Después de una larga investigación encabezada por el Ministerio Público, el expresidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro Contador (85 años), expresó su satisfacción por el cierre del proceso en su contra.

El caso comenzó en diciembre de 2019, cuando Codelco presentó una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el presunto delito de tráfico de influencias por usar su cargo para beneficiar negocios ligados a su hijo, lo que finalmente fue desestimado por la Fiscalía.

“Recientemente se hizo público el cierre de la investigación judicial ejercida sobre mi persona. Luego de más de 5 años de un silencio autoimpuesto, me dirijo a ustedes para compartir el cierre de una etapa compleja en mi vida”, parte diciendo en una carta abierta.

La indagatoria se inició tras una querella presentada por la propia estatal y fue acompañada de una exhaustiva revisión de su historial financiero, patrimonial y familiar. “La investigación plasmada en una carpeta investigativa de miles de fojas, reúne –entre otras materias– la revisión de mis cuentas bancarias, las de mi familia, mis bienes y mi conducta durante más de 60 años de trayectoria profesional”, afirma.

“La Fiscalía decidió no perseverar en el procedimiento, al no acreditar ningún indicio de delito en los hechos que se me imputaban en una querella interpuesta por mi ex empleador”, escribió, agregando que también se cerraron los procedimientos procesales del Consejo de Defensa del Estado.

“Así concluye un período amargo para mi familia y muy doloroso en lo personal. Durante este tiempo, hemos estado expuestos al escrutinio público y a ser injustamente señalados como responsables de prácticas indebidas. Un hecho infundado dañó mi carrera profesional y el bienestar familiar”, señala en el documento titulado "Pretium Doloris“ (El precio del dolor, en latín).

“Desconozco los motivos de quienes, tergiversando hechos, impulsaron una querella que afectó profundamente mi honra y la de mi familia. Frente al cuestionamiento público de que fui objeto, opté por retirarme de toda actividad empresarial, decidido a limpiar mi nombre y el de los míos. Así, de forma impensada, puse una pausa a mi vida como minero”, continuó.

Con el cierre definitivo de la causa, Pizarro concluyó: “La decisión incuestionable de la Fiscalía ratifica mi actuar, libre de toda sombra de duda o sospecha. Solo deseo cerrar este capítulo amargo en el ocaso de mi vida profesional y olvidar los sinsabores y amarguras que vivimos como familia”.

Conflicto

El conflicto comenzó el 23 de diciembre de 2019, cuando Codelco presentó una querella ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago por el presunto delito de tráfico de influencias. El abogado Rafael Collado —hoy subsecretario de Seguridad Pública— redactó el escrito a nombre de la empresa estatal, señalando una serie de hechos relacionados con el entonces presidente ejecutivo de la minera, Nelson Pizarro Contador. La denuncia apuntaba a que Pizarro habría usado su cargo para beneficiar negocios ligados a su hijo, Nelson Pizarro Contreras.

Según la querella, en 2015 Codelco División Salvador contrató de forma directa a la empresa Ingeniería y Maquinarias Indak Limitada, propiedad de José Miguel Julián, socio del hijo de Pizarro. La justificación fue una emergencia provocada por un aluvión. Sin embargo, el escrito afirmaba que esa contratación se hizo por orden directa de Pizarro. Además, acusaba que el ejecutivo habría financiado la casa de su hijo a través de operaciones con Julián, como un préstamo y la compraventa de un inmueble, lo que —según Codelco— constituía un conflicto de interés que no fue informado.

Según la querella, Pizarro, como funcionario público, habría favorecido a su hijo usando su autoridad dentro de la empresa, sin abstenerse ni advertir del vínculo. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, liderada por la fiscal Constanza Encina.

Cinco años y cuatro meses después, la causa tomó otro rumbo, decretándose el cierre de la investigación, pues la Fiscalía decidió no seguir adelante con el caso al considerar que no existía prueba suficiente para llevar a los imputados a juicio.

El 24 de abril de 2025, el fiscal Cristóbal Salazar informó al tribunal que la Fiscalía decidió no perseverar, señalando que ya se habían hecho todas las diligencias necesarias.