SEÑOR DIRECTOR:

Mientras la comunidad internacional avanza decididamente hacia el reconocimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino —como lo demostraron las recientes votaciones en la Asamblea General de la ONU, que con abrumadora mayoría reafirmaron el estatus de los refugiados, así como la labor humanitaria de UNRWA y condenaron la ilegalidad de los asentamientos—, el gobierno de ocupación israelí parece decidido a retroceder hacia los capítulos más oscuros de la historia. Vivimos hoy una profunda paradoja moral: el mundo intenta rescatar la legalidad y la humanidad, junto al Consejo de Paz para Gaza promovido por el Presidente Trump, mientras la Knéset normaliza la crueldad mediante un proyecto de ley para imponer la pena de muerte a detenidos políticos palestinos.

Resulta estremecedor ver al ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y a los miembros de su partido, exhibiendo con orgullo un pin con una soga de horca en el parlamento israelí, banalizando la vida humana al sugerir que la horca no era más que “una de las opciones”, antes de enumerar -con una frialdad inhumana- alternativas como la silla eléctrica e incluso la “eutanasia”, tratando la vida humana como si se tratara de un trámite administrativo carente de responsabilidad moral.

Sin embargo, frente a estas atrocidades, surge un obstáculo ético insalvable: la Asociación Médica Israelí (AMI) ha rechazado cualquier participación de médicos en estas ejecuciones.

Mientras se intentan abrir caminos diplomáticos, Israel legisla la aniquilación. Tras 77 años de Nakba y 56 de ocupación y dos años de genocidio contra Gaza, exhibir símbolos de ejecución no es justicia, es la glorificación de la venganza institucionalizada. Al promover la muerte exclusivamente contra detenidos políticos palestinos, se consolida un apartheid judicial.

Vera Baboun

Embajadora del Estado de Palestina en Chile