Las crisis fiscales ocurren cuando el mercado pierde la confianza en la capacidad de un gobierno de pagar sus obligaciones, lo que se refleja en una caída en el valor de esa deuda, que normalmente se considera la referencia para valorizar las deudas de las empresas del país. Los costos de estas crisis se ven magnificados por la necesidad de ajustar los gastos y aumentar los impuestos en forma precipitada para recuperar el acceso al crédito.

La última crisis fiscal chilena ocurrió a comienzos de los 70 y culminó con un tremendo ajuste en impuestos y gastos del gobierno en 1975, para eliminar los desequilibrios previos.

Chile no está hoy viviendo en este tipo de crisis, pero si cayera en una, su impacto afectaría también el valor de todos los activos financieros de renta fija, especialmente de largo plazo, con graves pérdidas para familias y empresas.

Normalmente estas crisis resultan de períodos prolongados de deterioro de la posición fiscal por gastos permanentes que no alcanzan a ser financiados con los ingresos regulares del Fisco. La persistencia de los déficits se traduce en aumentos del nivel de deuda pública y mayores gastos en el pago de intereses, lo que va achicando los espacios para los gastos que ya están comprometidos. Así, el país va quedando cada vez más expuesto al riesgo de un evento adverso, como una caída en el precio del cobre, un alza de las tasas de interés internacionales o una recesión global. En ese caso, los inversionistas no solo dejan de comprar deuda del gobierno, sino que tratan de venderla.

A mediados de la década pasada, Chile empezó a transitar por este camino y la deuda pública creció desde el 10% a más del 40% actual. Como, además, la economía ha crecido poco y las tasas de interés internacionales han subido algo, si estos déficits se mantienen, en pocos años podríamos enfrentar un riesgo relevante.

Se ha dicho que el gasto es muy rígido, con obligaciones que se deben cumplir. Esas rigideces se han producido por leyes que han resultado ser imprudentes y se pueden corregir también por la vía legal. Sin embargo, en el corto plazo, eso es cierto, y por eso los ajustes abruptos, obligados por una crisis son tan dolorosos.

Se ha insistido mucho en la conveniencia de aumentar los impuestos, pero eso tampoco es popular y los rendimientos de esas alzas son decrecientes. Por otro lado, ha aumentado la percepción de que hay muchos gastos innecesarios, lo que aumenta más la resistencia a incrementar impuestos. En este empate entre gastos que no bajan e impuestos que no suben, se mantiene la inercia y la deuda pública sigue subiendo.

Hoy hemos llegado al punto en que es imprescindible romper esa inercia, antes de que se produzca una crisis. Para ello, primero hay que romper el bloqueo mental que impide rebajar gastos porque podría ser impopular, al menos entre los grupos más afectados. En segundo lugar, hay que pensar en una estrategia de mediano plazo que debe partir por la construcción de acuerdos que permitan vencer la oposición de intereses de grupos particulares y que den soporte a una estrategia persistente de ajuste eficiente en el gasto. Esta no es una tarea fácil, porque al ser una estrategia preventiva, nadie va a percibir una mejora en el corto plazo, pero es algo imprescindible para evitar grandes costos en el futuro.

Los mayores ajustes con efectos permanentes deben venir en el gasto corriente, donde las partidas más importantes son el gasto en personal, gastos operacionales, especialmente en salud, y transferencias, donde se detecten excesos, ineficiencias y abusos.

En gastos de inversión hay espacios para eliminar algunos elefantes blancos, pero estos son ajustes por una sola vez y no resuelven el problema de fondo. Más importante es revisar exhaustivamente los procesos de evaluación de proyectos de inversión pública, recuperando la rigurosidad perdida en las últimas décadas.

Nada de esto es fácil, ni popular ni se puede lograr de la noche a la mañana. Más que motosierras, se requiere un trabajo persistente de especialistas que vayan identificando excesos y actuando gradualmente con precisión quirúrgica en forma sostenida en el tiempo. Ello puede lograrse con acuerdos políticos amplios que den legitimidad y continuidad en el tiempo a esta tarea.

Nota: El autor es también miembro del Consejo Fiscal Autónomo