Macarena Lobos (Ind): “Hay que mantener la iniciativa exclusiva del Ejecutivo”

"Eso garantiza la sostenibilidad y responsabilidad fiscal para los próximos gobiernos", agrega la abogada, exsubsecretaria de Hacienda y ahora postulante a la convención sobre la atribución exclusiva del Presidente de presentar mensajes que incurran en gasto fiscal.




Dignidad, solidaridad, democracia inclusiva, desarrollo sostenible y perspectiva de género. Esos son los cinco ejes que tiene la abogada Macarena Lobos.

Ella es candidata independiente a la convención por el distrito 10 (Santiago, Ñuñoa, Macul, Providencia, San Joaquín y La Granja) y tiene una amplia trayectoria enfocada en el área económica. Ha sido asesora en materias laborales y previsionales en el ministerio del Trabajo y Previsión Social, fue asesora jurídica de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y subsecretaria de Hacienda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Generar una reconexión con la ciudadanía, con mecanismos de participación es un elemento clave”, afirma Lobos.

¿Cuál es su propuesta respecto a la seguridad social, en especial por el actual contexto del país?

Uno de los ejes estructurales de mi propuesta es la democracia inclusiva. Para mí desde allí parte el que transitemos hacia un Estado social de derecho. En el marco de un Estado social de derecho debe garantizarse como un derecho social, económico y cultural el derecho a la seguridad social. En ese marco se permea el tema de las pensiones y la dignidad. Creo que el tema de los retiros del 10%, o antes con la política de que se financiara la suspensión laboral mediante los fondos de las cuentas individuales de cesantía, demostraron la incapacidad de un sistema de seguridad social efectivo. No existe un Estado que, sobre la base de los principios de universalidad, solidaridad y suficiencia, garantice prestaciones mínimas y básicas para hacerse cargo de la contingencia en que uno se ve enfrentado a lo largo de la vida no solo en la vejez, el desempleo, la maternidad, los accidentes laborales, etc.

Usted ha dicho en entrevistas que a la seguridad social habría que sumarle la brecha que tienen las mujeres. Ha hablado de la “solidaridad a las mujeres”, ¿a qué se refiere?

Una de las manifestaciones clave en que se ve una brecha de género enorme es en las pensiones. Las mujeres, obviamente por las labores de cuidado no remunerada, estamos fuera del mercado del trabajo, por el mismo tema de la maternidad. A las brechas de remuneraciones que existen, se suma el sistema de pensiones: las mujeres tenemos una edad menor para jubilar y una mayor expectativa de vida. Por eso, uno de los elementos estructurantes de mi propuesta es que la perspectiva de género permee todas las normativas.

¿Debiera cambiarse el régimen presidencial?

Creo que la lógica de generar una democracia más inclusiva tiene que ver con una redistribución de poder entre el Presidente y el Congreso para atenuar las facultades excesivas que tiene el Presidente de la República y evitar este entrabado, este desafío permanente entre el Ejecutivo y el Parlamento. Básicamente mantendría una figura presidencial atenuada.

¿Mantendría algunas atribuciones actuales del Presidente?

Creo que un tema clave es el tema de la iniciativa exclusiva, es una herramienta sumamente importante que debiera mantenerse porque eso garantiza la sostenibilidad y responsabilidad fiscal para los próximos gobiernos, lo que es muy importante. Creo que hay que mantener la iniciativa exclusiva, pero que hay que buscar mecanismos que permitan atenuarla y que no tengamos esta tensión permanente entre el Ejecutivo y el Parlamento. Hay mociones que ya se han presentado y experiencia comparada para que que los parlamentarios puedan hacer propuestas en materias de iniciativa exclusiva y el Ejecutivo tenga la obligación de pronunciarse sobre ellas. Ahí logras un equilibrio, porque le das una canalización a la demanda del Congreso pero el Ejecutivo no deja de tener el resorte final sobre la posibilidad de definir si patrocina o no la iniciativa. Todo lo que tiene que ver con administración financiera y presupuestaria creo que tiene que seguir en manos del Ejecutivo, pero por ejemplo, en los temas de negociación colectiva es discutible si debiera mantenerse o no.

¿Cuál es su propuesta sobre el derecho al trabajo en la convención?

Debemos dejar de estar solo en la lógica de la libertad de trabajo y tenemos que avanzar hacia la lógica de trabajo decente, que plantea hace bastante tiempo la OIT y que también sea un principio porque en la práctica la regulación completa de esto va a tener que hacerse a través de un mandato legal. Desde el punto de vista de la Constitución, lo que debe garantizar que el trabajo sea un ingreso justo y proporcional al esfuerzo que se realice sin discriminación de ningún tipo y con protección y diálogo sano. Hay que asegurar los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga y la protección de los dirigentes sindicales.

¿Cuál es la postura respecto al desarrollo de las regiones?

Creo que debemos avanzar y garantizar y hacer una descentralización en una triple dimensión: política, administrativa y financiera. En la práctica necesitamos que las regiones, para poder desarrollarse, puedan disponer de recursos para poder cumplir las funciones y atribuciones. Una de las falencias que tenemos ad portas de la elección de los gobernadores es que el traspaso de competencias no es debidamente adecuado.

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