A las nueve de la mañana de ayer, todos los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría llegaron hasta el comando presidencial de Michelle Bachelet ubicado en el barrio Italia para recibir, de manera oficial, la versión final de su programa de gobierno.

En un encuentro que se extendió por cerca de una hora y en el que también participaron Alberto Arenas y Rodrigo Peñailillo, la ex directora de ONU Mujeres comentó los lineamientos generales del programa y aseguró a los presentes que la versión final representaba “a todos los sectores de la coalición”.

Minutos después, y ya con el programa en mano, los presidentes de partidos y la candidata se desplazaron hasta el teatro Huemul en Santiago donde se lanzó su programa de gobierno de manera oficial, el que fue públicamente apoyado por toda su coalición.

El documento, sobre el que se especuló durante semanas, tiene una extensión de 193 páginas y está dividido en 32 temáticas, las que a su vez están agrupadas en cuatro grandes áreas; programa económico, protección y oportunidades, descentralización, territorio y desarrollo y derechos ciudadanos. A estos se suma un capítulo especial dedicado a las tres reformas de fondo que marcarán su eventual segundo gobierno; reforma educacional, reforma tributaria y nueva Constitución, las que ya habían sido anunciadas durante la campaña de la elección primaria.

El lanzamiento de este texto, sin embargo, no despejó todas las dudas que existían alrededor el programa de la ex mandataria.

Uno de los anuncios más esperados era la precisión del método con el que la candidata busca concretar el cambio a la Constitución, una pregunta que continuará en duda ya que la única información entregada respecto a este tema es que se realizará a través de un método “democrático, institucional y participativo”. Así, aún continúa en duda la real viabilidad de una asamblea constituyente, considerado como una prioridad por parte de los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría y que es visto con recelo por parte de la Democracia Cristiana.

Respecto a la reforma tributaria, el texto no presenta ningún tipo de novedad en relación al documento oficializado en junio de este año cuando Bachelet anunció un alza en los impuestos de las empresas pasando de un 20% a un 25% de forma gradual. Pero despejó una duda que preocupaba al empresariado, ya que confirma que no se eliminará el FUT histórico.

Este último punto junto al de la gratuidad universal en la educación superior, a la que se avanzará de manera gradual en un proceso que tomará seis años, serán grandes ejes que quedarán para después de un eventual segundo gobierno de la ex mandataria.

En el área educacional se postula además el término gradual del financiamiento compartido, el término de la administración municipal y el fin al lucro en todo sistema educativo.

En términos laborales y pese a que miembros del equipo programático de Bachelet habían asegurado que los gremios quedarían conformes con estos anuncios, a juicio de los dirigentes aún quedan muchas dudas por resolver respecto a la implementación real de estas medidas. Bajo este escenario es que desde la ANEF esperan poder concretar cuanto antes un encuentro con la candidata, el que había sido solicitado para el 15 de octubre y fue postergado por la propia ex mandataria a la espera del lanzamiento del programa.

Con todo, se espera que hoy a las 09.30 horas los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría se reúnan nuevamente, esta vez para analizar de manera más completa luego de haberlo revisado en profundidad.

Aquí las principales medidas anunciadas para el eventual segundo gobierno de Bachelet

Energía  

Se plantea desarrollar una política nacional de energía en los primeros 100 días de gobierno, a la que se sumará en el corto plazo la implementación de la Ley de Fomento de las ERNC, la de Fomento de la Energía Distribuida e incentivar la instalación de paneles termo solares en viviendas. Se propone también la aprobación de una norma que facilite la implementación de la interconexión de los sistemas SIC y SING. En el largo plazo el programa aborda tres temáticas: la planificación participativa para discutir la política eléctrica, mejor regulación de la transmisión eléctrica y promoción de las ERNC para cumplir con la meta de 20% en el 2025. En cuanto a ENAP, la candidata presidencial propone la capitalización de la empresa, la reforma al gobierno corporativo, la revisión del modelo de negocio y cambios en la ley de ENAP. Con el objetivo de transformarla en un actor importante en el acceso y fomento de la exploración de gas en nuestro país.

