SEÑOR DIRECTOR:

Durante años, el comercio ilegal fue visto como una expresión de informalidad económica asociada a la subsistencia. Sin embargo, hoy constituye una amenaza mucho más compleja, vinculada al financiamiento y expansión del crimen organizado.

El reciente informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello muestra que los casos policiales asociados al comercio ilegal aumentaron un 15% entre 2020 y 2025. El crecimiento se concentra en regiones estratégicas como Antofagasta, Atacama y Valparaíso. Destacan los incrementos de 345% en Antofagasta y 294% en Atacama, reflejando la expansión de estas economías ilícitas en territorios clave para la actividad logística y comercial.

Además, existe una fuerte concentración urbana. Las diez comunas con más casos el 2025 concentran cerca del 60% del total nacional. Valparaíso aumentó 732% durante dicho período, mientras Estación Central creció 134% y Coquimbo 102%. Esto demuestra que el fenómeno ya no se limita a espacios aislados, sino que se instala en zonas de alta actividad económica y circulación de personas.

La relación con el crimen organizado existe. La venta de productos falsificados o de contrabando genera importantes ganancias, facilita el lavado de activos y fortalece redes de distribución ilícitas. Pero también permite ejercer control territorial mediante extorsiones, asignación de espacios de venta e intimidación. Casos como el barrio Meiggs muestran cómo estas estructuras criminales desafían la autoridad del Estado y buscan reemplazar funciones que corresponden exclusivamente a las instituciones públicas.

El estudio identifica, además, una correlación de 78% entre comercio ilegal y tráfico de sustancias, evidenciando que ambas actividades forman parte de ecosistemas criminales cada vez más integrados. No se trata de fenómenos aislados, sino de mercados ilícitos que se fortalecen mutuamente y aprovechan las mismas vulnerabilidades territoriales e institucionales.

Por ello, enfrentar este fenómeno requiere más que fiscalización. Se necesita una Política Nacional contra el Comercio Ilícito integrada a una estrategia robusta contra el crimen organizado, fortaleciendo la inteligencia criminal, la persecución patrimonial, la recuperación de los espacios públicos y la coordinación entre el Estado, los municipios y el sector privado. De lo contrario, el comercio ilegal seguirá siendo una puerta de entrada para la consolidación de organizaciones criminales y una amenaza creciente para la seguridad de los chilenos.

Pablo Urquízar

Académico de la Facultad de Derecho y coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB