Según una encuesta realizada en 2024 por la firma Miller & Chevalier Chartered de Estados Unidos, Chile es el país de la región -junto con Uruguay- que más ha avanzado en términos de anticorrupción. Y hay cifras nacionales que respaldan el avance de nuestro país. El Barómetro de la Confianza en la Empresa (BCE) 2024, elaborado por la Sociedad de Fomento Farbil (Sofofa) y Cadem, demuestra que la confianza en las empresas alcanzó los 54 puntos, ubicándose en una zona neutral y marcando el nivel más alto desde antes del estallido social, cuando en 2018 llegaba a 57 puntos. Además, las grandes empresas registraron un alza de ocho puntos, llegando a 43, mientras que las pequeñas y medianas empresas lideran la confianza ciudadana con 59 puntos. Desde Sofofa atribuyen esta mejora a que “se ha reconocido en la estabilidad que representan las empresas un valor que genera confianza”.

No obstante el avance, la crisis de confianza en nuestro país sigue impactando tanto al sector público como al privado. Diversos estudios de opinión pública han establecido la existencia de esta problemática, dando cuenta de un tejido social debilitado en términos de confianza en las instituciones. Las encuestas CEP (Centro de Estudios Públicos) y Bicentenario, así como una serie de estudios de mayor periodicidad y otros más ocasionales, como el que desde 2021 realiza la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), alimentan la teoría de que vivimos una extensa y profunda crisis de confianza.

Y en un contexto de alta exigencia ciudadana y acceso masivo a la información, expertos coinciden en que avanzar en transparencia ya no es solo un imperativo ético, sino también una condición para la sostenibilidad y competitividad de las empresas.

Diversos análisis de reputación corporativa dan a entender que durante años el sector privado chileno operó bajo estrategias comunicacionales con escasa apertura hacia impactos de transparencia, ambientales y comunitarios. Pero en los últimos años el panorama ha cambiado. Según especialistas, las personas hoy exigen mayores estándares de ética, coherencia y transparencia, en un contexto marcado por la desconfianza institucional, el acceso permanente a información a través de celulares y el rol activo de las redes sociales.

Para María Jaraquemada, abogada experta y miembro del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, “la crisis de confianza que hay en nuestro país afecta a diversas instituciones, entre ellas, el sector empresarial”. Aunque no hay una causa única, destaca que el barómetro identifica como factores principales los casos de abuso o maltrato. “Por eso, las soluciones están asociadas a mayor honestidad, probidad y transparencia”, afirma.

Jaraquemada reconoce avances en el ámbito del compliance, donde “la integridad y la transparencia corporativa han sido consideradas como un medio para alcanzar mejores estándares”. No obstante, advierte que aún hay una brecha considerable, especialmente entre empresas medianas y pequeñas que “no siempre cuentan con los recursos o capacidades para avanzar en estas materias”.

Desde la academia, Pablo Halpern, director del Centro de Reputación Corporativa de ESE Business School de la Universidad de los Andes, coincide en que las empresas han mostrado progresos importantes. “Sectores como la minería han entendido bien hacia dónde deben ir. En materia de sustentabilidad, hay mayor coherencia entre las expectativas de las comunidades y las acciones empresariales”, explica. Y agrega: “En Chile se están haciendo las cosas cada vez mejor. La tasa de escándalos empresariales ha disminuido de forma consistente, pese al aumento del escrutinio público”.

La minería, históricamente cuestionada por su impacto ambiental y social, se presenta como un ejemplo de esta transición. Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, señala que “hoy la construcción de legitimidad social exige mucho más. Las certificaciones y estándares, tanto nacionales como internacionales, son el punto de partida”. En ese sentido, enfatiza que la gestión actual debe integrar “cumplimiento normativo, evidencia técnica y diálogo permanente con comunidades y autoridades para generar confianza”.

Entre las buenas prácticas, Schaeffer destaca los monitoreos participativos, canales permanentes de vinculación comunitaria, colaboración público-privada y tecnologías que permiten una gestión más eficiente de los recursos. “Nuestra convicción es que la transparencia y la honestidad son la base para construir relaciones de largo plazo con las comunidades vecinas”, asegura.

Sin embargo, la transparencia empresarial enfrenta nuevas tensiones. Halpern advierte sobre el fenómeno del greenhushing, donde algunas empresas optan por no comunicar sus avances sostenibles por temor a ser cuestionadas. “Eso también es problemático, porque deja un vacío informativo que alimenta la desconfianza. Si las empresas no reportan con datos verificables, las comunidades llenan ese vacío con especulación o desinformación. La transparencia no es opcional, es la única vía para construir legitimidad sostenible”, sentencia.

Para Jaraquemada, el momento actual hace ineludible avanzar en esta dirección. “Las personas hoy quieren saber quién soy, qué hago, cómo lo hago y con quién”, afirma. Y agrega que en otros países, las mayores exigencias de transparencia “no han significado una pérdida de competitividad. Nadie espera que se publiquen secretos industriales, pero hay mucha información relevante que interesa no solo a consumidores, sino a la ciudadanía en general”.

La experta cierra con un llamado claro: “La transparencia debe ir acompañada de una integridad genuina. Se trata de una condición básica para construir empresas sostenibles y legítimas. Frente a conductas irregulares, es clave que el sector privado actúe con contundencia y no mire hacia el lado”.