SEÑOR DIRECTOR:

Después de más de una década de experimentos, parece que Chile finalmente encontró cómo hacer que la gente vuelva a votar. El Congreso aprobó el lunes pasado una ley que, entre otras cosas, multa con entre 0,5 y 1,5 UTM a los chilenos que no participen en las elecciones de noviembre. Con esto se cierra un ciclo que se inició en 2012, cuando la participación electoral comenzó a desmoronarse.

El académico José Ramón Montero lo deja claro en su libro “Aprendiendo a ser abstencionistas”: la reforma del 2012 transformó a Chile en un experimento fallido. Los números hablan solos: de un 89% de participación en 1988 se cayó a un 46% en 2017. Surgieron generaciones enteras que nunca aprendieron a ir a votar. La abstención golpeó más duro a quienes menos tienen. Las personas con menos estudios y menos recursos fueron las que más se alejaron de las urnas. La desigualdad social se profundizó paradojalmente en lo político.

Los procesos constitucionales, si alguna lección nos dejaron, fue que dieron la prueba definitiva que el voto obligatorio funciona en Chile. En el plebiscito de salida del año 2022, con voto obligatorio y multa, participó el 86% del padrón electoral —30 puntos más que en la presidencial de 2021.

El Congreso -pese a la oposición de un sector del oficialismo- reestableció el voto obligatorio y ahora le agregó “dientes” con multas concretas. La conclusión es clara: cuando el sistema dice “esto es un deber y tiene consecuencias si no lo cumples”, la gente responde.

Parece que después de tanto ensayo y error, encontramos la receta a la participación electoral.

Rodrigo Arellano

Vicedecano Fac. de Gobierno UDD