Casi un millón de personas participaron entregando su apoyo a las iniciativas populares de norma que se presentaron para ser analizadas por la Convención Constitucional.

Hubo 77 propuestas que consiguieron sobre las 15.000 firmas necesarias para que sean discutidas por el órgano que elabora una nueva Carta Magna.

Al cerrarse la recepción de patrocinios, la Comisión de Participación Popular dio a conocer una sistematización de las cifras del proceso, con datos sobre el origen de los participantes, su identidad de género, entre otros.

De los 980.332 que aportaron su firma, el 47,8% corresponde mujeres y el 39,9% a hombres. El 2,12% se declaró como no binario y el 10,9% prefirió no entregar esta información.

Además, se constató que 9.236 personas (0,9%) participaron desde el extranjero y el resto, 971.096, desde Chile. En el desglose de patrocinios por regiones destaca la Metropolitana, con 47%, seguida por Valparaíso con 10%, y la región del Biobío, con 8,7%, como las primeras tres mayorías.

Entre los firmantes hay 21.295 menores de edad, por lo que la participación de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el proceso corresponde al 2,22%.

La mayor cantidad de quienes suscribieron (32.915) tiene 31 años, seguido por los 32 años (32.552) y 33 (31.669). El tramo más significativo está entre aquellas y aquellos que tienen 25 a 35 años.

Por otra parte, 53.642 personas se identificaron como pertenecientes a uno de los pueblos originarios, siendo el 4,5% del total de participantes. Los pueblos Mapuche, Aymara y Diaguita son los que tienen mayor participación, con 42.045, 4.125 y 4.103 personas respectivamente.

Por último, 229.139 participantes declararon pertenecer a grupos que la Convención define como “históricamente excluidos”. En concreto: personas mayores (89.410), mujeres y personas cuidadoras de personas con dependencia (33.438), personas de sectores rurales y de difícil acceso (32.951), niños, niñas y adolescentes (24.757), personas de las diversidades sexo-genéricas (23.968), personas en situación de discapacidad (15.514), personas migrantes y personas en condición de refugio y solicitantes de refugio (4.352). A esto se suman cerca de mil personas privadas de libertad y más de 3.000 ciudadanos que habitan asentamientos informales como campamentos y similares.

A contar del 8 de noviembre de 2021 cualquier ciudadano podía presentar su propia propuesta para que fuera discutida en el órgano constituyente. Cada iniciativa debía sumar 15 mil patrocinios de, al menos, cuatro regiones distintas para llegar a ser discutida en la Convención. El 22 de noviembre se habilitó la plataforma web para reunir las rúbricas de apoyo a las propuestas. El Reglamento de Participación Popular establecía que la “Convención contará con una Plataforma Digital de Participación Popular” por un plazo de 60 días para la recolección de firmas, que vencía el 6 de enero de 2022. Ante el retraso en la habilitación de la plataforma digital, un grupo de convencionales UDI, liderados por Constanza Hube, ofició a la mesa de la Convención para solicitar un ajuste en el cronograma. El asunto fue discutido por el Pleno y se aprobó extender el plazo hasta el 20 de enero para la presentación de normas y hasta el 1 de febrero para la recolección de patrocinios.

El 89,3% de las propuestas, correspondientes a 5.457 iniciativas, fueron presentadas por personas de manera individual y el 10,7%, 657 ingresado por organizaciones sociales y entidades privadas.

980.332 personas participaron del proceso con su firma.

Tomás Laibe, vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional y constituyente del Colectivo Socialista por el Distrito 27 de Aysén, destacó que “estas cifras son el reflejo de la diversidad y lo masivo que fue este proceso”.

“Definitivamente es importante pensar en las iniciativas populares de norma como un gran mecanismo de participación y que quizás, a futuro, nos permita trasladarlo a otros lugares de toma de decisiones para el país”, agregó.

Por su parte, Bastián Labbé (Movimientos Sociales Constituyentes), coordinador de la comisión de Participación Popular, destacó ”la participación absolutamente novedosa de los menores de 18 años. Eso evidentemente genera un precedente en términos de participación, en términos de qué grupos se pueden incluir. “Nosotros hemos hablado también de grupos históricamente excluidos, dentro de eso los jóvenes, la niñez. Creemos que evidentemente tienen un lugar importante dentro del desarrollo y la construcción democrática”.

”Las otras cifras se condicen a lo que actualmente existe demográficamente, la distribución de población en Chile. En cifras de carácter más particular, creemos que esta alta participación que se da de las personas entre 25 y 35 años, que generan que el proceso sea mucho más vinculante con la población, son en el fondo lo actores que a nuestro juicio también están tomando mayor relevancia en la política del país. Creemos que es sumamente valioso, porque pasamos por varios años, por lo menos unos 15 ó 20 años, con escasa participación política de las juventudes de Chile. Eso creo que nos dice mucho, hoy día tenemos un Presidente también muy joven y eso es fiel reflejo también de los cambios, las transformaciones que está viviendo nuestro país”.