SEÑOR DIRECTOR:

Como migrante venezolana en Chile, al igual que miles que huimos de un gobierno populista que derivó en una narcodictadura, valoro el derecho al voto. Sin embargo, las recientes propuestas del gobierno chileno buscan restringir el voto extranjero, impulsadas más por cálculos electorales que por un deber con la democracia. Estas actitudes debilitan el sistema político y electoral en lugar de fortalecerlo.

La buena noticia es que quienes no tenemos democracia en nuestros países no necesitamos multa para votar; nuestro incentivo nace del compromiso con el país que nos ha recibido y del deseo de que nuestras voces contribuyan a construir un futuro común en un Chile profundo que vive ajeno a las condiciones del Parlamento.

Según el padrón provisorio del Servel, más de 886 mil extranjeros están habilitados para votar; de ellos, 237.889 son venezolanos, equivalentes al 1,5% del padrón electoral global. El Estado debe impulsar reformas sostenibles que robustezcan la democracia, no justificarse en comparaciones internacionales. Es vital reconocer a los residentes extranjeros como miembros activos de la sociedad, con derechos y deberes.

La vida del migrante forzado tiene dos fechas de nacimiento: cuando llegamos al mundo y cuando arribamos al nuevo país. Eso se llama arraigo. Excluir a casi un millón de personas de esta decisión erosiona la inclusión y representatividad, marginándolos de la gran conversación nacional, aunque sus vidas transcurran de Arica a Magallanes. Sabemos lo que significa perder la voz.

Votar es un acto de pertenencia y responsabilidad con la vida y las generaciones futuras.

Guarequena Gutiérrez Silva

Académica Universidad del Alba