remedios. Esa gente no es rica”

Para Ocampo es fundamental realizar un estudio mucho más acucioso, “ver cuántas son las personas que están afectadas verdaderamente por esto y dar una solución real, porque el que tiene una pensión de $300 mil sufre las mismas carencias que uno que tiene $900 mil: la diferencia es que hay uno que tiene una casa un poco más cara no más”, señala.

“Podría ser una ayuda mucho más razonable ampliando el segmento y el tramo, y superar esto de que los ricos y toda esta historia, y hacer normas que signifiquen un apoyo real”, plantea el abogado.