El año violento del Liceo de Aplicación

14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 FACHADA DEL LICEO DE APLICACION SANTIAGO, CHILE FOTO: LUIS SEVILLA FAJARDO

Las imágenes de bombas molotov, calles cortadas y estudiantes vestidos con overoles blancos interrumpiendo las clases del Liceo de Aplicación se volvieron algo común. Seis alumnos ya fueron expulsados y, con el proyecto de ley anunciado esta semana, ese número podría aumentar.

Las imágenes se difundieron con rapidez en las redes sociales y también en los noticieros: cerca de 30 estudiantes, entre ellos otros cuatro que sobresalen por su vestimenta, con overoles blancos y máscaras, intentan frenar por todos los medios a un puñado de Carabineros que lograron inmovilizar a uno de sus compañeros. Los golpean con tachos de basura y les lanzan lo que tienen a mano: incluso sillas y mesas de las salas de clases. El extracto del viral, que dura exactos 45 segundos y que parece haber sido filmado desde un tercer piso, permite observar también cómo, acaso en el desenlace del enfrentamiento, mientras la masa de estudiantes comienza a alejarse, uno de los jóvenes con overol blanco regresa para lanzar una bomba molotov contra los uniformados.

La violenta escena, que culminó con cinco carabineros lesionados y dos estudiantes (de 16 y 18 años) detenidos, despertó el enojo de las autoridades. La intendenta Karla Rubilar sostuvo que “unos pocos están matando la educación pública”, mientras que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó que el gobierno presentaría las querellas correspondientes: “Nosotros vamos a perseguir en los tribunales de justicia a todos quienes están realizando estas acciones de violencia”.

Incluso, el Presidente Sebastián Piñera reaccionó frente a los incidentes. En su cuenta de Twitter, el Mandatario compartió el video con un potente mensaje: “Esta violencia es indignante e inaceptable ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tiene que morir alguien para que reaccionen? Tal como anuncié, la próxima semana presentaremos un proyecto de ley urgente para expulsar a los violentistas de nuestro sistema escolar y proteger a la comunidad escolar”. El anuncio se materializó en la firma del proyecto de ley “Aula Segura”, el 20 de septiembre.

Pero la batalla, ocurrida el jueves 13, no es sino una más de las tantas que han tenido lugar en el Liceo de Aplicación desde que asumió la rectoría, el 12 de junio, Humberto Garrido, 38 años, exalumno del colegio y con un pasado como director del Liceo Tajamar de Providencia.

El primer golpe llegó a tan solo 10 días de su arribo. Durante el primer recreo del viernes 22 de junio, encapuchados amenazaron a Garrido lanzando panfletos con la leyenda “Has firmado tu sentencia con tus actos. Nuestro puñal apunta a ti”. Desde entonces, los enfrentamientos no han cesado: sin ir más lejos, tres días más tarde, otro grupo de estudiantes encapuchados irrumpió en su oficina, destruyendo un calefactor, la impresora y el computador del rector. Solo en junio, mes de su llegada, Garrido contabilizó cinco “cortacalles”, por lo que comenzó a tomar medidas para desactivar las manifestaciones. Las amenazas, sin embargo, continuaron durante el mes de agosto, tras la desvinculación de unas “tías de la cocina”.

¿Por qué la hostilidad hacia el nuevo rector del establecimiento? Los estudiantes que aceptaron conversar con Reportajes describen a Humberto Garrido como un tipo “autoritario”. No creen en su discurso de que “el Liceo de Aplicación vuelva a ser como antes”, ni tampoco en su modus operandi: en sus primeras dos semanas, el rector, que exigió a los profesores pasar la lista en todos los bloques, detectó a una serie de alumnos que no entraban a clases y que estaban en el lugar de los incidentes como observadores. Respondió abriendo 44 procesos disciplinarios.

No solo eso: el pasado 7 de septiembre, la Municipalidad de Santiago confirmó la expulsión de seis alumnos y la cancelación de matrícula de otros cuatro. Felipe Alessandri, alcalde de la comuna, en aquella oportunidad aseguró que los sancionados fueron sorprendidos en “actos de violencia extrema, cargando bombas molotov, lanzando bombas molotov. Y no podemos normalizar lo que es generar el caos, la destrucción o elementos explosivos”.

Los estudiantes, sin embargo, se defienden.