Salud

El lanzamiento del Plan Nacional de Inversión Pública en Salud aparece como la medida más relevante en esta materia al contemplar un fondo de $4000 millones. Con este presupuesto, la candidata presidencial busca financiar la construcción de 20 hospitales durante los cuatro años de gobierno, además de dejar en proceso otros 20 recintos hospitalarios. A esto se suma programas de mejoramientos de los SAMU. Respecto del sistema actual se Salud, el programa contempla la creación de un grupo de expertos que cree una propuesta de proyecto de Ley de Isapres.

Equidad de género

En uno de los temas que apuntan a la denominada agenda valórica se plantea dentro de este ítem promover políticas para reforzar la autonomía de las mujeres, lo que contempla una ley de derechos sexuales y reproductivos acorde a las realidades y opciones de las personas. Dentro de ello se apunta a acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, disponibilidad efectiva de métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto.

Trabajo

“Equilibrar las fuerzas”. Con ese objetivo la comisión de laboral de la ex presidenta trazó la línea de trabajo de la instancia. En este contexto, el programa de Bachelet apunta a impulsar la negociación colectiva con titularidad sindical; establecer mecanismos de promoción sindical con financiamiento público permanente y fondos concursables; avanzar en la libertad sindical respecto al derecho a reemplazo en caso de huelga; y que la negociación colectiva tenga como base las condiciones de la negociación anterior.

Estas propuestas están en línea con las demandas presentadas por la CUT a la abanderada de La Nueva Mayoría, aunque existe una diferencia: que no están dentro de los ejes prioritarios como solicitaba la multisindical. Entre otras propuestas laborales se encuentra convocar a una comisión tripartita para fijar salario mínimo, que debería llegar a $250 mil a mediados de la administración.

Pensiones

“Existe un importante descontento respecto de la calidad de las pensiones”. A pesar que Bachelet destaca los avances respecto a la Reforma Previsional realizada en 2008, durante su gobierno, también reconoce que las expectativas no están acorde con las pensiones recibidas.

Frente a este panorama, la ex presidenta señaló que dentro de los 100 primeros días encargará un estudio sobre el Sistema de Pensiones a un equipo de expertos nacionales e internacionales, y se confirmó que enviará al Congreso el proyecto de ley que crea una AFP estatal, que permita mayor competencia de precios, y la atención preferente de grupos de la población de menor interés para las AFP. Otras de las medidas previsionales contemplan fortalecer el Pilar Solidario; revisar la gradualidad en la incorporación de los trabajadores independientes al sistema; y mayor fiscalización del pago de cotizaciones previsionales.

Seguridad ciudadana

Se propone enviar un proyecto al Congreso para aumentar en 6.000 el número de carabineros, a razón de 1.500 por año y la Policía de Investigaciones en 1.200.

Además se plantea la construcción de nuevos recintos penitenciarios para disminuir el hacinamiento. Junto a esto, se propone un fortalecimiento a las políticas de prevención, centrado en los jóvenes más vulnerables del país.

Justicia

Se plantea propiciar las condiciones para crear  una regulación legal que permita, sin discriminación, proteger patrimonialmente a los convivientes que no opten por el matrimonio u otra regulación civil en caso de ruptura o muerte. Se critica el AVP propuesto por el actual gobierno y se plantea convocar a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley de matrimonio igualitario. Además se plantea la revisión integral de la legislación penal vigente y la creación de la Subsecretaria de Derechos Humanos.

Inversión pública y concesiones

Se establece como prioridad en materia de inversión la reconstrucción para dar una solución definitiva a las familias afectadas. Respecto a los hospitales, cárceles, edificación pública y obras de riego, se evaluará si la modalidad de concesiones es una forma de inversión que entregue valor. Se plantea también incrementar la capacidad de transferencia de los puertos estatales Valparaíso, lo que implica la construcción de un puerto a gran escala en la zona central. En cuanto a la planificación territorial, se considerará en los planes reguladores e intercomunales, que los usos urbanos sean compatibles con la operación y crecimiento de los aeropuertos. Para Santiago se afirma que se deberá concluir la integración de las autopistas existentes como Américo Vespucio Oriente y por último se crea la agencia de Concesiones que asesorará a los distintos ministerios, servicios y municipalidades.