SEÑOR DIRECTOR:

La ciudadanía ha sido clara: las encuestas señalan como principales problemas la delincuencia, la corrupción y la economía. Según el ICSO-UDP, un 80% percibe altos niveles de corrupción, realidad agravada por la penetración de organizaciones criminales en las instituciones, un daño muy difícil de revertir.

Los candidatos presidenciales deben asumir estas preocupaciones con seriedad, ofreciendo respuestas concretas y técnicamente fundadas. Lo habitual es recurrir a frases rimbombantes y promesas poco realistas. Una vez en el poder, la ciudadanía queda sin herramientas efectivas para exigir cuentas.

Para enfrentar este desafío, once instituciones de la sociedad civil —Chile Transparente, Centro de Estudios del Desarrollo, Espacio Público, Friedrich-Ebert, Fundación Generación Empresarial, Fundación Jaime Guzmán, Horizontal, Horizonte Ciudadano, Instituto de Estudios de la Sociedad, Instituto Libertad y Rumbo Colectivo— trabajaron en una propuesta transversal con reformas clave en integridad y transparencia. Liderada por Chile Transparente, dio origen al documento “Un pacto de integridad para Chile”, con 30 medidas.

El objetivo fue que las candidaturas analizaran estas propuestas con sus equipos programáticos. Para ello se convocó a un acto público el 3 de octubre. La sorpresa —y decepción— fue que solo asistieron representantes de Jeanette Jara, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls.

Es grave que quienes aspiran a gobernar no comprendan que hay temas que no pueden ignorarse. La lucha contra la corrupción exige compromiso real, voluntad política y una agenda prioritaria. La indiferencia frente a esta causa es preocupante.

José Antonio Gómez

Exministro de Justicia y Defensa