“La sostenibilidad de largo plazo no estaría en riesgo, incluso ante eventuales escenarios de crisis económica y financiera”.

Eso fue lo que concluyó la Superintendencia de Pensiones según el diseño vigente del Seguro de Cesantía, de acuerdo a un estudio actuarial que realizó de dichos fondos que tienen un financiamiento tripartito, dado que allí hay aportes compartidos entre trabajadores, empleadores y el Estado.

El regulador hizo esta proyección en base a un modelo que desarrolló y que permite anticipar la sostenibilidad tanto del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) como de las Cuentas Individuales de Cesantía (CIC), junto con evaluar los efectos de posibles reformas.

Sin embargo, el estudio agregó que “dado los recientes cambios introducidos al diseño del Seguro de Cesantía por la Ley N°21.628 y la extensión del Seguro de Lagunas introducido por la reforma de pensiones (Ley N°21.735), no se descartan cambios de comportamiento en la dinámica laboral y en las decisiones de acceso a beneficios por parte de los afiliados, que podrían afectar negativamente la acumulación de los Fondos de Cesantía".

Si bien la superintendencia incorporó en su modelo de proyección las reformas recientes, a lo que apunta el regulador es a mirar a futuro si estas modificaciones legales generan cambios de comportamiento en las personas, lo que no ha sido utilizado como supuesto acá para hacer la referida estimación.

Lo anterior “implica que los cambios estructurales en las dinámicas de comportamiento deberán ser monitoreados cuidadosamente en el mediano y largo plazo. Dichos cambios podrían requerir ajustes en el modelo vigente, el cual se basa en información histórica para estimar las ecuaciones de comportamiento. Por lo tanto, será necesario adaptar el modelo a medida que se disponga de nueva evidencia sobre los efectos de la pandemia y las reformas recientes en el mercado laboral y en los fondos de cesantía”, puntualiza el documento.

El regulador también cree que a futuro hay que evaluar nuevamente la sostenibilidad del fondo considerando también otros factores, como por ejemplo, “eventuales cambios en la dinámica del mercado laboral introducidos por la pandemia Covid-19″.

El estudio reporta que a diciembre de 2023 el Seguro de Cesantía contaba con más de 11,6 millones de afiliados y cerca de 5,2 millones de cotizantes mensuales. En total, a mayo de 2025 en las cuentas individuales de cesantía había $10.301 mil millones, mientras que en el FCS eran $3.305 millones.

Las proyecciones

El Estado debe realizar una evaluación de sostenibilidad obligatoria del Seguro del Cesantía cada cierto tiempo, debido a que se destinan recursos fiscales cada año, equivalentes a 225.792 UTM, es decir, unos $15.194 millones.

Por eso la Superintendencia de Pensione hizo este estudio, donde proyecta ingresos y egresos en el tiempo, “relacionados también con la acumulación y uso de la CIC”, dado que “todos los trabajadores que acceden al FCS deben primero agotar sus ahorros individuales”.

A raíz de lo anterior el documento proyecta “la capacidad de acumulación del sistema, es decir, el volumen y la periodicidad con que los afiliados cotizan, ambas variables determinadas por el tipo de contrato y el salario, entre otros. En segundo lugar, se determina la desacumulación de los fondos, la cual se produce a partir de las prestaciones por cesantía, distinguiendo si son con cargo a la CIC o al FCS”.

La Superintendencia destaca que en esta ocasión hicieron “varias mejoras y actualizaciones con respecto a los estudios actuariales anteriores. La más significativa se refiere a la metodología de estimación y proyección de la probabilidad de cotizar y el salario asociado a dicha cotización”.

Se hace la simulación de un escenario base y otro en un escenario de crisis, y se aplican 2.000 series estocásticas de rentabilidad, es decir, simulaciones que proyectan los retornos de cada clase de activo y con ellos el retorno del CIC y el FCS para 12 años.

En todos los casos el fondo del Seguro de Cesantía es sostenible en el largo plazo. El escenario de catástrofe y/o alerta sanitaria (Ley N°21.628) que simuló el regulador, considera “una caída de 7% en cotizantes a nivel nacional, cada dos años desde el 2025, que resulta en un aumento de beneficiarios del orden de 36% en los meses posteriores“.

En ese sentido, el regulador explica que “a modo de referencia, para el terremoto de 2010 el aumento en beneficiarios fue de 42% para los tres meses en que se flexibilizaron requisitos de acceso” al Seguro de Cesantía.

“Respecto de los pagos adicionales para beneficiarios que se encuentren en su último giro, se realiza una muestra del 32% de los beneficiarios en pago totales del país y se imputan dos giros adicionales para quienes se encuentren en su último pago”, puntualiza el documento.

Como resultado, el estudio encuentra que tanto para los fondos de la CIC y el FCS, “se observa una tasa de crecimiento positiva y sostenida durante todo el período de proyección. Las tasas de crecimiento anual de estos fondos en el período proyectado son de 4,9% y 7,5% para la CIC y el FCS, respectivamente. Se observan las caídas de patrimonio en los períodos de catástrofes simuladas”.

El regulador también proyectó un escenario con crisis de empleo, “que comienza en enero de 2026 y tiene un impacto negativo en la probabilidad de cotizar. Se especifica que, en promedio, la probabilidad de cotizar disminuye en un 2,7% por cada individuo debido a la crisis, lo que genera una caída del 5,8% en el número de cotizantes en el primer mes, lo que se explica por el aumento en la tasa de desempleo (respecto del total de afiliados) que sube en 4,3 puntos porcentuales en promedio”.

Agrega que “este aumento se toma como un parámetro de referencia basado en la crisis económica de 1997-1998, donde la tasa de desempleo aumentó en 4,7 puntos (de 6,4% a 11,1%)”.

Si bien se observa en el resultado una disminución de los fondos, de todas maneras el Seguro de Cesantía se ve sostenible. “El modelo desarrollado destaca por su mayor robustez en las estimaciones de las ecuaciones de comportamiento, en comparación a los modelos actuariales previos”, sostiene el estudio.