Una campaña que reúne a organizaciones ambientales, sociedades científicas, profesionales de la salud, académicos y comunidades está exigiendo al Ministerio del Medio Ambiente (MMA) reingresar a Contraloría dos normas ambientales que fueron retiradas hace cinco meses y que todavía no vuelven a ser tramitadas.

La solicitud fue presentada en una carta que se entregó este martes a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, impulsada, entre otras organizaciones, por el Colegio Médico de Chile, Chile Sustentable, ONG Uno Punto Cinco, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Greenpeace, la campaña Salvemos la Patagonia y ONG FIMA.

La principal preocupación es que se trata de regulaciones con efectos que van más allá de la protección ambiental. Una corresponde a la actualización de la norma de calidad del aire para material particulado fino MP2,5, mientras que la otra regula las emisiones de las centrales termoeléctricas a carbón. Ambas, sostienen las organizaciones, son además instrumentos de prevención sanitaria.

La presidenta nacional del Colegio Médico de Chile, Dra. Anamaría Arriagada, advierte que “estas normas son medidas sencillas, para todos los chilenos, que buscan prevenir enfermedades y proteger la vida de las personas”. Además explicó que “existe amplia evidencia científica que demuestra que la exposición al material particulado fino MP2,5 y a las emisiones provenientes de centrales termoeléctricas se asocia a un mayor riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y mortalidad prematura”.

A ello se suman efectos sobre enfermedades metabólicas y neurodegenerativas. Por eso, plantea que “no estamos hablando solo de contaminación ambiental, sino de uno de los principales determinantes ambientales de la salud, cuya exposición no depende de las decisiones individuales de las personas, sino de políticas públicas que garanticen un entorno saludable”.

Cinco meses de retraso

Una de las preocupaciones de la campaña es el tiempo que estas normas llevan fuera de Contraloría, considerando además que, según las organizaciones, ya acumulaban retrasos en sus procesos de actualización.

En el caso de la norma de MP2,5, el director ejecutivo de ONG Uno Punto Cinco, Benjamín Carvajal, señala que “seguimos respirando bajo un estándar que fue fijado en 2011”. Según explica, “la norma vigente permite hasta cuatro veces más contaminación por material particulado de lo que la OMS considera aceptable, y dos de cada tres chilenos están expuestos a niveles que superan ese límite”.

El propio análisis técnico del Ministerio del Medio Ambiente estimó que la nueva regulación tendría importantes beneficios sanitarios. De acuerdo con los antecedentes considerados durante su tramitación, su implementación permitiría evitar 14.660 muertes prematuras por causas cardiopulmonares entre 2026 y 2035, además de reducir hospitalizaciones y atenciones de urgencia asociadas, entre otras causas, al asma.

En ese sentido, para Carvajal, la demora tiene consecuencias concretas. “El propio Ministerio del Medio Ambiente estimó que la norma retirada permitiría evitar cerca de 1.500 muertes prematuras al año. Si estos decretos no se publican este año, su entrada en vigencia se posterga otros 12 meses, lo que significa enfrentar un invierno más con un estándar de hace 15 años”, afirma.

También puso como ejemplo las diferencias que generaría la actualización en la forma de enfrentar los episodios de contaminación. “Entre mayo y junio de este año, con la norma vigente, solo dos días fueron clasificados como preemergencia, mientras que con el nuevo decreto habrían sido seis, el triple”.

Y advirtió: “Cada día que retrasamos estas normas significa mantener estándares que no responden a la realidad de la contaminación que estamos respirando. Eso tiene consecuencias concretas para la salud, especialmente de niños, personas mayores y quienes tienen enfermedades respiratorias y cardiovasculares”.

Costos sanitarios y económicos

Desde el Colegio Médico indican que la postergación de las normas implicaría mantener la exposición de la población a contaminantes cuyos efectos ya han sido ampliamente estudiados. “Cada año que se retrasa la implementación de estas normas significa mantener a la población expuesta a contaminantes cuyo impacto sobre la salud ya está demostrado. Esto se traduce en más enfermedades respiratorias y cardiovasculares, un mayor riesgo de cáncer, más hospitalizaciones y más muertes prematuras, afectando especialmente a niños y niñas, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas”, advierte Arriagada.

La presidenta del Colegio Médico también destaca que la urgencia está respaldada por los análisis técnicos realizados durante la tramitación. En el caso de la regulación para centrales termoeléctricas, señala que el endurecimiento de los límites de emisión permitiría reducir muertes prematuras y hospitalizaciones, generando beneficios sociales estimados en US$91 millones entre 2025 y 2040.

Respecto de la norma de MP2,5, agrega que “la actualización permitiría beneficios sociales valorizados en US$8.873 millones entre 2026 y 2035, derivados principalmente de la disminución de la morbilidad y la mortalidad asociadas a la contaminación del aire”.

El llamado al Ministerio del Medio Ambiente

La campaña busca ahora que el MMA reingrese los textos a Contraloría para retomar su tramitación. Las organizaciones aseguran que no están solicitando iniciar un nuevo proceso regulatorio. “No estamos pidiendo una norma nueva ni más exigente. Estamos pidiendo que se publique la norma que ya existe, que ya pasó por consulta ciudadana, consulta de expertos, análisis económico y que fue aprobada por el Consejo de Ministros”, dijo Carvajal.

El punto es relevante, advirtió, porque modificar el contenido podría extender aún más los plazos. “Si el Ministerio reingresa el mismo texto, la Contraloría puede continuar con su revisión. Si se cambia el contenido, en cambio, la ley obliga a reiniciar el proceso, lo que podría significar meses o incluso años de espera”, sostiene. De ese modo, la expectativa de las organizaciones es que la autoridad ambiental acelere el reingreso de ambas regulaciones.

“No podemos seguir respirando el aire de hace 15 años. Por eso esperamos que el Ministerio reingrese las normas lo antes posible, para que puedan entrar en vigencia el 1 de enero. Aquí no se necesita una ley nueva ni un estudio nuevo, sino una decisión administrativa de la ministra del Medio Ambiente”, terminó diciendo el director ejecutivo de ONG Uno Punto Cinco.