SEÑOR DIRECTOR:

Pocas cosas resultan tan contrarias al espíritu de la reforma procesal penal como ver a fiscales llegando a tribunales con maletas llenas de documentos, como si la cantidad de archivadores tuviera alguna relación con el resultado del juicio oral. El reciente veredicto absolutorio del caso SQM restablece cierta lógica y principios que la práctica había deteriorado, constituyendo una dura crítica al Ministerio Público y, al mismo tiempo, un llamado de atención al sistema procesal penal en su conjunto.

La absolución puede explicarse por dos grandes razones. Primero, porque la Fiscalía, por “tanto investigar”, terminó vulnerando el derecho de los “investigados” a ser juzgados dentro de un plazo razonable. Segundo, porque la calidad de los medios probatorios ofrecidos no logró convencer al tribunal de la existencia de delito alguno.

Más de diez años de investigación y un juicio oral que se extendió por más de dos años consecutivos terminaron siendo, paradójicamente, la principal causa de la absolución. A ello se sumó la presentación excesiva de pruebas de baja calidad, tales como, testigos de oídas que paradójicamente repetían lo escuchado de otros testigos de oídas, e incluso testigos de “leídas” que declaraban sobre algo que simplemente habían leído.

Este caso debería marcar un punto de inflexión, porque lo cierto es que la justicia no necesita juicios interminables para alcanzar la verdad. Experiencias como la del exgeneral Fuente-Alba, absuelto tras más de un año de juicio oral, o el denominado “Pacogate”, aún inconcluso luego de tres años de juicio oral, deberían servir de advertencia.

Nelson Salas Stevens

Abogado penalista