“No soy capucha”

Karen Carrillo recuerda que fue el pasado 14 de junio cuando recibió la carta que, de golpe, cambiaría los planes y la rutina de sus próximos dos meses. Era del Liceo de Aplicación, mismo recinto que el año pasado albergó el egreso de su hijo mayor, Vicente. Pero ahora el escenario era distinto, una noticia que nunca esperó: el menor, Benjamín, hasta entonces alumno del 8ºB, era expulsado.

-Fue una sorpresa. Mi hijo era desordenado, a veces llegaba atrasado o se quedaba dando vueltas en el mismo colegio…, pero puras tonterías -dice, sentada en la sala de manicure de la peluquería que atiende en la Galería Rampa Las Flores.

El motivo de la sanción era clara: en el grupo de WhatsApp de su curso, Benjamín había hecho una broma de connotación sexual que involucraba a dos de sus profesores. El mensaje llegó hasta un inspector. El joven, que ya estaba condicional por haber repetido el año pasado, asumió el error y se disculpó con los profesores, pero la decisión ya estaba tomada. Pese a la carta que envió Karen para apelar, incluso pidiendo que le permitieran quedarse hasta fin de año, la respuesta del rector siempre fue la misma: en una reunión con todos los profesores y directivos habían decidido de manera irrevocable su expulsión.

Karen, sin embargo, no cree que esa haya sido realmente la razón.

-Le pregunté al rector por qué lo echaban y no sabía bien qué había pasado. Me dio la impresión de que lo estaban vinculando con los capuchas. Cuando el inspector me citaba, me decía que pensaba que el Benja estaba metido en eso. Están metiendo a todos en el mismo saco. Y no. El mío es de octavo y no va al liceo en la mañana, que es cuando hacen las protestas. No le doy permiso -asegura.

Benjamín piensa igual: “Me siento perjudicado. Sé que me he portado mal, pero lo hicieron más de mala leche, por lo que pasó con los cabros de ahora. Yo no soy capucha. Hay gente que se porta peor que yo, que no va al liceo, que hace otras cosas, y no les hacen nada”.

El último miércoles de junio, pasadas las tres de la tarde, Ignacio Ibacache, del 2ºH, recibió una llamada urgente de su mamá. En casa lo esperaba con una carta en la mano. Prácticamente la misma que Benjamín recibió unos cuantos días antes: “Su pupilo ha sido acusado de contravenir las normas de conducta establecidas en nuestro Manual de Convivencia”, rezaba un fragmento. Se notificaban tres ausencias de clases durante el mes, “estando dentro o fuera del establecimiento”, y se lo acusaba por “realizar cualquier acción vandálica”. Al día siguiente, la inspectora lo sacó de la sala para preguntarle si había recibido la notificación. “Tenía una lista de más de 50 cabros”, cuenta el estudiante.

En la carta de apelación que envió su apoderada al rector, explica que dos de las tres veces que se ausentó fue porque ella decidió “no enviarlo a clases”, ya que sabía que esos días había desórdenes. Pero la decisión final no cambió: Ignacio sería expulsado de todas maneras por sus inasistencias. Los motivos ya no incluían “realizar actos vandálicos”.

La misma situación aseguran estar pasando otros estudiantes que fueron expulsados. Cristián Romero, alumno del 3º E, desde séptimo en el liceo, cuenta que lo quisieron vincular con los encapuchados por sus inasistencias y atrasos, pero que “no tenían pruebas suficientes, contundentes, solo anotaciones”. Y asegura que “el procedimiento fue una mentira, la decisión de echarnos ya estaba tomada hace tiempo. Incluso, dos inspectores que me conocían y sabían que no tenía nada que ver intentaron interceder, pero no pudieron”.

Otro alumno sancionado, que prefirió mantener en reserva su identidad, relata el proceso. Primero recibió una carta en la que se le notificaba la apertura de un caso por faltas que había cometido a lo largo del año. Tras apelar, un mes más tarde llegó una segunda carta que informaba su expulsión. Volvió a apelar, pero la respuesta fue idéntica: el rector junto al Consejo de Profesores habían decidido ratificar la expulsión como medida de castigo. Las causas, sin embargo, no lo dejaron conforme: fuga en la octava hora durante el mes de marzo; fuga en la séptima hora durante el mes de abril; atraso durante un ‘cortacalle’ en el mes de julio.

-No tengo historial de detención, no hay evidencias de que yo estuve lanzando bombas molotov y que por eso fuera la expulsión, como dice Alessandri -señala.

