Hace cinco meses, el perito judicial Carlos Schencke entregó, al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, un completo peritaje contable sobre los balances de FW Corp. En el marco de la acción judicial -por indemnización de perjuicios- que mantiene el ex gerente de Administración y Finanzas de la inmobiliaria, Julio Abud -desvinculado en marzo de 2016, contra la compañía, la firma solicitó un estudio que determinara la efectividad de los estados financieros, posibles correcciones de ellos y su incidencia en los resultados. Las conclusiones fueron lapidarias: pérdidas millonarias, rentabilidades inexistentes y patrimonio que poco y nada decía relación con lo estimado inicialmente.

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El peritaje hizo el comparativo entre lo mostrado por la auditora PwC hasta 2014, y luego lo rectificado y evidenciado por KPMG desde 2015. Esta última firma fue contratada por el directorio en 2016 justamente para realizar una auditoría forense que permitiera conocer el real estado de las finanzas de la compañías.

Así, si PWC hablaba de una utilidad de $3.176 millones para 2013, y de $1.428 millones para 2014; KPMG, evidenció ganancias menores por $819 millones para 2013 ($2.357 millones) y una pérdida por $5.377 millones para el año siguiente. En 2015, los números negativos superaron los $15.023 millones. "En nuestra opinión, los resultados indicados por KPMG representan mejor el resultado efectivo de FW Corp., para los períodos indicados", señala el peritaje. Aún más, el reporte mostró diferencias relevantes en cuanto a otros indicadores.

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Según lo auditado por PwC, la compañía obtuvo consistentemente un patrimonio superior a los $11.000 millones anualmente. De hecho, entre 2012 y 2014, éste promedió los $13.134 millones a ojos de PwC. Con estos números, la rentabilidad sobre patrimonio promediaba 14,5%, alcanzando peaks de 23,6% en 2013 y niveles más moderados -de 9,8%- para 2014.

Lo vislumbrado por KPMG fue diametralmente distinto. En 2014, por ejemplo, el patrimonio fue la mitad que lo señalado por PwC, totalizando $6.783 millones. Considerando que la nueva auditoría dio que la utilidad para ese año era negativa en $5.377 millones, la rentabilidad sobre patrimonio para ese ejercicio alcanzó -79,3%, mientras PwC hablaba de un indicador positivo en 9,8%.

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De esta forma, mientras para PwC el promedio de la relación rentabilidad/patrimonio entre 2012 y 2014 alcanzaba los 14,5%; para KPMG, era negativo en 16,9%. Sólo considerando 2015, la compañía anotó un patrimonio negativo en $7.834 millones. Dado ello, el perito señaló que "no es posible y no tiene sentido calcular la rentabilidad". "La corrección efectuada por KPMG, habría cambiado la rentabilidad promedio en relación al patrimonio de los años 2012 al 2014, de positivo a negativo", dice el informe.

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Uno de los puntos de discusión en la causa laboral que sigue adelante el ex gerente de Administración y Finanzas contra FW, dice relación con pagos de bonos en base a resultados. Uno de ellos, se pagaba siempre y cuando la rentabilidad fuera superior a 8%. Según se lee en la contestación de la acción judicial por parte de la inmobiliaria, "los únicos beneficiarios de este bono de largo plazo era Rodrigo Gana -ex gerente general, sindicado como uno de los responsables de la crisis financiera- y Julio Abud (también considerado parte de la problemática)". De hecho, ambos no habría sido beneficiarios de ningún bono desde 2014 en adelante si es que se considerarán los resultados auditados por KPMG.

DUDA EN FACTURAS A PARTES RELACIONADAS

El informe no sólo reveló profundas diferencias en las rentabilidades, sino que se detectaron problemas en las provisiones y en la facturación. El peritaje señala que se evidenció facturación anticipada a empresas relacionadas, las cuales diferían del contrato suscrito respecto de dicha factura, asegurando que en algunos casos, incluso ese monto no se había recuperado. Por ejemplo -subraya- como ocurre en un contrato con inmobiliaria Parque Buin, facturado un 30% anticipadamente por $139,6 millones, cuyo monto aún no se recupera. "Y las facturas 967 y 968, por $232 millones y $281 millones, respectivamente, emitidas en noviembre de 2015, anuladas en abril de 2016. Dicho procedimiento, en definitiva, lo que hace es acrecentar o generar una utilidad inexistente", dice.  Además, se da cuenta de ciertas deficiencias en provisiones.