En el proyecto de ley de Presupuestos 2026, el gobierno estableció que el gasto en remuneraciones del sector público se mantendrá “en valores nominales 2025”.

¿En qué se traduce en la práctica? El ministro Nicolás Grau lo explicó a principios de esta semana así: “Lo que nosotros presentamos en la ley de Presupuestos es que el total de gasto en remuneraciones se mantiene estable en términos nominales”. Pero precisó que “hay distintos mecanismos para ello. Uno importante, por ejemplo, es limitar las nuevas contrataciones que reemplazan a gente que se retira (del sector público). Ese es un mecanismo para que se pueda contener la expansión del gasto en salarios”.

Al respecto, un primer elemento es el retiro de funcionarios, que se traduce en que el artículo Nº10 del proyecto de Presupuestos se establece que solo se repondrá uno de cada tres funcionarios que se acojan a un beneficio de retiro previsto en la ley, por lo que, a juicio del Ejecutivo, habrá recursos disponibles para reajustar los salarios del sector público -proceso cuya negociación tendrá lugar en noviembre próximo-, pero dentro del mismo gasto en remuneraciones totales.

Sin embargo, al paso de este supuesto salió el instituto Libertad y Desarrollo (LyD). En un informe reciente señala que “el gobierno ha indicado que el reajuste, al menos de las remuneraciones, se financiaría con los recursos que se liberen con una reducción de la dotación efectiva en el sector público. Para entender si efectivamente ello generará el espacio fiscal suficiente, se debe conocer cuánto han sido en el pasado el número de funcionarios que se ha acogido a la ley de retiro voluntario”.

En ese sentido, detalla que “en los últimos 10 años el total de funcionarios que se ha retirado acogiéndose a una bonificación oscila entre los 1.147 y los 5.385”.

Por lo mismo, plantea que bajo el supuesto de que en 2026 se pudieran retirar 5.000 funcionarios, solo reemplazando 1 de cada tres, y asumiendo un ingreso mensual promedio en valores de 2026 de $3.664.000 (ley de Presupuestos 2026), el ahorro para el año completo, asumiendo que se retiran el 1 de enero, sería del orden de $147 mil millones. “Esta cifra es muy inferior al costo identificado en la Ley de Reajuste del Sector Público para el año 2025, considerando solo el componente de reajuste de remuneraciones y subvenciones, el que en valores del 2026 fue de $1.296 miles de millones”, precisan.

Pero los cuestionamientos no se quedan solo en ese punto del Presupuesto, también apuntan a los cálculos del crecimiento del gasto en personal.

“En la tabla II.4.1 del Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre se indica que el gasto en personal el año 2026 crece, en términos reales, un 6,5% ($16.215 miles de millones para el año 2025 versus $17.262 miles de millones para el 2026). Sin embargo, en términos reales crece solamente un 3,3%”, señalan desde LyD.

Asimismo, especifican que “la diferencia se produce porque al presentar las cifras del gasto en personal para 2025 se entregan las cifras en pesos de este año y no reajustadas a pesos del 2026, como indica la tabla. Esto es una alteración a la forma de presentar la información que no se ha visto en períodos anteriores. Tampoco está relacionada con la discusión de si habrá o no reajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos para el próximo año”.

Resaltan que una “situación similar también se observa en el programa 09.01.20 del Ministerio de Educación relativo a las subvenciones a los establecimientos educacionales. Las cifras presentadas por la autoridad indican una caída real de un 0,9%, pero en realidad la caída real es de un 3,8% cuando se reajuste el valor del presupuesto vigente 2025 en pesos del 2026. Ello se traduce en una caída de $356 miles de millones para el próximo año”.

Bettina Horst, directora ejecutiva de LyD, explica que “el aumento real del gasto en personal es menor de lo que la Dipres ha indicado, lo que significa que en prácticamente todos los ministerios viene cayendo el gasto en personal en relación al año 2025″.

Para la economista, “mas allá si ello es bueno o malo, se debe transparentar y no entregar cifras erróneas en todas las partidas presupuestarias. Ello no tiene nada que ver con la discusión que si habrá o no reajuste al sector público”.

En este contexto, la experta enfatiza que “la equivocada información que la Dipres ha entregado, no solo se ha visto en el gasto en personal, sino que también en otras partidas como por ejemplos las subvenciones para la educación escolar y en jardines infantiles. El Congreso debe discutir la ley de presupuesto en base a información correcta. Y eso hoy no es así”.