
Francia aprueba histórica ley contra el Fast Fashion apuntando a plataformas como Shein y desafía a repensar la industria de la moda
Con 337 votos a favor y uno en contra, el Senado francés dio luz verde a una ambiciosa ley que busca frenar el impacto ambiental de la industria del ultra fast fashion. Entre las principales medidas, la nueva normativa prohibe la publicidad de marcas de moda rápida, introduce ecoimpuestos por prenda e impone sanciones a plataformas y figuras influyentes que promuevan esta industria.

El martes 10 de junio Francia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una ley específica para regular la industria de la moda ultra rápida, también conocida como la ultra fast fashion. El Senado aprobó el proyecto de ley por casi unanimidad, con una mayoría de 337 votos a favor y solo uno en contra, en una decisión que fue celebrada por organizaciones ambientalistas y analizada con atención por la industria textil a nivel global.
El documento, conocido como la “ley anti‑Shein”, apunta directamente al modelo de negocios de plataformas digitales como Shein y Temu, caracterizadas por lanzar miles de nuevos productos al día y promover un consumo acelerado y desechable. Por lo mismo, este modelo no solo impacta en las consecuencias ambientales, sino también en el de mercado. “Este texto tiene dos ambiciones: proteger nuestro medio ambiente y proteger nuestro comercio”, explicó la ministra delegada de Comercio, Véronique Louwagie.
Según el Senado, Francia vende alrededor de 3.300 millones de prendas al año, lo que equivale a 48 prendas por persona. Esto representa un crecimiento significativo del consumo de moda rápida durante la última década, un fenómeno que las autoridades consideran insostenible tanto desde el punto de vista ecológico como económico.
La normativa contempla medidas para frenar el modelo de producción intensiva y hacer responsables a las empresas por su impacto ambiental. Entre ellas destacan el etiquetado que visibiliza el impacto ambiental en cada prenda, la prohibición de publicidad para marcas de fast y ultra fast fashion, y sanciones a influencers que promuevan este tipo de consumo. También se aplicarán tasas progresivas de hasta 10 euros por prenda en 2030, impuestos a paquetes importados desde fuera de la Unión Europea —como los de Temu—, y se incentivará la reparación y reutilización de ropa, promoviendo así la economía circular.
Shein bajo la lupa
Aunque la ley no menciona marcas específicas, en el Senado reconocieron que Shein es uno de los principales objetivos de la normativa francesa. Solo en la sección femenina de su sitio web, la plataforma lanza más de 290 nuevas referencias al día, frente a los miles de productos nuevos que puede llegar a ofrecer en total, según investigaciones de la AFP presentadas en el medio de comunicación francés Le Monde.
Shein, por su parte, ha respondido asegurando que “la moda es un derecho, no un privilegio”. La empresa también ha intensificado su campañas de comunicación para defender su modelo, de acuerdo con informaciones del medio francés Brut.
Cuestionamientos y desafíos
Si bien la ley ha sido ampliamente respaldada por el Senado y sectores ambientalistas, también ha generado algunas preguntas de su efectividad. Según Le Monde, aún existen dudas sobre si estas medidas se ajustan a la Constitución o no. Además, algunas organizaciones advierten que el documento podría beneficiar indirectamente a marcas europeas como Zara, Kiabi o Décathlon, que quedarían fuera de algunas restricciones más duras impuestas a las plataformas extranjeras pero manteniendo el margen de la normativa.
Si bien la votación demostró un resultado evidente, el debate por la moda rápida que trasciende en cada país refleja también una tensión entre los modelos económicos y la urgencia de enfrentar la crisis climática: producir más, más barato y más rápido ha llegado a la consecuencia de una industria con una “moda de baja durabilidad con alta huella ambiental”, tal como lo han explicado en el Senado.
La ley deberá ahora ser debatida por una comisión mixta con la Asamblea Nacional en los próximos meses y, eventualmente, ser notificada a la Comisión Europea. La ministra de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, anticipó que esta ley “podría sentar las bases para una futura regulación a nivel europeo”.
Además, según explican los medios franceses, organizaciones sociales, específicamente ambientales, han pedido que la ley vuelva a su versión original, aún más estricta, y se convierta en directiva europea para ampliar su alcance.
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