Un nuevo flanco se abrió en la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) luego de que se diera a conocer que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos deberán devolver US$14,3 millones de bonos asociados al cumplimiento de metas de producción de 2025, tras la corrección de cifras realizada por la estatal.

Fue en una auditoría interna de Codelco, dada a conocer por La Tercera, que se reveló la sobreestimación de casi 27 mil toneladas reportadas como producción efectiva sin cumplir con las exigencias técnicas, administrativas y comerciales de los protocolos internos de la compañía.

En específico, la auditoría dio cuenta que el material contabilizado como producción final no cumplía con los requisitos internos para ser considerado producto terminado, lo que obligó a recalcular las cifras globales de la estatal.

La producción de Codelco en 2025, estimada en 1,33 millones de toneladas, disminuyó en un 2% con la corrección, es decir, la producción efectiva de aquel año fue de poco más de 1,30 millones.

La situación, que afectaría a funcionarios de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, abrió un debate sobre eventuales movilizaciones de parte de los sindicatos de la estatal y la creación de una nueva comisión investigadora en la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión de Minería, Cristian Tapia (PPD), apuntó directamente al director de Codelco por la sobreestimación de material. “Una cosa que hay que tener claro, la responsabilidad no es responsabilidad de los trabajadores, es del ejecutivo, del director de Codelco, porque los trabajadores no hacen cambio de producción. Ellos lo que hacen es producir el cobre, lo que ellos les piden", sostuvo Tapia.

Los ejes de la comisión investigadora

A medida que aumenta la incertidumbre del impacto laboral de este error, en el Congreso ya se evalúa la creación de una comisión investigadora para ahondar en los eventuales alcances de la auditoría de la estatal. Es así que algunos miembros de la Comisión de Minería de la Cámara Baja ya comenzaron a delinear los ejes de una eventual investigación.

Por su parte, la diputada Valentina Cáceres (IND-FA) sostuvo que los ejes prioritarios deben centrarse en determinar si existieron fallas graves de control interno, negligencias en el directorio y esclarecer quiénes validaron estas resoluciones. “La comisión debe ir al fondo de este escándalo y no transformarse en un simple trámite político”, sentenció Cáceres.

Por su parte, la diputada Paula Olmos (PDG) apuntó a revisar si los mecanismos internos de control funcionaron o fueron omitidos de forma deliberada. “Aquí no puede haber espacio para dudas ni opacidad. La ciudadanía y los trabajadores merecen respuestas claras”.

En tanto, el diputado Erich Grohs (PNL) detalló que buscarán la “trazabilidad financiera” para identificar a los ejecutivos que visaron el desembolso de los US$14,3 millones sabiendo que las metas no se habían cumplido, junto con la responsabilidad legal del directorio saliente.

Por su parte, el diputado Daniel Valenzuela (RN) informó que la comisión ya solicitó una sesión especial para analizar la situación y, en caso de constituirse la instancia investigadora, se exigirán respuestas respecto a las razones del aumento en gastos de fachada, las identidades de los ejecutivos que cobraron bonos y las causas detrás de la deuda actual de la compañía.

Previamente, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnic, sostuvo que el proceso de devolución debe realizarse “con gradualidad y apego a derecho”, modalidad reprochada por los miembros de la Comisión de Minería.

Cáceres apuntó que “la gradualidad por sí sola no resuelve el problema de fondo, que es la falta de comunicación y diálogo previo con las organizaciones sindicales“. Coincidiendo con este diagnóstico, Olmos señaló que la medida genera desconfianza cuando “los trabajadores deben asumir costos de decisiones administrativas sin ser informados a tiempo”.

Grohs, por su parte, rechazó la gradualidad calificándola como una “salida política deficiente” que otorga privilegios temporales que no se aplican a los contribuyentes comunes. En tanto, Valenzuela, sostuvo que la modalidad de reintegro —sea gradual o de una sola vez— debe considerar a los trabajadores.

Eventuales manifestaciones de trabajadores

El dirigente del sindicato N°1 de Chuquicamata y representante de la Federación de Trabajadores del Cobre, Alberto Muñoz, advirtió para Radio ADN este sábado que el clima interno es de creciente tensión.

“El trabajador no tiene culpa de nada. Si hay errores, no son de los trabajadores. No hemos tenido ninguna conversación con la administración. Estamos en alerta y si tenemos que llegar a la movilización, la vamos a hacer”, afirmó el dirigente.

Ante las eventuales manifestaciones, las diputadas Cáceres y Olmos coincidieron en que no corresponde trasladar de forma automática la carga o las consecuencias económicas a los trabajadores y propusieron abrir mesas de diálogo para evitar un impacto en la producción y los ingresos fiscales del país.

Una visión opuesta manifestó Grohs, quien apunto que “amenazar con paralizaciones ante la devolución de un dinero que legalmente no les corresponde es un acto de presión ilegítimo que busca imponer el interés gremial por sobre la ley”.

Con una postura intermedia, Valenzuela indicó estar “del lado de los trabajadores” al no considerarlos responsables del desorden administrativo, pero precisó que “el dinero de todos los chilenos debe volver a las arcas fiscales”.