Pivotes lanzó una campaña para juntar firmas ciudadanas y solicitar a miembros del Parlamento el rechazo de la norma incluida en el proyecto de ley de reajuste del sector público, más conocida como “ley de amarre”.

Más que el alza salarial del 3,4%, lo que ha encendido el debate es esta norma que busca dar estabilidad laboral de forma permanente a trabajadores transitorios.

“Lo que se está intentando aprobar, en el marco de una ley de reajuste, es una modificación profunda al régimen del empleo público, sin el debate público ni legislativo que un cambio de esta magnitud amerita”, señala Juan Francisco Galli, director ejecutivo de Pivotes.

Los argumentos

A través de un comunicado, el centro dijo que esta norma presenta tres problemas fundamentales:

• Legaliza la llamada "confianza legítima" en el sector público sin una discusión adecuada ni una evaluación integral de sus efectos sobre la gestión del Estado, la probidad y el principio de mérito.
• Se impulsa en el último año del actual gobierno, generando un “amarre” institucional frente a una próxima administración de un signo político distinto, lo que afecta la necesaria flexibilidad para conformar equipos y gestionar políticas públicas.
• Desnaturaliza la figura de la contrata, que por ley es temporal y excepcional, transformándola de facto en una vía de estabilidad permanente, sin abordar el problema de fondo: la ausencia de una reforma integral al empleo público que modernice el sistema, fortalezca el mérito y entregue reglas claras y justas tanto para el Estado como para sus trabajadores.

Pivotes dijo que la precariedad y la falta de evaluación en el sector público es un problema real, pero que su solución no puede darse “mediante normas parciales y transitorias incluidas en leyes de reajuste, sino a través de una reforma seria, transparente y de largo plazo”.