Un tribunal federal de apelaciones bloqueó temporalmente este jueves la orden legal que pedía que Florida y la administración del presidente estadounidense Donald Trump cerrasen el centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, permitiendo que permanezca abierto.

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos concedió las solicitudes del Estado de Florida y del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para suspender la orden judicial preliminar de un tribunal de distrito que había obligado al sitio, conocido en español como el “Alcatraz de los Caimanes”, a concluir sus operaciones en 60 días.

Esta última fue emitida el pasado 21 de agosto por la jueza federal Kathleen Williams -designada por el ex presidente Barack Obama- y ordenaba la detención inmediata de la expansión de sus instalaciones, impedir el ingreso de nuevas personas y retirar parte de su infraestructura en un plazo de dos meses.

El fallo preliminar tomado por Williams respondía así una demanda presentada por grupos ambientalistas e indígenas ante las posibles implicaciones medioambientales de esta construcción, convertida en símbolo de las políticas migratorias de Trump.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés) había comenzado a trasladar a los detenidos fuera del sitio de Everglades a fines del mes pasado en cumplimiento de esa orden judicial. Sin embargo, el tribunal de apelaciones concluyó que los funcionarios estatales y federales pueden demostrar que la instalación no estaba sujeta a la Ley Nacional de Política Ambiental.

“Después de una cuidadosa consideración, concedemos las mociones de los acusados ​​y suspendemos la medida cautelar y el caso subyacente en sí en espera de la apelación”, dictaminó el panel dividido de tres jueces en opinión mayoritaria. Dos jueces designados por Trump redactaron el fallo, mientras un juez designado por Obama disintió del mismo, como consignó en su sitio BBC Internacional.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el fallo ante la apelación fue una “victoria para el pueblo estadounidense, el estado de derecho y el sentido común”. “Esta demanda nunca tuvo como tema los impactos ambientales de convertir un aeropuerto desarrollado en un centro de detención”, escribió el departamento en la red social X.

“Se ha tratado y siempre se tratará de activistas y jueces a favor de fronteras abiertas que intentan impedir que las fuerzas del orden expulsen a delincuentes extranjeros peligrosos de nuestras comunidades, punto final”, culminó su posteo.

Por su parte, como también revela BBC, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, también celebró la decisión afirmando que “un juez de izquierda dictaminó de manera inverosímil que, de alguna manera, a Florida no se le permitió usar nuestra propiedad en esta importante misión porque no realizaron una declaración de impacto ambiental”.

Por el lado contrario, Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades (parte de la demanda ambiental), dijo a CNN que “el caso está lejos de terminar”. “De hecho, apenas está empezando, y estamos comprometidos a seguir luchando. Esperamos que la apelación de la medida cautelar se confirme cuando se revise su fundamento”.

A ella se suma Elise Bennett, la abogada principal del Centro para la Diversidad Biológica, otra demandante en el caso, que describió el fallo como un “golpe desgarrador para los Everglades de Estados Unidos y todas las criaturas vivientes que allí habitan”.

“Sé que muchos se preguntan por qué las administraciones de Trump y DeSantis insisten en invertir millones de dólares de los contribuyentes en este sucio y destructivo centro de detención en el corazón de los Everglades”, declaró también a CNN, para concluir afirmando que: “Nuestro sistema legal puede y debe detener este despilfarro increíblemente dañino”