SEÑOR DIRECTOR:

El sistema de licencias médicas en Chile combina fallas estructurales y deficiencias operativas. El marco de incentivos asegura la renta imponible completa del trabajador, mientras el control se encuentra fragmentado y débilmente supervisado. La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) no ha asumido un rol rector, y tanto la Compin, como Isapres y Fonasa operan bajo criterios distintos.

El resultado: sobreutilización, abusos y fraude. En una década, el número de licencias aprobadas creció 1,9 veces y los días pagados 2,1 veces, llegando a 16 días por cotizante al año, e incluso 25 en algunos sectores.

El desorden quedó en evidencia tras un informe de Contraloría, que detectó a cerca de 25.000 empleados públicos utilizando licencias médicas para viajar al extranjero mientras mantenían su salario íntegro.

Forzada por esta situación, la Suseso emitió una circular para que la Compin e Isapres sancionaran a quienes aparecían identificados en el informe. Sin embargo, la Compin alegó que esa información no era suficiente y exigieron certificados adicionales de la PDI, requisito absurdo e impracticable que bloquea la aplicación de sanciones y protege a infractores.

En lugar de corregir irregularidades, estas instituciones perpetúan un esquema que normaliza el fraude y erosiona la confianza ciudadana. El problema excede la detección de los viajan con licencia: apunta a un sistema mal diseñado, con organismos que actúan bajo criterios contradictorios.

Mientras no exista coordinación y responsabilidades claras, los abusos persistirán. Y un instrumento concebido como protección laboral y social seguirá siendo un beneficio distorsionado, financiado con recursos de todos.

Héctor Sánchez Rodríguez

Director ejecutivo Instituto de Salud Pública UNAB