Humberto Garrido, rector del Liceo de Aplicación, prefirió no hablar con Reportajes, argumentando encontrarse “en debidos procesos aún”. Pero explicó que “todas estas causas son antiguas” y que “estamos en período de investigación para las nuevas”.

Los estudiantes, por su parte, confiesan sentirse perjudicados: dicen que los echaron “por capuchas”, pero que “los overoles blancos”, los reales “cortacalles” y encapuchados, siguen en el liceo sin sanción alguna.

Violencia emblemática

Las controvertidas apariciones de “los overoles blancos” no se han limitado solo al Liceo de Aplicación. El primer sábado de septiembre, mientras alumnos del Instituto Nacional recuperaban clases, un grupo de estos jóvenes roció con bencina a un profesor, a la inspectora general, una enfermera y al rector del establecimiento. A rostro cubierto, no hicieron demandas. La acción provocó protestas por parte de los profesores y la condena absoluta desde el centro de alumnos, quienes aseguraron no entender la manifestación, ya que “el grupo organizado no presenta ni genera con su manifestación un código que nos comunique su alternativa y el porqué de su actuar”.

Dos semanas después, alumnos del Liceo Barros Borgoño hicieron un “cortacalles” y quemaron basureros. Esta vez no participaron encapuchados, sin embargo, hubo un denominador común: durante el día anterior, Carabineros había ingresado al establecimiento y encontrado elementos para armar bombas incendiarias y vestimentas para pasar inadvertidos: overoles blancos.

La respuesta fue instantánea: el proyecto de ley “Aula Segura” -que el Presidente Sebastián Piñera firmó esta semana- busca facultar a los directores de establecimientos para expulsar o cancelar la matrícula de forma inmediata a los alumnos que cometan actos delictuales, tales como usar, poseer o almacenar armas o artefactos explosivos -como las famosas bombas molotov- y agredir físicamente de manera grave a docentes u otros miembros de la comunidad escolar.

Y si bien las molotov y la violencia no son algo nuevo, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, considera que lo que se ha visto este año en los liceos emblemáticos “no tiene ninguna relación con causas estudiantiles del pasado o legítimas demandas, sino que son acciones graves de violencia”.

El proyecto podría aumentar dramáticamente las cifras de los alumnos expulsados. La comuna de Santiago registra, solo durante el presente año, 16 casos, incluidos los seis estudiantes del Liceo de Aplicación. Pero no son los únicos: los procesos de investigación por participación en hechos violentos o inasistencias durante disturbios afectan a cerca de 200 alumnos, que en los próximos días podrían, en el peor de los casos, ser también expulsados.

¿Y qué pasa con los alumnos expulsados?

-Las últimas semanas fueron muy difíciles. Todos los días iba a la Seremi. Tuve que ir también a la Dirección de Educación Municipal, a la superintendencia. Hablé con todos, hice varias cartas, de todo.

Tras la expulsión de su hijo, Karen Carrillo confiesa que lo pasó mal. No tenía la seguridad de poder encontrar un colegio para que Benjamín pudiera terminar el año. Menos a esta altura, en pleno segundo semestre. Pero finalmente encontró ayuda en la Seremi. “Se portaron un 7 con nosotros”, apunta. Les explicó que su hijo no estaba involucrado en los desmanes y desde el organismo le aseguraron que le conseguirían un buen colegio. La respuesta recién la tuvo el pasado martes 11: había un cupo en el Liceo Betsabé Hormazábal, de San Miguel.

Tras visitar el establecimiento, madre e hijo quedaron conformes, lo describen como un colegio con un ambiente “inclusivo”. Karen, además, señala que “tampoco tenía muchas ganas de que el Benja siguiera en el Aplicación el próximo año. Con mi hijo grande lo pasé pésimo. Pasan en paro y siempre pierden varios meses de clases”.

Hoy, según la Seremi de Educación, de los seis alumnos expulsados, a cuatro se les propuso matricularse en distintos liceos de San Miguel y San Joaquín. La oferta del Liceo Betsabé Hormazábal también llegó a casa de Ignacio Ibacache. En primera instancia, el estudiante de segundo medio optó por continuar sus estudios por su cuenta. Su motivo principal: la distancia. Calculaba que el trayecto desde su casa, ubicada en Pudahuel, hasta el nuevo liceo le tomaría, al menos, una hora y media de ida y de vuelta. Sin embargo, ante las pocas opciones, finalmente aceptó. Los otros estudiantes aún evalúan los recintos.

Desde la Seremi explican que no han podido contactarse con los dos alumnos restantes, por lo que no saben cuál será su destino.

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