El gobierno fue a presentar oficialmente este miércoles a los senadores de la comisión de Educación la indicación sustitutiva que ingresó al proyecto de sala cuna universal.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, comenzó explicando que la fórmula de financiamiento considera la creación de un Fondo de Sala Cuna, que es financiado por una cotización de cargo del empleador de 0,35%, que “a diferencia del proyecto anterior, acá va a ser 100% compensada con una reducción de la cotización del empleador al Seguro de Cesantía (SC)”.

Enfatizó que esto no toca el stock de dinero acumulado actualmente en el SC, sino el flujo que pagará el empleador a futuro, donde la compensación se distribuirá entre dos componentes: una reducción de 0,2% de la tasa de cotización de cargo del empleador destinada a las cuentas individuales de cesantía (CIC), y una reducción de 0,15% de la tasa de cotización al Fondo de Cesantía Solidario (FCS). “Acá no se está planteando retirar dinero del fondo de las CIC o del FCS”, puntualizó.

Por eso recalcó que esto “es neutro para el empleador, es decir, no estamos introduciendo un costo adicional de contratación”. En todo caso, reconoció que “obviamente, si hay un menor aporte mensual, la acumulación futura (en los fondos de cesantía) va a ser menor, eso es así”.

Por su parte, la Dirección de Presupuestos (Dipres) no alcanzó a presentar los detalles financieros del proyecto, cuestión que podría ocurrir este jueves. Pero hacia el final de la sesión sí circuló entre los senadores un estudio realizado por la Superintendencia de Pensiones, que analiza el impacto de disminuir la tasa de cotización de cargo del empleador en la CIC y el FCS, en línea con lo propuesto por el gobierno en este proyecto de ley.

El referido estudio concluye que el proyecto de ley "no compromete la sustentabilidad de largo plazo del FCS”. Eso arrojó luego de hacer una proyección “a partir de un modelo de micro-datos que simula los ingresos y egresos de los fondos de cesantía (FC) hasta diciembre 2035. Para esto, se utilizan los resultados de una estimación conjunta del salario y de la probabilidad de cotizar (ingresos), y una estimación de la probabilidad de pedir beneficios (egresos). Además, se aplica a esta proyección una serie simulada de la rentabilidad de los FC”, explica.

El estudio concluyó que “si bien en el escenario analizado se registra una caída en el patrimonio del FCS, no se pone en riesgo la sustentabilidad de largo plazo". En comparación al escenario base, el patrimonio del FCS tendría una tasa de crecimiento menor en caso de aplicarse este proyecto de ley, que se observa desde la fecha en que se inicia la proyección en adelante, esto es desde junio de 2026, “y que es creciente en el tiempo”. Hacia el final del horizonte de proyección, es decir, hacia diciembre de 2035, el patrimonio alcanzaría $4.944.953 millones, un 23,3% inferior que el patrimonio proyectado en el escenario base.

En paralelo, los saldos acumulados en las CIC también presentarían una diferencia al aplicarse este proyecto de ley, en comparación con el escenario base. “El valor del saldo CIC alcanzaría $14.551.195 millones al final del período de proyección (2035), un 7,4% inferior al escenario base”, sostiene el documento.

Entre otras cosas, “el escenario base de esta simulación incluye la reforma al Seguro de Cesantía (Ley N° 21.628) y la reforma de pensiones (Ley N° 21.735). Asimismo, la simulación incorpora un escenario hipotético de estrés, que supone la existencia de crisis económica y financiera a partir de enero de 2026, con duración de uno y dos años, respectivamente, con los parámetros habituales del modelo de proyección SC estándar".

Además, las simulaciones “asumen que la disminución de la tasa de cotización de la CIC no afecta la tasa de uso del seguro, ni el derecho a acceder a las prestaciones, sino solamente los saldos acumulados en las CIC y, por lo tanto, la distribución del financiamiento entre la CIC y el FCS”.

La iniciativa

El proyecto de ley del gobierno propone que la cotización que se destinará al Fondo de Sala Cuna será administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), quien estará a cargo la recaudación de cotizaciones, la recepción de los antecedentes para efectos de otorgar el financiamiento y el pago del aporte, entre otras.

También se crea un Sistema Público de Registro de Salas Cunas adscritas al Fondo, que será administrado por la Subsecretaría de Educación Parvularia, y entregará información actualizada de matrícula y cupos disponibles en salas cunas adscritas que cumplan los requisitos del artículo 203 del Código del Trabajo.

Rau explicó a los senadores que hoy dicho artículo establece que los empleadores que tengan 20 o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil deberán tener salas anexas e independientes del local de trabajo donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo. “Llevamos 109 años de esta regulación que implica un impuesto a la contratación de mujeres”, comentó.

También indicó que el proyecto propone “tener una comisión técnica que estudie los costos de sala cuna y que proponga aranceles diferenciados para las distintas regiones, pero en el evento que una familia, por ejemplo, decida por una sala cuna que tiene un costo algo mayor de ese arancel de referencia, puede copagar, o también si es que tiene acuerdo con el empleador”. Pero puntualizó que esto último no es obligatorio para el empleador, sino que voluntario de mutuo acuerdo.

“Esta comisión técnica de financiamiento que he mencionado no es sólo para fijar los montos, sino también la idea es que se realicen estudios actuariales con cierta periodicidad, de la sostenibilidad de este Fondo. De acuerdo al informe financiero que elaboró la Dipres, la sostenibilidad bajo los supuestos que hemos trabajado, está garantizada al año 10 con creces”, dijo Rau.

Asimismo, sostuvo que hoy ya existe una red de salas cuna importante en el país, con Junji e Integra, “pero en la medida que vayan aumentando los niños de distintos grupos, vamos a necesitar que también se creen nuevos cupos en actores privados o públicos. Entonces, la gradualidad (de cuatro años establecida en el proyecto) tiene dos razones, por un lado potenciar el Fondo, y por otro también permitir que la oferta responda a este aumento en la demanda”.