SEÑOR DIRECTOR:

La tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional ha estado marcada por la improvisación del Ejecutivo y un debate parlamentario tan acelerado que es incompatible con la trascendencia de las materias que se abordan. Esto se vio incluso agravado con el ingreso a última hora de indicaciones sustantivas desde el gobierno, dando apenas unas horas para que la Comisión de Medio Ambiente del Senado las revisara, impidiendo así el análisis técnico, jurídico y democrático de normas que tendrán efectos permanentes sobre el patrimonio y la institucionalidad ambiental del país.

El resultado fue una votación bajo presión sobre materias tan sensibles como facilitar la relocalización de concesiones salmoneras en áreas protegidas sin planes de manejo, modificaciones a la institucionalidad ambiental y la incorporación de una “indemnización” para empresas cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada por la justicia. Estas medidas debilitan los mecanismos de control, favorecen intereses privados por sobre el interés público y podrían terminar trasladando a toda la ciudadanía los costos de decisiones ambientales deficientes.

Chile necesita reglas que entreguen certezas para el desarrollo, pero también garantías para las comunidades, los ecosistemas y el crecimiento sostenible. Nada de eso se construye con reformas apresuradas ni reduciendo los espacios de deliberación. El proyecto aún debe seguir su tramitación en el Senado, por lo que todavía existe la oportunidad de corregir estas disposiciones y asegurar una legislación basada en evidencia, participación y protección efectiva del patrimonio natural de todos los chilenos.

Roxana Núñez

Abogada de Greenpeace